María Marta Carballo propone aumentar la pena y eliminar la posibilidad acceso a beneficios penitenciarios para quienes incumplan medidas de protección.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.023) que pretende aumentar las penas de prisión por incumplimiento de medidas de protección fijadas bajo la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (Ley 8589), así como evitar quienes incumplas dichas medidas puedan recibir medidas de ejecución condicional de la pena.
Actualmente, el artículo 46 de la Ley 8589 impone penas de 6 meses a 2 años por incumplimiento de medidas de protección, lo que permite a los agresores evitar la cárcel mediante beneficios como la ejecución condicional. El proyecto propone aumentar la pena de 2 a 4 años de prisión y elimina la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios cuando se trata de reincidencia en casos de violencia doméstica.
El proyecto justifica la modificación señalando que el artículo 59 del Código Penal le permite el juez conceder ejecución condicional de la pena, cuando la pena del delito no exceda 3 años de prisión.
Es decir, si el agresor se acerca a la víctima, llama o viola cualquier condición impuesta, comete un delito penal. El problema es que en la práctica estas penas resultan irrisorias o poco efectivas. En Costa Rica, una pena de hasta 2 años normalmente es excarcelable, el condenado puede recibir beneficios como ejecución condicional de la pena, especialmente si es primario. Esto significa que muchos agresores que violan órdenes no ven consecuencias inmediatas ni severas".
Asimismo, el texto propone reformar el artículo 59 del Código Penal para excluir estos delitos del régimen de ejecución condicional, de forma que los jueces no puedan otorgar libertades anticipadas a quienes desobedecen órdenes judiciales de alejamiento.
Tras presentar el proyecto la diputada señaló:
Cada vez que una mujer es asesinada después de haber denunciado a su agresor, el sistema falla. Las medidas de protección no pueden seguir siendo simples papeles sin un valor real. La impunidad y la falta de consecuencias claras alimentan la violencia. Este proyecto busca romper ese ciclo. Una orden de protección debe ser un escudo, no una ilusión”.
Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.
