Colectivas feministas denuncian uso indebido de fondos públicos, falta de supervisión y debilidades estructurales en la estrategia contra la violencia hacia las mujeres.

Un grupo de organizaciones feministas dirigió una carta abierta a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitando la apertura de investigaciones administrativas y penales por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto Puntos Violeta, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) como parte de la estrategia gubernamental contra el acoso y hostigamiento sexual.

La solicitud se fundamenta en un informe de la Auditoría Interna del INAMU (oficio INAMU-JD-AI-074-2025, del 25 de abril de 2025), elaborado tras una denuncia ciudadana canalizada por la propia CGR. Según las organizaciones firmantes, el documento revela “improvisación político-técnica, uso ineficiente de recursos públicos y ausencia de controles efectivos” en la implementación del proyecto.

Dato D+: El resultado del informe de auditoría interno trascendió a la opinión pública tras una publicación en el Semanario Universidad titulada Durante la peor crisis de violencia femicida, Inamu ha gastado casi ₡535 millones “sin controles” en Puntos Violeta.

El contrato bajo análisis, tramitado mediante un procedimiento especial de urgencia, se adjudicó a la empresa PSICOMED S.A. para la prestación de servicios psicológicos en centros conocidos como Puntos Violeta. No obstante, el informe revela múltiples deficiencias en su ejecución: baja cobertura, falta de planificación territorial, servicios pagados pero no prestados y altos costos por atención individual.

Según el desglose presentado:

  • En promedio, se reportaron solo 9,5 atenciones mensuales por centro durante 16 meses de operación.
  • En algunos casos, se pagaron montos superiores a los ₡11 millones a sedes donde no se atendió a ninguna usuaria.
  • Un 65% de los casos relacionados con violencia contra las mujeres fueron referidos a otras unidades del INAMU, lo que, denuncian las personas firmantes, demuestra una limitada capacidad resolutiva del servicio tercerizado.

Las organizaciones también señalan que el proyecto no estuvo orientado a las formas de violencia más prevalentes en el país (como la violencia intrafamiliar o femicidios), sino a conductas menos frecuentes como el acoso callejero y el hostigamiento sexual, sin que existiera una justificación técnica sólida para esa priorización.

La carta acusa a la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, de incumplir su responsabilidad directa en la ejecución del proyecto, establecida por el Decreto Ejecutivo 43771-MSP-MJP-MTSS-MCM, y de haber continuado las contrataciones a pesar de conocer los informes sobre baja cobertura y desempeño.

Entre las acciones solicitadas a la CGR y la FGR se incluyen:

  • Investigar responsabilidades administrativas y políticas en el diseño, adjudicación y supervisión del proyecto.
  • Evaluar la legalidad de los pagos realizados a la empresa contratada por servicios no prestados.
  • Auditar los contratos legales paralelos y los gastos en publicidad asociados al proyecto.
  • Determinar la eventual comisión de delitos como enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.

La carta está firmada por representantes de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, Alianza de Mujeres Costarricense, Mujeres por Costa Rica, Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, CEFEMINA y ALAMUD, y fue remitida con copia a la Defensoría de los Habitantes y a diputadas que integran la Comisión de la Mujer y el Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa.