El caso reciente de las adjudicaciones de EBAIS ha consternado a todo el país. Se trata nada menos de la disposición de recursos públicos por montos millonarios, que impactan directamente el bolsillo de todos los costarricenses y el sistema de salud en su conjunto. Acá, un resumen de los hechos explicado de forma sencilla para procurar ayudar a entender mejor la magnitud del asunto.
Denuncia e investigación: los hechos
El proceso judicial versa sobre el proceso de licitación que la C.C.S.S. llevó a cabo para tercerizar la administración de los EBAIS en 10 áreas de salud del país. O sea, contratar a entes privados para que estos puedan brindar servicios de salud ampliando así los alcances de la Caja.
Previo a esta licitación, existía otra que había iniciado desde el 2021 y estaba prácticamente lista. Pese a existir dentro de la C.C.S.S, una unidad institucional técnica encargada de planificar y ejecutar licitaciones, la Junta Directiva, en febrero del 2023, eliminó la reglamentación anterior y creó una comisión integrada por tres directivos. Sí, los propios directivos que acordaron las adjudicaciones estuvieron a cargo de la confección de los carteles de licitación. Esta comisión anuló la licitación previa y dispuso iniciar una nueva. Esta otra licitación se lanzó en junio de 2023 y las ofertas se recibieron hasta el 2 de noviembre del año pasado. Participaron cuatro cooperativas (Coopesana, Coopesalud, Coopesain y Coopesiba), una asociación (Asemeco) y una clínica privada (Psicomed).
El 8 de abril de 2024, la Dirección Financiera Contable de la CCSS concluyó que ninguna de las ofertas cumplía con los requisitos de precio fijados. Las variaciones en costos de mano de obra, alquileres, materiales y suministros eran significativas, con aumentos que llegaban hasta el 585%. Se explicaba que la CCSS pagó en promedio en los últimos 4 años, 29 millones de colones con un crecimiento anual entre un 2 y 3%. Sin embargo, con los precios ofrecidos se estaría subiendo a más de 53 mil millones de colones por año sin representar una ampliación o mejora en los servicios. Como resultado, y considerando que los precios ofrecidos eran excesivos, la Junta de Adquisiciones recomendó el 8 de mayo, declarar la licitación como infructuosa o sea, no adjudicar.
Ante este criterio adverso, el 11 de mayo, la Junta Directiva solicitó formar un equipo financiero independiente para revisar los estudios de razonabilidad de precios. Esto provocó la presentación a la Junta Directiva de un informe extenso y detallado de más de 900 páginas con la conclusión de que los precios efectivamente eran excesivos. Algunos directivos se opusieron a ello alegando que habían costos adicionales que la CCSS no había considerado y otros en su lugar, advirtieron que las ofertas significarían un incremento injustificado de 21 mil millones de colones en los costos para la CCSS.
Entre tanto esto sucedió, hubo directivos que solicitaron cambios en beneficio de los oferentes tales como el hecho de ampliar el plazo de contratación a 10 años y bajar el monto de la garantía de cumplimiento, entre otros. En este ínterin se ha documentado y admitido reuniones privadas de directivos con representantes de algunas Cooperativas. Si bien ahora alegan que no se hablaba de las contrataciones, sabemos que en estos procesos estas conversaciones bien pueden prestarse para ventajas indebidas respecto a otros posibles oferentes que no tienen estos accesos.
Lo cierto del caso es que la Junta Directiva decidió, el 22 de junio, extender el plazo para tomar una decisión y conformar un nuevo equipo intergerencial que revisara los elementos necesarios para hacer una adjudicación. A pesar de que era todo un equipo el que debía rendir un informe, una sola persona, la señora María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, presentó por sí sola, el 5 de julio, un informe en el que recomendaba realizar la adjudicación a pesar de los criterios previos sobre precios elevados.
Al día siguiente de ello, o sea, el sábado 6 de julio a las 8 de la mañana la Directiva se reúne, y acoge la recomendación de Gutiérrez. De inmediato acuerda realizar las adjudicaciones. Esto se hizo bajo la figura de funcionario de hecho, ya que la Junta Directiva no contaba con quorum.
Guste o no guste. Eso son los hechos. Ahora bien. Entremos en materia de análisis y explicación.
El contexto
El problema no está en la figura de los EBAIS. En muchas áreas de salud han resultado de gran beneficio y permite dinamizar los servicios de la Caja.
El punto tampoco es que había que correr a tomar una decisión porque los servicios estaban suspendidos o había un inminente vencimiento del plazo. De hecho, nótese que se echó a la borda dos años del proceso licitatorio anterior para arrancar de cero en el 2023 con una nueva licitación, dejando de lado a la unidad especializada de la Caja para ello, y en su lugar se conformó una Comisión Ad-hoc formada por los propios directivos de la Caja que actuaron como juez y parte. Esto a su vez, tiene otros antecedentes relevantes que es lo que facilita que todas estas decisiones se hayan tomado en la forma en que se tomaron.
