El llamado de las organizaciones es que el aborto salga de los códigos penales de la región y que se reglamente "con base en información y datos científicos, no en ideologías".
A pesar de sostener las restricciones en materia de aborto en la región, el aborto sigue sucediendo: esta ha sido una práctica ancestral y las mujeres hemos abortado en todos los momentos de nuestras vida. Hemos abortado en diferentes momentos de la historia y, definitivamente, penalizarlo no tiene como resultado que las mujeres decidamos no abortar, por el contrario".
Con estas palabras la coordinadora de Incidencia Política en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Sara García Gross, se refirió a la realidad que viven las mujeres latinoamericanas y del Caribe en materia de interrupción del embarazo, en el marco del 28 de setiembre, el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro.
El 28 de setiembre se conmemora para esta lucha desde 1990, cuando se decretó el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe (más tarde conocido como Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro), en el marco del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina, en noviembre de ese año.
La fecha, además, conmemora al 28 de septiembre de 1871, que fue el día en que se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres, que se consideró libres a todos los hijos de mujeres esclavas nacidos a partir de ese día.
Por ello, y en conmemoración de la edición 2022 de esta fecha, Delfino.cr conversó con representantes de Ipas Latinoamérica y el Caribe, una organización sin fines de lucro que trabaja en diversas naciones con el fin de "asegurar que todas las mujeres puedan elegir sobre su reproducción en territorio"; con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador; y con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con el fin de aterrizar este tema del que, aunque se habla muy poco, es una realidad para muchísimas mujeres no solo en el mundo, si no también en Costa Rica.
En el país abortar solamente es legal cuando el embarazo pone en riesgo la vida o salud de la mujer y cuando este no se pudo evitar por otros medios, según señalan el artículo 121 del Código Penal costarricense y la Norma Técnica para el Procedimiento Médico Vinculado con el artículo 121 del Código Penal, firmada en diciembre de 2019.
En casos de violación o incesto, malformaciones del feto incompatibles con la vida, razones económicas o decisión de la mujer que no desee ser madre, la práctica está absolutamente prohibida y penalizada con condenas que van desde los seis meses y hasta los tres años de cárcel.
De hecho, en junio de este año, una mujer de 27 años fue detenida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acusada de presuntamente haberse provocado un aborto en Alajuela.
Sin embargo y a pesar de que existen causas penales abiertas contra mujeres por esta causa, lo cierto es que los casos son muchos, muchos más que se le filtran al sistema, aunque no existen datos recientes sobre la cantidad de abortos clandestinos que se producen en Costa Rica cada año.
La última investigación al respecto la realizó la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) hace más de una década (entre 2007 y 2008). Por eso solo a este estudio se puede acudir como referencia, con un dato que, si bien desactualizado, señalaba que hace quince años, y sin Facebook ni Whatsapp, se producían 27 mil abortos inducidos por año en el país.
Lo que sí se sabe, sin embargo, es que entre 1997 y el 2017 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) registró que un total de 97.984 mujeres llegaron a hospitales con complicaciones producidas a raíz de abortos incompletos: es decir, aproximadamente 4.899 por año, mientras que el Ministerio Público registró, entre 2009 y 2018, 253 denuncias por abortos.
Con esta información sería cómodo pensar que como en Costa Rica la práctica está penalizada, es muy poca gente la aborta o los casos son muy escasos... Sin embargo, eso no es así.
Con solo poner "cytotec Costa Rica" en el buscador de Google, el buscador arroja decenas de páginas que ofrecen métodos abortivos y que, aunque llevan denunciándose desde 2014, ahí siguen como claro ejemplo de toda una red que opera clandestinamente y de la cual muchas personas podrían dar fe... si se hablara del tema.
Por ello la subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe, Fernanda Díaz de león Ballesteros, señalaba en la entrevista concedida a este medio que la penalización, principalmente en el caso costarricense, lo que hace es dividir a las mujeres en dos: en aquellas que sí pueden pagar por él y aquellas que no, que son las que terminan por utilizar métodos inseguros e insalubres que atentan contra su vida:
El riesgo más grande que corremos las mujeres en la región, sobre todo en los países en donde no se garantiza el acceso a los servicios, es la amenaza de la criminalización, lo que nos orilla a buscar abortos inseguros o jugárnosla con abortos seguros pero que podrían desencadenar un proceso penal".
