Manifestaciones en contra de la violencia hacia la mujer se desarrollarán en diferentes zonas del país.

El Observatorio de Género del Poder Judicial, a corte del 19 de octubre pasado, contabiliza un total de 50 muertes violentas de mujeres, en lo que llevamos del 2021.

Ese es el escenario que el país lleva a cuestas mientras se prepara para conmemorar, el próximo jueves 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que une a las voces del globo a posicionarse en contra de la violencia machista.

Según los datos de el Observatorio de las 50 muertes violentas de mujeres ocurridas este año, diez ya han sido catalogadas como femicidios según lo estipula la ley: siete amparadas en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres; y tres más que han sido catalogados como femicidios ampliados.

A su vez, se registran otros siete que fueron catalogados como homicidios y hay más de 30 esperando la clasificación de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención del Femicidio, encargada del asunto.

Como les contábamos el año pasado, justo para esta fecha y a partir del reportaje Violentadas en Cuarentena, que publicó la plataforma de periodismo colaborativo, Distintas Latitudes, la declaración o no de un crimen contra una mujer como un femicidio no es un proceso sencillo.

Así lo expuso en aquel momento la abogada y jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias Meza, quien señaló que esta calificación depende del trabajo de una Subcomisión Interinstitucional sobre Femicidios que incluye a la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, al Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), a la Defensoría de los Habitantes y al Ministerio de Salud, entre otras entidades.

El trámite, señalaba Arias, es engorroso, lo que genera la dilatación de los procesos declaratorios que a su vez retrasan la actualización de la data que se entrega para esta fecha:

Esta Subcomisión saca sus conclusiones a partir de la información aportada por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la sección de Estadísticas del Poder Judicial, además de incluir un exhaustivo monitoreo de los medios de prensa (...). Luego hace una clasificación preliminar del caso que dependerá de la autopsia, las diligencias útiles del OIJ para que salga el informe policial, entre otras variables. No obstante, para que esa clasificación sea definitiva hace falta una sentencia en firme dictada por un juez de la República, y por eso, depende del tiempo que tardan los procesos penales", detallaba Arias.

Por ello y a pesar de que en este 2021 se han registrado avances en la legislación que regula esta materia (y de los que ampliaremos más adelante) aún quedan 33 muertes violentas de mujeres, además de los ya clasificados, que están a la espera de ser clasificadas como femicidio o como homicidio.

Entre estos últimos crímenes se encuentras desde el cometido en febrero de este año en contra de Mayra Raquel Pérez Mena, de 37 años y de sus hijas Josselyn Solórzano Pérez, de 24 y de la menor de 14 años, quienes murieron baleadas en la comunidad de Carrandí de Matina, en Limón; hasta el de Nicole Leiva Rojas, de 22 años, quien fue asesinada en un bar en Tres Ríos el pasado 5 de setiembre.

Estos datos se unen a los registrados en años anteriores que demuestra que, de 2007 a la fecha, el país ha registrado un total de 390 feminicios, de los cuales 161 se categorizaron como femicidio de artículo 21 y los otros 229 como feminicio ampliado (Belém do Pará).

Esta calificación señala que los primeros 161 fueron cometidos por los cónyuges o parejas actuales de las mujeres víctimas (como señalaba hasta este año el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres) y los otros 229 fueron cometidos por razones de género pero que no están contempladas en los supuestos del artículo anterior. Esta última categoría durante muchos años, hasta las reformas del 2021, únicamente encontró sustento legal en el artículo 2 de la Convención Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará.

Femicidios en Costa Rica después de 2021

Este año, sin embargo, registró dos cambios drásticos en el tratamiento que se le da a los crímenes contra mujeres, lo que significó una ampliación del concepto de feminicio y una penalización más contundente y amplia a los asesinatos este tipo en el país.

El primero fue el aprobado con el expediente 21.793 que recibió segundo debate el pasado 17 de marzo en la Asamblea Legislativa, y que reformó la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres para que ahora los crímenes que sucedan en el seno de un matrimonio, noviazgo, unión de hecho, encuentro casual u otro análogo, aún cuando las partes estén divorciadas, separadas o hayan terminado la relación califiquen como femicidios penados por esta ley.

A esta primera reforma se le sumó otra, concretada en agosto de este año bajo la aprobación legislativa del expediente 22.158, que ahora impone penas de prisión de 20 a 35 años a quien dé muerte a una mujer mayor o menor de edad, cuando el asesino se aproveche de una relación o vínculo de confianza, amistad, de parentesco, de autoridad o de poder para agredir a la víctima.

