En 2024, el ente defensor aumentó en casi un 30% la emisión de criterios sobre iniciativas legislativas y ya registra 80 requerimientos en lo que va del 2025.
La Defensoría de los Habitantes informó que ha reforzado su rol de asesoría técnica en el proceso legislativo nacional, brindando criterios técnicos y con enfoque en derechos humanos sobre diversos proyectos de ley. En 2024, se incrementó en casi un 30% la emisión de posiciones institucionales con respecto al año 2023, pasando de 87 casos a 126 asuntos. Solo en lo que va del 2025, ya se contabilizan 80 requerimientos de criterios técnicos por parte de la Asamblea Legislativa.
Además de sus aportes técnicos, el ente defensor destacó que ha presentado iniciativas legislativas, entre estas la reforma al artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central (expediente 24.971), la necesidad de una pensión mínima inembargable (expediente 24.940) y una reforma constitucional que busca otorgarle rango constitucional como institución nacional de derechos humanos.
Según la Defensoría, este trabajo asesor demanda un alto grado de especialización normativa y doctrinaria, así como recursos adecuados para sustentar los criterios institucionales. Entre los proyectos analizados recientemente por el ente defensor se encuentra el proyecto de ley que busca restituir una protección fundamental para las personas con discapacidad, cambios a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer que incorporarían acciones afirmativas en el trámite de concursos públicos y la iniciativa para promover exámenes de detección de cáncer de mama exonerados del IVA. También emitió recomendaciones en la reforma a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, así como en un proyecto destinado a mejorar el control sobre la venta, inscripción y portación de armas.
Otros temas en los que ha intervenido incluyen el reconocimiento de la población afrodescendiente como pueblo tribal y una propuesta para fortalecer la protección de las personas consumidoras sobre el dinero custodiado por entidades financieras públicas o privadas.