En Costa Rica las páginas de las que hablábamos más arriba cobran más de $100 por un paquete de Misoprostol, la píldora abortiva más segura, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras que un viaje a México, uno de los países más cercanos al nuestro donde es legal la práctica, puede costar más de $500 ó $600.
Dato D+: Escuche más detalles en el episodio del podcast Mora en Agua, Aborto inducido: el tema del que nadie habla.
Ahí es donde radica la diferencia: las mujeres que no tienen acceso a estas redes de acompañantes y que no tienen $100, $200, $600 dólares para poder acceder a un servicio, son las que recurren a abortos inseguros que tiene que ver con ingerir hierbas, introducirse objetos en la vagina y demás".
La especialista, sin embargo, es enfática: el aborto en Costa Rica, a pesar de la prohibición, es absolutamente posible para las mujeres. El problema, agrega, es el cómo se ejecuta:
Sabemos que hoy una mujer en Costa Rica puede tener acceso a un aborto seguro, no legal y es aquí radica el tema de la seguridad de las mujeres. No es lo mismo tener acceso a un servicio que es legal que un servicio donde te arriesgas a que te denuncien o a donde, si tienes alguna complicación, podrías terminar en la cárcel".
Tsunami verde vs la realidad de Beatriz
El pasado 30 de diciembre de 2020, el Senado de Argentina aprobó un proyecto de ley que legalizo el aborto libre en el país sudamericano hasta la semana 14 de gestación.
El 30 de setiembre del 2020, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de ley que legalizó el aborto libre en el país sudamericano hasta la semana 14 de gestación. México hizo lo propio el 7 de setiembre 2021: ese día, y por unanimidad, los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron una declaratoria de inconstitucionalidad a la penalización del aborto libre.
Chile, por su parte, hizo lo suyo el 28 de setiembre del año pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal para descriminalizar el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación; mientras que la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia acordó despenalizarlo totalmente hasta las 24 semanas, el 21 de febrero de este año.
De ahí que, según señaló Sara García:
En la región vemos cómo la marea verde sigue creciendo y se convierte en tsunami para avanzar en la lucha por la definición del aborto y también para avanzar en la despenalización social del aborto, construyendo espacios en los que podamos hablar del aborto sin estigmas, desde los derechos humanos y desde una perspectiva feminista".
Sin embargo, la situación no es la misma en todas partes. En este momento, en América Latina el aborto es legal en Colombia, en Argentina, en México, en Uruguay, en Cuba, en Guyana, en Guyana Francesa y en Puerto Rico; al tiempo que está absolutamente prohibido y sin excepciones, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en República Dominicana y Haití.
El panorama en la región de Latinoamérica y el Caribe es sumamente diferente, va del negro al blanco, con todas las tonalidades en medio. Tenemos países que en los últimos años han despenalizado el aborto y que han reconocido que es un servicio que responde y respeta los derechos humanos de las mujeres. Pero Latinoamérica y el Caribe sigue siendo la región del mundo que más países tiene que penalizan completamente el aborto, como República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador".
Según relató García, como coordinadora de Incidencia Política en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, su país es uno de los ejemplos más claros del impacto en la vida de las mujeres que tiene dicha prohibición.
Yo vengo de El Salvador, uno de los países más restrictivos en este tema, uno que genera criminalización, persecución y que está provocando que mujeres pasen por penas de cárcel de 30, 40, 50 años. Por eso me parece que es importante analizar esto desde una perspectiva regional en la que estamos viendo cómo Centroamérica concentra a los países que penalizan más duramente al aborto".
Y es que, en este momento, el aborto es tema fuerte en El Salvador: en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Beatriz ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que el órgano internacional lleve un proceso contra el gobierno salvadoreño, relativo a la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo.
El caso acusa al Estado de violación a los derechos de Beatriz y de su familia, debido a que en 2013 la joven, que vivía en situación de extrema pobreza, fue diagnosticada con un embarazo de once semanas, el cual fue considerado de alto riesgo dado que padecía una enfermedad grave. Posteriormente se diagnosticó que el feto era anencefálico, incompatible con la vida extrauterina, y que si el embarazo avanzaba existía la probabilidad de muerte materna. La defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer pero esta fue rechazada por la Sala Constitucional salvadoreña, al considerar que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas al no querer ejecutar el aborto terapéutico.
