"La persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tienen precedentes desde el establecimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo XX".

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este miércoles el V Informe del Estado de la Justicia, que en uno de sus tres mensajes principales advierte que el Poder Judicial está enfrentando un "peligroso ataque político que erosiona la calidad de la democracia", provenientes del discurso del Poder Ejecutivo, el crimen organizado e incluso la sociedad civil.

La encargada del informe, Evelyn Villareal Fernández, explicó:

Estamos lanzando este informe en un momento en donde el Poder Judicial está bajo ataque. Es un ataque desde múltiples frentes y es un ataque, además, que ya está quedando registrado en indicadores de democracia y de Estado de Derecho que se están deteriorando rápidamente".

El informe advierte que "las arremetidas contra la labor de uno de los poderes de la República han sido tanto discursivas como materiales y, en cualquiera de estas modalidades, han traspasado los límites de la crítica ciudadana constructiva".

Según indicaron desde el PEN, en los últimos tres años se ha dado una ofensiva deliberada desde el gobierno de Rodrigo Chaves Robles contra la institución, sus órganos y algunas figuras referentes, a quienes acusa de ser sus adversarios en alianza con otros poderes ajenos a la narrativa de la administración actual.

Según el informe el Poder Ejecutivo ataca al Poder Judicial al emplear su “poder del megáfono”, como se le llama en la teoría a la capacidad que tienen los actores de poder político para difundir narrativas sobre la situación del país, caracterizar a sus adversarios y definir el estado de la gestión gubernamental en términos propagandísticos. El informe añade:

El presidente Chaves ha hecho del megáfono su principal arma política, utilizada estratégicamente para antagonizar a sus adversarios y opositores".

Desde el PEN explicaron que este tipo de confrontación ha sido analizada en la literatura académica para constituir un patrón observado en varias naciones que han presentado regresiones democráticas importantes (como Venezuela, Nicaragua, México, Guatemala y El Salvador), y señalaron que "uno de los primeros objetivos de líderes autocráticos es el control del Poder Judicial y para ello desarrollan estrategias de ataque a la legitimidad e independencia de las cortes, en contra de quienes laboran en el Poder Judicial y en otras instituciones del sistema de justicia y controles del Estado, de tal forma que cuando intenten debilitarlos la legitimidad esté muy baja y la población no crea necesario defender estas instituciones”.

Adicionalmente, se identificó que "la agresividad del Poder Ejecutivo ha aumentado cuando el Judicial interviene en asuntos relacionados con el presidente de la República o sus iniciativas", y añade que los ataques discursivos han sido complementados con manifestaciones públicas contra el Poder Judicial:

  • En febrero del 2023, se organizó una protesta ante la Sala Constitucional después de que esta anulara la “medida cautelar” del Consejo de Gobierno mediante la cual se destituyó a quienes conformaban la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.
  • En marzo del 2025, el presidente de la República y otras personas ministras y diputadas oficialistas lideraron una marcha para exigir la renuncia del Fiscal General.

A estas protestas, el informe añade que la mayoría de la población, según los datos del Latinbarómetro, durante la mayor parte del periodo entre 2004 y 2023, la mayoría de la población señala no confiar en el Poder Judicial, y aunque las proporciones exactas entre quienes confián y no confían en el Poder Judicial han oscilado a lo largo del tiempo "la tendencia a largo plazo es clara".

El informe advierte que cuando las mayorías cuestionan la legitimidad del Poder Judicial, o tienen actitudes contradictorias, "esas instituciones pierden una de sus defensas más importantes frente a los intentos por anular su independencia y convertirlo en herramienta al servicio de ciertos actores políticos, en vez de un juez imparcial y confiable de los conflictos sociales y políticos".

Adicionalmente, entre el 2022 y 2025 se registraron atentados físicos de grupos criminales contra instalaciones judiciales y contra personas funcionarias, incluyendo el asesinato del subjefe regional del Organismo de Investigación Judicial en Guápiles, los ataques con armas pesadas contra las oficinas de Batán y Pococí, el asesinato de un hombre en Limón frente al edificio de los tribunales cuando iba a presentarse como testigo, y ataques con armas a vehículos de un fiscal en Jacó y de una jueza en Aserrí.

El informe señala que "la persistencia, intensidad y variedad de estos ataques no tienen precedentes desde el establecimiento de la democracia liberal en la segunda mitad del siglo XX", Villareal añadió:

Esto ya está siendo registrado en los principales indicadores de democracia, que todos todavía digamos que estamos en los lugares más altos de América Latina, pero lo que uno ve en los últimos años, del 2022 hacia acá, es que todos los índices se empiezan a deteriorar lentamente, pero que cambian su tendencia, cambian de una tendencia histórica, tradicionalmente alta y estable, ahora a un nivel de deterioro".

Según el informe "la disminución de las calificaciones de Costa Rica en las evaluaciones internacionales sobre el Estado de derecho y la democracia refleja los ataques contra el Poder Judicial, y el conflicto de poderes resultante, lo cual ha sido claramente registrado por la comunidad internacional. El país se suma así a decenas de otros en los que, por medio de estos ataques, el Ejecutivo ha buscado ampliar sus competencias, mientras que el Congreso y el Poder Judicial han resistido estos intentos".

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: