Por unanimidad, los 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobaron este martes una declaratoria de inconstitucionalidad a la penalización del aborto libre, una decisión considerada histórica por tratarse de la segunda nación con más fieles católicos del planeta.

La histórica resolución fue adoptada a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República de México en el año 2017, que buscaba invalidar artículos del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza que penalizaban con cárcel a las mujeres que abortaran, así como a las personas que las asistieran en el proceso.

En estudio y pendiente de que se anuncie su resolución está una acción similar para anular la prohibición total de abortar existente en el Estado de Sinaloa; así como una norma en la Ley General de Salud referida a la objeción de conciencia.

El Alto Tribunal empezó la deliberación del caso el lunes de esta semana y la redacción del proyecto de resolución relativo al caso de Coahuila de Zaragoza estuvo a cargo del magistrado Luis María Aguilar, quien en su exposición inicial señaló que "el derecho a decir, entendido como la libertad que le permite a la mujer elegir quién quiere ser en relación con la posibilidad de procrear, reconoce en la mujer y en las personas con la capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección y no de una sanción".

El magistrado presidente, Arturo Zaldívar, señaló que el delito de aborto castiga a las mujeres más pobres, marginadas y discriminadas de México, por lo que es un delito que en los hechos, castiga a la pobreza. Por su parte, la magistrada Yasmín Esquivel destacó que la criminalización del aborto solo conduce a que las mujeres o personas gestantes mueran o sufran enfermedades físicas o psíquicas al no poder obtener atención médica adecuada.

En su discurso de cierre tras adoptarse el fallo, Zaldívar señaló que a partir de ahora se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo, a las mujeres.

El día de hoy es un paso más en la lucha por su igualdad, por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos. Este Tribunal Constitucional demuestra una vez más con los hechos y sus sentencias que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos.

Durante las deliberaciones del Tribunal se tomó en consideración que la Constitución de México no prohíbe el aborto; además que en el 2008 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que no es procedente otorgar el estatus de "persona" al embrión.

Hasta ahora en México, solo cuatro estados (la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo) permiten la interrupción voluntaria del embarazo en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue estando penalizado con algunas excepciones.