Esta reforma lleva al país a la tipificación en ley nacional y ya no solo en acuerdo internacional para crímenes en relaciones familiares de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado; para casos en los que la persona perpetradora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la víctima; o para cuando el asesino sea cliente explotador sexual, tratante o proxeneta de la mujer.

A su vez, la ley también penaliza los casos en los que la mujer víctima se haya negado a establecer o restablecer un vínculo amoroso o sexual con la persona autora; cuando el asesino cometa el crimen con el fin de preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito sexual; cuando el delito se cometa como acto de venganza, represalia o cobro de deudas en situaciones de crimen organizado; o cuando el perpetrador haya cometido el hecho en razón de la participación, el cargo o la actividad política de la mujer víctima.

Así las cosas y solo este año, el país pasó de considerar como femicidio solo aquellos casos en los que mediase una relación conyungal o de noviazgo de por medio, para todos aquellos crímenes cometidos en razón del género de la mujer víctima. Así y a futuro, los tribunales podrán imponer penas más amplias a crímenes como el de la joven Allison Bonilla Vásquez a cuyo asesino, al regirle la legislación previa, solo le impusieron 18 años de cárcel.

#25N: contra las diferentes formas de violencia

Sin embargo y aunque los avances en regulación de crímenes contra mujeres han sido considerables este 2021, aún quedan muchos escenarios en los que la violencia contra la mujer está lejos de erradicarse y por ello diferentes grupos feministas están convocando a múltiples manifestaciones a lo largo y ancho de todo el país, este próximo jueves 25 de noviembre.

Así, la movilización en la capital saldrá del Parque Central de San José a las 4 de la tarde; también habrá una en Puntarenas que empezará a las 5 en el Parque El Muellero; en Cartago se está convocando a otra a partir de las 10:30 de la mañana, con salida en los Tribunales de Justicia; y se convocaron dos más en Guanacaste, la primera frente a la Corte Judicial de Liberia a las 4 de la tarde y la segundo en Nosara, saliendo del supermercado Rinde Más a las 4:30 p.m.

Según el comunicado de convocatoria, los eventos son convocados por la Coordinadora Feminista contra Femicidios e Impunidad que une a más de una veintena de organizaciones feministas y las razones para marchar, según señalan, son las siguientes:

En el año 2020 se atendieron 59 mil 562 denuncias de violencia contra las mujeres, con un incremento del 22% respecto al 2019. Por otro parte, en el 2021, al 19 de octubre, se reportaron 10 femicidios con 33 muertes que faltan por clasificar que hoy recordamos con mucha rabia y dolor, dejando entrever como las mujeres seguimos sufriendo los distintos flagelos de la violencia patriarcal".

Los grupos también reclaman sentencias como la absolutoria contra los imputados en el crimen de la turista mexicana María Trinidad Mathus Tenorio; la demora en la investigación de los crímenes de Fernanda Sánchez Aguilar y de Raisha Ríos Sánchez, madre e hija asesinadas en 2020 en San Pablo de León Cortés y cuyo principal sospechoso hasta ahora fue detenido; así como el de Nathalia Madriz Chinchilla cuyo caso se encuentra impune mientras uno de los sospechosos se mantiene en fuga.

Además las organizaciones reclaman las declaraciones del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza respecto al crimen de Luany Salazar Zamora y la baja condena que recibió este caso, así como el de Allison Bonilla Vásquez y el de Karolay Serrano Cordero, pues ninguno de los 3 asesinos recibió más de 25 años de prisión como condena.

Es notorio que cuando los femicidios ocurren a mujeres en zonas rurales o pertenecientes a sectores populares, el abordaje de las autoridades es de mayor negligencia e impunidad. Por ejemplo, con el femicidio de Yendry Loaiza Fernández de 16 años asesinada en el 2019 en Batán de Limón, los principales sospechosos siguen en libertad, a pesar de la contundente evidencia y el historial delictivo".

A su vez, el comunicado señala la situación de violencia que viven las mujeres migrantes en el país y "que llegan al país buscando paz" pero que "en el exilio continúan enfrentando situaciones de persecución, amenazas y violencia" y también eleva la voz en favor de los derechos de las mujeres trans en Costa Rica:

Ellas enfrentan cotidianamente la violencia en las calles con crímenes de odio. Estas violencias misóginas llegan al extremo de los transfemicidios, como lo fue el caso de Tatiana Quirós, asesinada en playas del Coco. Las mujeres trans sufren del abandono por parte del Estado".

Según reportó el diario español El País hace unos años, desde 1981 Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el día contra la violencia de género, en honor a las hermanas dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.

Años más tarde, en 1999, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se sumó a la jornada reivindicativa y declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal.