Además, el 80% de las denuncias resultan en desestimaciones o sobreseimientos definitivos.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este miércoles el V Informe del Estado de la Justicia, en donde se revela que el Poder Judicial recibe una cantidad masiva de denuncias sobre violencia contra las mujeres, pero 80% queda en el camino.

El estudio evidencia que solo el 13% de las denuncias asociadas a violencia contra las mujeres terminan en juicio. Para el 2019 y  2022, en los delitos seleccionados como prioritarios por el equipo investigador del PEN, las fiscalías terminaron 23.587 expedientes. De estos, los juzgados solo registran 13% con apertura a juicio. La mayoría de los casos no superan la etapa preliminar, en un 80% se concluyó en desestimaciones y sobreseimiento definitivo.

La encargada del informe, Evelyn Villareal Fernández, explicó:

Hay otras materias en donde también está creciendo muchísimo el ingreso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres. Si uno suma delitos sexuales, la Ley de Penalización, más violencia doméstica, estamos hablando de 80 mil casos nuevos solo de temas de violencia contra las mujeres".

Villareal añadió:

Esto tiene que ver también con una legislación que se ha ido aprobando año con año. Solo en tema de protección de mujeres, hay 16 leyes que le han dado responsabilidades nuevas al Poder Judicial y así para otras poblaciones vulnerables, o sea, hay una gran cantidad de legislación que trata de mejorar el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables y que el Poder Judicial también muchas veces ha promovido y ha acuerpado".

"Esto no se traduce necesariamente en que estas políticas mejoren la respuesta de la institución hacia esas poblaciones. Les contaba antes que muchos casos se desestimaban", concluyó la investigadora.

Según el modelo penal del país, la etapa preliminar se constituye como un primer filtro para los casos de violencia contra las mujeres, al cual no sobreviven la mayoría; es decir, no logran pasar a la siguiente etapa procesal. Adicionalmente, la Fiscalía Adjunta de Género no presenta mejores resultados debido a su especialización, más bien se acusan menos casos que en las fiscalías no especializadas, detalla el informe.

Por otro lado, a partir de un muestreo de 286 casos, realizado por las personas investigadoras del PEN, se localizaron las vulnerabilidades procesales causantes de obstáculos para las denunciantes en su intención de obtener protección a sus derechos. Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Carencias en el acceso a la información (desconocimiento en torno al proceso).
  • Riesgo por falta de pruebas (escaso uso de las pruebas periciales).
  • Riesgo de duraciones extensas (lentitud de procesos judiciales).
  • Riesgo de revictimización (revivir el sufrimiento causado por la agresión denunciada).
  • Riesgo por factores externos (condiciones que pueden agravar la inequidad de género y la discriminación, como la edad, la condición socioeconómica, nivel educativo, entre otros).

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: