El Tribunal de la Inspección Judicial acordó el día de ayer, 11 de agosto, elevar una denuncia interpuesta en contra del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, debido a sus declaraciones y accionar tras el crimen de la joven Luany Valeria Salazar Zamora, asesinada en 2020.

Según señala el Por Tanto del voto N° 2778-2021, del cual este medio tiene copia:

Se ordena trasladar esta causa disciplinaria a conocimiento de Corte Plena, por lo cual se emplaza al investigado Walter Espinoza Espinoza, en su condición de Director del Organismo de Investigación Judicial, para que dentro del término de cinco días comparezca ante dicha instancia disciplinaria, en defensa de sus intereses. De previo al envío del presente asunto a Corte Plena, y en atención a lo referido por el investigado en escrito agregado al expediente virtual a las 10:13 hrs. del 10 de agosto pasado, remítase a la Comisión de Relaciones Laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 66, inciso 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo de su cargo".

La denuncia ante este órgano fue interpuesta por la madre de Luany, Ana Patricia Zamora Arias, al acusar a Espinoza de cometer una “conducta discriminatoria en razón de género” en perjuicio de Salazar Zamora, afectando "negativamente la imagen del Poder Judicial".

Los hechos de los que se le acusa sucedieron el día 25 de junio del 2020 cuando Espinoza, en su condición de director OIJ, rindió comparecencia ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, por el caso de desaparición y posterior muerte de la joven.

Durante ese encuentro Espinoza manifestó, entre otras cosas, que Salazar era novia de una persona involucrada en una banda narco, que trabajaba en el hotel josefino El Rey y que tiempo atrás estuvo envuelta en una balacera a lo interno de un motel en Paso Ancho, al tiempo que señaló que era consumidora activa de drogas.

Por lo anterior, y según detalla el voto, a Espinoza se le acusó de incurrir "en conductas de discriminación" pues la denuncia señala que:

Durante su intervención emitió conclusiones basadas en estereotipos sociales y de género, esto al hacer referencia a condiciones personales y privadas, tales como su lugar de residencia, las personas con quienes frecuentaba, consumo de sustancias ilegales, lugar de trabajo y las actuaciones realizadas por la agraviada de previo a la comisión del delito, procurando de alguna manera justificar, a partir de esas consideraciones de desigualdad y diferenciación, la muerte de la víctima sujeta al proceso de investigación".

A su vez, la denunciante señala que con estas declaraciones, Espinoza habría infringido la Política de Igual de Género del Poder Judicial de Costa Rica, así como los instrumentos internacionales como la Convención interamericana para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará.

Además, la acusación agrega que:

Aparentemente omitió cumplir con los deberes de confiabilidad, rectitud, respeto y empatía que rigen la conducta de los servidores judiciales, haciendo públicos datos sensibles y privados de una persona víctima de un delito de Homicidio, y sin justificación objetiva y razonable, violentó el derecho fundamental de la intimidad, discriminando a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, mancillando así la dignidad de la perjudicada Salazar Zamora, en un claro incumplimiento y menoscabo del cargo de Director General del Organismo de Investigación Judicial, generando una pérdida de la credibilidad y confianza depositada en su persona, no solo como funcionario judicial, sino como máxima autoridad de la Policía Judicial y titular de un puesto de alta jerarquía y responsabilidad en la Institución".

Por todo lo anterior, el pasado 23 de junio se celebró la Audiencia de Recepción de Pruebas en el Tribunal de la Inspección Judicial sobre este caso, órgano que finalmente emitió su resolución al respecto el día de ayer.

Además de esta instancia, la familia de Salazar también señaló, en febrero pasado, que denunciaría al OIJ y a su director ante el Tribunal Contencioso Administrativo por las declaraciones brindadas respecto a este caso en la citada comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Luanny Valeria Salazar Zamora fue asesinada entre el 9 y el 10 de junio del 2020, cuando la joven se encontraba con una amiga en la casa del novio de esta última.

Según logró probar el Tribunal Penal de Cartago el pasado 12 de julio, la muchacha fue ultimada por Kenneth Enrique Mejía Chavarría, quien llegó a buscar a la víctima y le dijo que lo acompañara a su vivienda ya que le quería proponer un negocio con un anillo. Ella se retiró de ese lugar y una vez en su casa, el hombre cometió el homicidio.

Por este crimen Mejía fue condenado a 19 años de cárcel.