En ese momento la CIDH y la Corte IDH otorgaron medidas cautelares y provisionales en favor de la mujer que entraría en trabajo de parto el 3 de junio siguiente, con el resultado de que el feto, anencefálico, fallecería cinco horas después.
Beatriz, finalmente, murió en 2017 luego de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta.
En el comunicado enviado por la CIDH a inicios de este año, cuando anunció que elevaría el caso a la Corte, la Comisión indicó que:
La CIDH concluyó que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada, igualdad ante la ley, protección judicial, y derecho a la salud y a la progresividad de los derechos establecidos en la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en sus artículos 1.1 y 2. Asimismo, que es responsable por la vulneración de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará que obliga a los Estados a prevenir y sancionar la violencia contra la mujer".
Al respecto, Sara García agregó que:
El caso de Beatriz para nosotras ha sido todo un proceso de de lucha, de acompañamiento que nos ha llevado a la Corte Interamericana en un camino que sabemos Beatriz abrió para el derecho en El Salvador y en la región. Nuestro llamado es que traigamos a la memoria a Beatriz por toda la lucha, por todo lo que significó, por el legado que nos dejó en relación a la lucha por la vida y por la el acceso a la salud, al tiempo que también sirva para evidenciar que cuando existen obstáculos para acceder derecho al aborto, pues las que se llevan la peor parte, son las mujeres jóvenes, son las mujeres que viven en situación de pobreza y de la zona rural, como fue el caso de Beatriz".
El caso, que esta en proceso de ir a juicio internacional, cuenta en este momento con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con cuyos representantes este medio también conversó para este reportaje.
Según indicó la Oficial de Incidencia del Centro, Liliana Caballero Gómez, casos como el de Beatriz lo que demuestran es "la crueldad que representa una legislación tan prohibitiva".
Ahora tenemos estados países que tienen un debilitamiento importante, una avanzada fundamentalista contundente, pero por otro lado tenemos una avanzada en el derecho internacional público que de cierta forma va ampliando el panorama y el abanico de derechos que tendrían los estados que está respondiendo y garantizando, pero con unos estados que difícilmente se prestan a la apertura del diálogo. Entonces vemos lo complicado que también representa para el movimiento feminista el aterrizar esos estándares internacionales alcanzados en el ámbito interamericano, como en el sistema universal a los países mismos. Ahí está el gran reto".
Sara García, por su parte, agregó otro reto a esta situación: el de la falta de laicididad de los estados de la región, que mueven el tema de un lado al otro, dependiendo de quién o quiénes estén en el poder.
Un ejemplo claro de ello en Costa Rica, fueron las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles en mayo pasado, cuando le aseguró a la Iglesia Católica que "revisaría la norma técnica sobre el aborto terapéutico", a fin de evitar "portillos", una postura que, según las organizaciones de la región que trabajan el tema, genera "una posibilidad de retroceso en el proceso con ustedes".
Según Sara García:
El no contar y que no se garantice un Estado Laico está imponiendo una mirada conservadora donde los derechos humanos son sometidos y sujetos a la voluntad de quien está ahora en un puesto o en el poder".
Por ello el llamado, en el marco de la conmemoración de este 28 de setiembre, es a que se retire al aborto de los códigos penales de la región, a fin de considerar casos como el expuesto en el caso salvadoreño y también de garantizar los derechos humanos de las mujeres que abortan día a día en la región y que, como en el caso de Costa Rica, pasan en silencio.
Según indicó Fernanda Díaz de león:
Es muy importante que justo en el marco del 28 de septiembre, que es el día de acción por la despenalización del aborto, se escuche claramente esta demanda de retirar del del aborto de los códigos penales y de esta manera, garantizar el acceso a los servicios. La obligación del Estado es que se garantice que toda mujer que requiera de un aborto pueda decidir cómo llevar el proceso, con servicios de salud preparados para responder a estas necesidades. Por eso nos parece importante visibilizar el estado de países como Costa Rica donde realidad es que las mujeres no pueden acceder a los servicios. Por eso, a pesar del avance, esto no implica que el Estado no esté faltando a su obligación y de ahí que la única manera de garantizar que este derecho sea exigible al estado es a través de modificaciones legales".
