Las tareas administrativas de los órganos superiores continúan aumentando considerablemente.

Este miércoles el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados del V Informe del Estado de la Justicia, en los cuales se destacó la falta de reformas en materia de gobierno judicial, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había señalado en 2017 ese tema como parte de las "reformas urgentes" para el Poder Judicial.

Dato D+: El informe define el gobierno judicial como “la organización que permite la definición de políticas, lineamientos y manejo de recursos humanos y presupuestarios del Poder Judicial”.

En octubre de 2017, en medio del escándalo de El Cementazo, la Corte aprobó la creación de un Programa de Reformas Urgentes al Poder Judicial, en el que se definió que diez grupos de trabajo revisarían diversos temas del quehacer institucional para recuperar la imagen de ese Poder de la República. Según detalla el más reciente informe, de todos esos grupos de trabajo, el único que, ocho años después, no ha logrado avance alguno fue el encargado de elaborar un plan en torno a la desconcentración de las funciones de la Corte Plena.

En 2020 ese grupo de trabajo presentó una propuesta titulada “Modelo de Gobierno Corporativo”, que sugería eliminar una serie de competencias de la Corte, así como el fortalecimiento de la toma de decisiones de los entes técnicos, no obstante, ese documento no ha sido aprobado.

El informe advierte que, ante la falta de reformas en el gobierno judicial, las tareas administrativas de los órganos superiores continúan aumentando considerablemente:

  • En la Corte Plena se pasó de conocer o resolver 665 asuntos administrativos en el 2020 a 1.112 en el 2023.
  • En el Consejo Superior se pasó de 4.493 asuntos administrativos tramitados en el 2020 a 6.855 en el 2023.

Según el PEN, el "desbalance de funciones rutinarias de administración va en detrimento de sus funciones estratégicas como la cúspide del conglomerado judicial", y añade:

La concentración de funciones administrativas en la Corte Plena resulta problemática, pues distrae de su función primordial: dictar resoluciones jurisdiccionales en cada una de sus salas, las cuales siguen experimentando importantes volúmenes de circulantes y duraciones". 

Adicionalmente, según el PEN, otro tema que genera sobrecarga a las labores administrativas que tiene la Corte son las comisiones de trabajo, que están presididas y conformadas por personas magistradas, junto con personal jurisdiccional y administrativo, y en pocas ocasiones representantes de la ciudadanía. Para el 2023 ya existían 107 de estas comisiones.

Sobre este tema, también como parte de las reformas urgentes del 2017, se había sugerido la eliminación, fusión o adaptación de algunas comisiones, una distribución entre personas magistradas más equitativa y que el Archivo de la Corte mantenga una lista actualizada de las comisiones activas, entre otras recomendaciones. Sin embargo, la mayoría de estas sugerencias tampoco se han aplicado, según el informe, porque esto "requiere de decisiones políticas y de la renuncia de las magistraturas a ciertos feudos".

El informe añade que, a la dedicación de tiempo en las comisiones debe sumársele "el tiempo que ocupan las magistraturas a representaciones políticas en instituciones dentro y fuera del país, reuniones en otras instituciones públicas, comparecencias en la Asamblea Legislativa y la gestión administrativa de sus despachos". El informe advierte:

Estas funciones administrativas son suficientes para ocupar el tiempo completo de las magistraturas, sin considerar su función jurisdiccional en las salas de casación y constitucional".

Entre las conclusiones del informe, el PEN hizo un llamado a reformar la estructura “cortecéntrica” del gobierno judicial, recordando que "es importante que la Corte Suprema de Justicia retome la propuesta para una mayor descentralización del gobierno corporativo, que languidece en esta instancia".

Lea las notas sobre el V Informe del Estado de la Justicia: