El Ministerio de Comercio Exterior asumirá la defensa del Estado costarricense ante la CIADI.
El Ministerio de Comercio Exterior (Comex) asumirá la defensa del Estado costarricense ante el proceso de arbitraje internacional planteado por las empresas Berthier de Costa Rica S.A. (EBI) y Bajo Pita S.A., propiedad de inversionistas canadienses, invocando el acuerdo de protección recíproca de inversiones suscrito entre Costa Rica y Canadá.
Este arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) surge debido a la disconformidad de ambas empresas con motivo de actuaciones de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro. Estos gobiernos locales iniciaron procesos ante los Tribunales Contencioso Administrativos para anular certificados de usos de suelo que habían otorgado a las empresas EBI y Bajo Pita S.A.
Según las empresas, tales actuaciones frenaron el desarrollo de los proyectos de tratamiento de residuos denominados Bajo Pita en Alajuela y Galagarza en Montes de Oro.
En el comunicado de Comex, se indica que el Gobierno reitera su compromiso de ejercer una defensa responsable de los intereses del Estado costarricense, “procurando abrir canales de coordinación con dichas municipalidades, así como mantener un diálogo constructivo con los inversionistas para procurar una solución a esta disputa”.
Abogado considera "prematuro" acudir a la CIADI
El abogado ambientalista y asesor jurídico de las comunidades de Turrucares de Alajuela y de Montes de Oro, Álvaro Sagot Rodríguez, considera "prematuro" que la empresa amenace con acudir al CIADI por disputas en proyectos en Turrúcares de Alajuela y Montes de Oro.
Sagot Rodríguez explicó que, en Alajuela, la municipalidad impugnó judicialmente los permisos de uso de suelo alegando que fueron otorgados ilegalmente, ya que el plan regulador prohíbe el uso industrial en terrenos de protección y residenciales. Si el tribunal anula esos permisos, la municipalidad deberá indemnizar a la empresa.
Mientras que en Montes de Oro, el permiso de construcción está condicionado: la empresa debe presentar un plano catastrado nuevo conforme a requisitos del MOPT. Además, hay recursos de amparo pendientes contra la licencia ambiental. Por eso el proyecto está suspendido hasta que se cumplan los requisitos y se resuelvan los recursos.
El abogado agregó que en Alajuela la indemnización la definiría un juez, y en Montes de Oro el proyecto aún podría avanzar si la empresa corrige los requisitos y espera el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y la Sala Constitucional, por lo que no ve sentido práctico en acudir al CIADI en este momento.
