Apenas ayer la Sala Constitucional ordenó liberar a migrantes deportados desde Estados Unidos y acogidos por Costa Rica.

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica reiteró este miércoles la necesidad de que el Estado implemente acciones estructurales e integrales para atender con dignidad y protección a las personas deportadas desde Estados Unidos, tras observar deficiencias persistentes en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur.

Apenas ayer la Sala Constitucional ordenó liberar a migrantes deportados desde Estados Unidos y acogidos por Costa Rica. El tribunal concluyó que, aunque la admisión humanitaria de estas personas no fue ilegal, sí se violaron sus derechos después del ingreso al país. Las principales irregularidades señaladas fueron la privación de libertad sin una resolución individual, falta de información sobre su estatus migratorio y la omisión de explicarles su derecho a solicitar refugio.

En ese sentido, se ordenó a la Dirección General de Migración que, en un plazo de 15 días, determine el estatus migratorio de cada persona de forma individual, proceda con su liberación y coordine con instituciones públicas la atención de sus necesidades en salud, educación, vivienda y apoyo social.

Señalamientos de la Defensoría

El llamado del ente defensor se produce como parte del seguimiento que realiza la institución a las condiciones en las que se atienden a estas personas desde su arribo en febrero pasado.

Desde un inicio la defensoría recomendó garantizar condiciones adecuadas de permanencia, asegurar la libertad de tránsito, permitir acceso a alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países y ofrecer atención integral a sus necesidades.

Aunque las autoridades migratorias en principio negaron algunas de estas recomendaciones, otras se adoptaron con el tiempo. Entre las mejoras implementadas están la instalación de sábanas en camarotes, mantenimiento del sistema de agua potable, cambio del techo con aislante térmico, ingreso y salida autorizada de personas deportadas, acceso a regularización migratoria por razones humanitarias, opción de solicitar refugio y presencia del Ministerio de Educación Pública (MEP) para valorar opciones educativas para menores.

La Defensoría subrayó que persisten retos tales como la necesidad de mejorar la planificación institucional, el abordaje integral de protección y la transparencia informativa de las jerarquías responsables.

Además, señaló que persisten aspectos por resolver como la definición del país destino para quienes no pueden volver a su país de origen y no desean refugiarse en Costa Rica, la falta de traductores, la ausencia de una estrategia integral de intervención institucional y la carencia de acceso a internet mediante wifi en el Catem Sur.