Empresa afirma que resolución de Setena ratifica viabilidad ambiental del proyecto, pero autoridades y ciudadanos aseguran que el trámite aún no ha concluido.
El alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas Jiménez, y la Asociación Civil Pro-Natura de Miramar, negaron que Empresas Berthier EBI de Costa Rica tenga licencia ambiental en firme para desarrollar un botadero en Montes de Oro.
Este 17 de junio la empresa celebró la resolución No. 0668-2025 emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y afirmó que el documento ratifica la viabilidad ambiental del Parque Tecnológico Ambiental Garagarza, ubicado en el cantón puntarenense.
Según EBI, esto confirma que el proyecto cumple con los estándares técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente, desestimando "los alegatos de nulidad presentados por algunos sectores".
La empresa indicó en un comunicado a la prensa que el proyecto incorpora principios de economía circular, recuperación de materiales, control de emisiones, tratamiento de lixiviados y generación de energía mediante biogás, todo con monitoreo ambiental en tiempo real, lo que garantiza beneficios ecológicos y sostenibilidad a largo plazo.
“Con esta resolución, se agotan los alegatos de la Alcaldía de Montes de Oro para no autorizar el permiso de construcción para nuestro parque", manifestó Jonathan Granados, vocero de EBI.
Esperamos que la Alcaldía valore con prontitud esta decisión firme y otorgue la autorización correspondiente, de forma que podamos dar inicio a un proyecto que no solo moderniza la gestión de residuos del país, sino que también se convierte en un motor de empleo, innovación y desarrollo sostenible para el cantón”.
Alcalde y grupo ambientalista responden
Fallas Jiménez, jerarca de Montes de Oro, señaló a este medio de comunicación que aún no se les notifica del documento mencionado por EBI. "No tenemos conocimiento de su contenido y por ende de sus posibles alcances".
Hasta el día de hoy, la viabilidad ambiental no está en firme, así como los trámites de alineamiento vial ante el MOPT y el proceso de lesividad del uso de suelo”.
El jerarca oromontano afirmó que procederán a consultar ante la Setena para que así, luego de conocer y analizar la resolución, puedan emitir un pronunciamiento oficial.
Mientras que, desde la Asociación Civil Pro Natura indicaron que la resolución mencionada por EBI, "no constituye una ratificación ambiental". Alegan que se trata de una resolución administrativa que rechaza por motivos formales los recursos de nulidad presentados, sin entrar a valorar el fondo de los argumentos técnicos, sociales y ambientales planteados por la comunidad.
Esta resolución, por tanto, no valida ni garantiza el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos por ley, puntualizó Dayana Rojas Venegas, presidenta de la agrupación.
Según la asociación, es falso que el proceso administrativo haya concluido, ya que persisten recursos legales activos, incluidos al menos ocho expedientes ante el Tribunal Contencioso Administrativo y un recurso de amparo en la Sala Constitucional relacionado con omisiones en el análisis de cambio climático.
Además, señalan que el gobierno local de Montes de Oro no ha autorizado el proyecto, ya que aún se requiere un plano catastrado actualizado y persisten inconsistencias en los derechos de vía según el MOPT.
La asociación cuestionó la transparencia del proceso, denunciando que fue una acción judicial presentada por una ciudadana la que obligó a la empresa a realizar una audiencia pública. En esa instancia, se evidenciaron irregularidades aún sin resolver.
La empresa desinforma e invisibiliza los procesos activos. El comunicado de Empresas Berthier EBI induce a una percepción errónea del estado actual del proyecto, y omite los múltiples procedimientos legales aún en trámite”.
Y añadieron:
Con ello, pareciera que se busca inducir a error a la Municipalidad de Montes de Oro para obtener un permiso de construcción en condiciones que no cumplen con la legalidad ni con el principio de transparencia”.
El colectivo reafirmó que existen serias dudas sobre el impacto ambiental del proyecto de parque tecnológico ambiental. Señalaron que persisten preocupaciones por posibles afectaciones a acuíferos, riesgos a la salud pública, la limitada capacidad de carga del sitio y el aumento en el tonelaje de residuos provenientes del Gran Área Metropolitana y otras regiones del país.
Además, detallaron que la empresa aún no tramita el cambio de diseño del sitio, a pesar de que los planos presentados ante Setena no coinciden con el derecho de vía real. También rechazaron el uso del término “sostenible” por parte EBI, ya que puntializaron que experiencias previas en otros cantones están marcadas por denuncias por lixiviados, malos olores y deterioro de la calidad de vida. Estas situaciones cuestionan la veracidad del discurso ambiental de la empresa, aseguran.
