EBI busca reinvindicar los derechos de la inversión y detener una progresiva expropiación de facto que, según la empresa, podría resultar en pérdidas de 125 millones de $.

Los propietarios canadienses de Empresas Berthier EBI de Costa Rica S.A. (EBI), dirigido por Gestion Bayonne Inc. (GBI), iniciaron un proceso de arbitraje internacional contra el Estado costarricense ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en virtud del tratado de protección de inversiones entre Canadá y Costa Rica.

En un comunicado a la prensa emitido este 3 de julio, la empresa indicó que la decisión responde a unas recientes acciones "arbitrarias" por parte de las municipalidades de Alajuela y Montes de Oro, "que perpetúan una campaña sesgada en contra de EBI e impiden el avance de nuevos proyectos de tratamiento de residuos, a pesar de contar con todos los permisos ambientales y legales requeridos".

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Julien Charbonneau, gerente general de EBI de Costa Rica, dijo:

EBI ha cumplido rigurosamente con todas las normativas ambientales y legales para desarrollar proyectos esenciales que garanticen la continuidad del servicio. Nuestro compromiso con Costa Rica es firme, pero nos vemos forzados a acudir a arbitraje internacional ante la imposibilidad de avanzar por la vía administrativa".

El arbitraje, presentado el 27 de junio de 2025, pero que aún no se encuentra listado en el sitio web del CIADI, busca "reivindicar los derechos de la inversión y detener una progresiva expropiación" de facto que, según la empresa, podría resultar en pérdidas superiores a los 125 millones de dólares.

Además, estiman que esto puede agravar una inminente crisis nacional de gestión de residuos, especialmente tras el cierre proyectado del Parque de Tecnología Ambiental (PTA) La Uruka a finales de este año.

La empresa cuenta con experiencia de más de dos décadas en el país operando tres PTA y tratando cerca del 65% de los residuos generados en el país. Sin embargo, consideran que la imposibilidad de habilitar nuevos centros de tratamiento amenaza con detener sus operaciones en el corto plazo.

EBI y GBI afirmaron que se encuentran dispuestos a continuar colaborando con todos los niveles de gobierno en busca de una solución responsable, legal y oportuna que permita proteger el bienestar de la población costarricense y el ambiente.

Decisión de acudir a la CIADI "es prematuro", afirma abogado ambientalista

El asesor jurídico de las comunidades de Turrucares de Alajuela y en Montes de Oro, Álvaro Sagot Rodríguez, detalló que, en el caso del parque ambiental en Alajuela, existen dos procesos de lesividad en sede judicial, donde la municipalidad alega que los actos habilitadores de uso del suelo otorgados están permeados por ilegalidades, puesto que existe un plan regulador que prohibiría un uso industrial, en terrenos que son de protección y residenciales de baja densidad.

El abogado señala que la municipalidad expone que nunca fueron ponderados técnicamente los usos del suelo reales por el funcionario que otorgó los certificados y por ello se acudió a la vía contenciosa. Los procesos de lesividad implican que, de lograrse lo pretendido por la municipalidad, esta deberá indemnizar a la sociedad por haberle dado unos derechos y luego anularlos.

En el caso del proyecto en Montes de Oro, Sagot Rodríguez indicó el gobierno local dio un permiso de construcción y una autoridad judicial dispuso que se debía hacer efectivo el mismo, siempre y cuando no hubiese impedimentos.

En este, el municipio reclama que el permiso dicho estaría suspendido, hasta que la empresa le aporte un plano catastrado nuevo conforme a lo que señala el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El abogado agrega que aún existen procedimientos y recursos de amparo sin resolverse contra la licencia ambiental emitida, por lo que hasta que no exista claridad y una licencia en firme, no le dará efectividad al permiso de construcción.

Ese proyecto está momentáneamente suspendido hasta que los empresarios cumplan con los requisitos, pero nada más".

Para Sagot Rodríguez acudir ante el CIADI pareciera que es prematuro y no tiene ningún sentido práctico, pues en el caso de Alajuela, si se anulan los usos del suelo, la Municipalidad deberá indemnizar a la empresa. "La entidad municipal nunca ha señalado que no va a indemnizar y será un juez el que debe ver el monto", puntualizó.

En Montes de Oro, si la empresa cumple modificando el plano catastrado y se adapta el proyecto a las áreas correspondientes y espera a que terminen los trámites contra la licencia, podría tener lo pretendido, aunque por ahora debe esperar al criterio del Ministro de Ambiente y Energía, quien tendrá la última palabra administrativamente y lo que dispongan los magistrados constitucionales.