Por su parte, Sara García agregó que:
El acceso al derecho al aborto es el único servicio de salud que está regulado en el Código Penal, por eso nos parece a nosotros muy importante que los problematicemos porque estamos ante un tema que tiene que ver con la vida, con los derechos de las mujeres, con la salud de las mujeres y que está atravesado por un sistema que ha dejado a la penalización como su última forma para resolver".
Costa Rica: mucho más cerca de El Salvador
Plantón frente a Casa Presidencial por el aborto legal en Costa Rica.
El Salvador no es la única nación centroamericana que ha tenido casos interpuestos en su contra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Costa Rica también.
Entre los años 2008 y 2013 dos mujeres costarricenses, Ana y Aurora (nombres ficticios) denunciaron a Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de ser obligadas a llevar a término sus embarazos incompatibles con la vida extrauterina, a pesar de que ese es el único tipo de aborto permitido en el país que se contempla en el Código Penal.
Sus casos fueron admitidos en 2020 y en este momento se encuentran en estudio por el fondo en la Comisión.
Hay que dimensionar lo que implica que un país sea he juzgado por la justicia Interamericana o la justicia internacional. Eso tiene un costo político importante y también un costo económico que no hay que dejar pasar y por eso el hecho de que se lleguen a estas instancias de justicia internacional representa una oportunidad para que, por un lado, se reconozca una ampliación de derechos y por otro se reconozca también lo que no ha hecho el Estado para que la violación de derechos sea una constante", señaló al respecto Liliana Caballero.
La oficial de incidencia de CEJIL también indicó que "el hecho de que casos lleguen a la justicia internacional es porque justo a las fuertes a nivel nacional no respondieron cómo debían responder" y señaló que por eso es necesario que los estados "asuman su responsabilidad" para no llegar a consecuencias internacionales de este tipo y para garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos:
Es necesario que los estados asuman esa responsabilidad de hacer frente a poder empalmar las legislaciones internas con el derecho internacional o los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres en materia de derechos reproductivos. Ahí está la consigna: que cada poder de la unión asuma su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales previstas en instrumentos que ellos mismos asumen como un una responsabilidad política".
Lo cierto es que Costa Rica está permitiendo lo mínimo relacionado al acceso al aborto terapéutico y eso no está para nada compatibles a los estándares internacionales: aquí los riesgos están, las amenazas son latentes y lamentablemente los cuerpos de las mujeres se mantienen una disputa dependiendo de quien está en el poder, dependiendo que quién está moviendo los hilos y dónde están las cúpulas no tomando las decisiones", agregó.
En este último punto también concordaron García Gross y Díaz de león Ballesteros. Al respecto la primera aseguró que, en la práctica, casos como el de Ana y Aurora evidencian el daño que la imposibilidad real de acceder a este derecho representa para las mujeres de este país:
Naciones como Costa Rica como Guatemala, que si bien son un poco más abiertos, en la práctica tienen un común denominador y una realidad compartida, en la imposibilidad de acceder a este servicio de salud. Por eso hemos visto casos como el de Aurora y el de Ana, que son casos que dan cuenta de como el Estado imposibilita que las mujeres accedan al servicio con un impacto enorme en su salud mental y siendo víctimas de violencia de Estado contra las mujeres".
Finalmente, Díaz fue más allá y puso de una vez al país al lado de su vecina salvadoreña, urgiendo medidas para adaptar la legislación a la realidad nacional e internacional:
Costa Rica se acerca mucho más a las condiciones que encontramos en Nicaragua, El Salvador y Honduras, teniendo todo el aborto penalizado, que a países como Colombia, Argentina y México. El Código Penal de Costa Rica sólo considera una causal bajo las cuales las mujeres pueden interrumpir sus embarazos, que es el riesgo a la salud, es decir, el aborto terapéutico y además tenemos la peculiaridad de que el acceso a estos servicios es casi nulo. Me parece fundamental hacer un llamado a las autoridades de los estados, a los poderes ejecutivos, para que garanticen el acceso de las mujeres a las de causales que se encuentran legales en los códigos penales; y hacer por otro lado un llamado a los poderes legislativos en estos países, para que asuman su responsabilidad democrática y avancen en el reconocimiento de los derechos, incluso que retiren la figura de aborto de los códigos penales y lo incluyan en normativas sanitarias. Nos parece fundamental que la figura de aborto, que es un servicio de salud que las mujeres recurren a lo largo de su vida reproductiva, salga del Código Penal y que está reglamentado, con base en información y datos científicos, no en ideologías", concluyó.