Después de la salida de Alvaro Ramos en la Presidencia Ejecutiva en setiembre de 2022 el Presidente Chaves, suspende indefinidamente a toda la Junta Directiva y en su lugar nombra a otros a su conveniencia. La nueva Directiva lo primero que hizo fue suspender el portafolio de inversiones en infraestructura haciendo eco de la falsedad dicha por el señor presidente, en cuanto a que la Caja estaba quebrada. Esto vino a suponer un primer traspié a la construcción del Hospital de Cartago pero también otras obras. La ilegalidad de la suspensión y los nombramientos fue sancionada por la Sala Constitucional, la cual ordenó la restitución de los directivos anteriores. Pese a ello, los directivos restituidos, al no ajustarse a los deseos del Ejecutivo, fueron presionados y poco a poco fueron renunciando hasta lograr una conformación de la directiva acorde a los intereses del gobierno. Recordemos que desde décadas atrás, al crearse la Caja, no se hizo como una dependencia del Ejecutivo, sino que para su efectividad y buena marcha se ideó como institución autónoma y que tuviera representación independiente de diversos sectores sociales. En esta administración y con las movidas indicadas, el Ejecutivo logró tener control sobre prácticamente toda la directiva y es bajo este contexto que se da la anulación de la licitación anterior, el arranque de la nueva licitación y su posterior adjudicación cuestionada.
Diferentes órganos independientes y técnicos de la Caja con criterios contables, financieros y jurídicos debidamente fundamentados, en una y otra ocasión concluyeron que los precios ofrecidos no es que eran un poco altos, eran excesivamente altos, desproporcionados e injustificados. Pero como quien quiere forzar el rumbo de las cosas, si se tienen criterios que no sirven a mis intereses, me consigo uno que sí me convenga y que diga lo quiero y necesito escuchar. Con tal propósito, se conforma una comisión intergerencial para que revise pero esta comisión no dictamina de forma consensuada, sino que lo hace una sola persona. La señora María de los Ángeles Gutiérrez Brenes suscribe un informe en la que sí avala los sobreprecios y es con base en este informe que la Directiva, se reúne al día siguiente, un sábado para realizar las adjudicaciones.
Paréntesis más que curioso aquí. El mismo día del informe de la señora Gutiérrez y un día previo a la adjudicación, el movimiento Cooperativo sale a la prensa a pronunciarse en favor de la mal llamada Ley Jaguar. Coincidencia dirán ahora. Cajita blanca para ellos. Los demás sabemos que no hay almuerzo gratis en estos tiempos.
Siguiendo con el análisis, la ley de Contratación Pública establece que los contratos son de 4 años. En este caso, los contratos se hicieron a diez años y hasta donde se sabe, no existe la debida justificación amparada al interés público que amerite este plazo tan extenso.
Por su parte, la sesión extraordinaria realizada al día siguiente del informe complaciente se realiza sábado a las 8 am. No es ilegal que se haga sábado pero sí es de notar que nunca la Directiva se había reunido un sábado. Más grave aún, no es que no había quorum, es que faltaba un miembro en la conformación de la Directiva por renuncia del representante del Ejecutivo. Para ello se recurre a la figura de hecho, pero esta figura solo se puede utilizar en situaciones de urgencia o necesidad apremiante que deban ser atendidas para evitar daños a los usuarios de la Seguridad Social o a la entidad. Esto no se da en este caso porque había continuidad en lo servicios y no era que los contratos vigentes estuviesen vencidos.
Como si lo anterior fuera poco, lo más grave de todo es que había no uno, sino varios informes técnicos financieros y jurídicos los que concluían que los precios eran exorbitantes y que no había ni ampliación ni mejora alguna respecto a los servicios actuales. No eran 3 pesetas. Se trata de un incremento anual de más de 12.400 millones de colones respecto al costo actual y esto por diez años. Tal vez tantos ceros nos hace perder la dimensión de lo que está en juego pero se trata de una cifra que hace que lo defraudado en el caso Caja Fischel sea algo mínimo respecto a esto. Y sí, es plata suya y mía.
¿Que la Administración Pública puede apartarse de criterios técnicos? Claro que sí pero nunca de forma antojadiza. Debe estar todo amplia y detalladamente justificado de que no se trataba de un precio excesivo sino a problemas de metodología u otros pero hasta donde ha trascendido, este no ha sido el caso.
A simple vista y de forma objetiva, a cualquier persona con un grado mediano de inteligencia le podrá parecer que aquí pueden haber hechos irregulares. Si su sesgo político no le permite ver algo sospechoso en ello, lo invito a hacer el ejercicio de repasar esos hechos imaginando que todo esto se da bajo el marco de un gobierno y funcionarios de Liberación Nacional o del PAC.
¿Hay delito?
Ahora bien, ¿quiere decir todo lo anterior, que han cometido delito? Dentro de nuestro Estado de Derecho esto sólo es algo que los jueces de la República pueden establecer después de un debido proceso. Lo que sí es cierto es que todos estos son elementos más que suficientes para encender las alertas y establecer investigaciones. Justo esto sucedió. La Auditoría interna de la Caja detecta las supuestas irregularidades, documenta y presenta denuncia a la Fiscalía. La ANEP por su parte hace también lo propio y la Contraloría General de la República también inicia investigación que trasladan al Ministerio Público.
Cuando esta relación de hechos de posibles delitos y con las pruebas aportadas llega a la Fiscalía, para esta no resulta opcional investigar y actuar. Es su obligación legal. Aunque no resulta agradable ver a seres humanos en una perrera, el O.I.J. y la Fiscalía tienen procedimientos y protocolos rigurosos establecidos nacional e internacionalmente que están obligados a cumplir y todo ello tiene su razón de ser. Algunos reclaman que no era necesario detener y que bastaba enviar una orden de citación. Pensemos que en casos tan complejos y delicados como estos, aún en la forma en que se hizo con detenciones y allanamientos simultáneos, se logró en apariencia borrar alrededor de 300 correos y archivos digitales. Solo imagínese lo que puede pasar si se hace de otra forma.
En todo caso, hay que entender que la Fiscalía por sí sola, ni en este ni en ningún caso, tiene competencia para realizar allanamientos. Para ello debe existir un aval previo por parte de un juez de garantías y por ende las actuaciones realizadas bajo este aval no constituyen abuso de poder o son arbitrarias o antojadizas.
Por ello, más que absurdo y risible, resulta irresponsable y cargado de mentiras e ignorancia lo dicho en defensa de doña Marta por parte del Presidente Chaves, la Ministra de la Presidencia y la diputada Cisneros. Se llegó a decir incluso, que no ha pasado nada porque a los EBAIS aún no se les ha pagado nada y que las adjudicaciones no estaban en firme cuando la realidad es que de las 10 adjudicaciones solo una no está en firme por estar en apelación lo que significa que ya las cooperativas adjudicatarias pueden alegar derechos adquiridos de buena fe, por los que el Estado tendría que responder.
Policialmente el caso ha sido denominado Caso Barrenador. Esto es en alusión al gusano que deteriora la salud desde adentro. Casualidad o no, lo cierto del caso es que lo sucedido con los EBAIS no es algo aislado en esta Administración Chaves y la Presidencia de doña Marta Esquivel. En los últimos dos años se ha dado un ataque sistémico a nuestra seguridad social a vista y paciencia de todos.
La férrea e injustificada oposición contra la construcción del Hospital de Cartago ha provocado la tristeza y desesperación de la población cartaginesa que con ansias y urgencia requiere las mejoras en la prestación de los servicios. La oposición del Gobierno resultó siempre en contra de criterios técnicos y así se resolvió, tanto así que el banderazo de salida se dio. La empresa adjudicada no obstante, por presiones y falta de cooperación del Ejecutivo optó por renunciar a la construcción lo cual fue celebrado por Gobierno y seguidores como si fuera bonito ser uno o tener algún familiar con graves dolencias y teniendo que dormir en el suelo en emergencias y sin poder ser atendido.
Las listas de espera lejos de disminuir en esta Administración se han disparado. Gerentes vienen y van como nunca. Más de 18 gerentes 23 directivos han desfilado. Nunca ha habido tanta inestabilidad en la Caja pero ni esto ni las listas de espera son una simple estadística. El resultado es que se trata de seres humanos costarricenses los que día a día se nos están muriendo a causa de una pésima gestión.
El personal de salud que hace guardias con sacrificio personal y de sus familias para garantizar a los asegurados un servicio continuo fue tachado de vagabundo por el presidente. Ellos y todo el personal de salud han visto deteriorados sus ingresos en los últimos tiempos todo lo cual ha disparado la fuga de talento hacia el sector privado lo cual va en perjuicio de la Caja y de todos nosotros. Para este próximo año le han quitado más de 450 mil millones de colones a la institución en su presupuesto, afectando tanto el Seguro de Salud como el Seguro de Pensiones. La deuda hoy de este Gobierno, (no de gobiernos anteriores) es de un billón de colones. La Asamblea Legislativa aprueba un empréstito internacional pero Nogui Acosta prefiere rechazarlo y perderlo porque la condición era que con él se le debía abonar un 15% para el pago de la deuda a la Caja.
Ante esto, ¿donde está la Presidencia Ejecutiva ejerciendo presión para movilizar al gobierno a que pague la deuda a la Caja? Esto no lo veremos en esta administración. Ella y una buena parte de altos funcionarios de esta administración no están por lo que saben o por su capacidad. Están porque no se oponen a los planes del jefe y hacen caso.
Tanto en Salud, Seguridad, en Educación como en los otros campos sociales la inversión que se hace en esta Administración es la mínima posible. Tardaremos décadas en recuperarnos de este daño. Lo social no importa. Lo que importa es lo privado, favorecer a grupos de poder. No es casualidad que en dos años nos hemos convertido en la Costa Rica más desigual de la historia; de las más desiguales de Latinoamérica y tal y como salió relucir recientemente, la más desigual de todos los países de la OCDE. Los que más tienen recursos podrán pagar por estos servicios de forma privada. Los demás simplemente no tendrán acceso y cada vez serán más pobres.
Que pecadito la señora de Purral que se creyó el cuento que esto era para acabar la corrupción y que iba a estar mejor. Tantas promesas incumplidas.
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