Borrado se hizo desde una terminal en el Hospital Max Peralta usando credenciales de un funcionario que está de vacaciones.

Un funcionario no identificado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habría eliminado correos electrónicos de un imputado durante una diligencia judicial relacionada con el caso Barrenador, según informó el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, esta mañana.

Según informó Zúñiga en declaraciones enviadas a la prensa, el 23 de septiembre de 2024 el Juzgado Penal de Hacienda inició un allanamiento en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la CCSS, para respaldar las cuentas electrónicas de los imputados en la investigación, delegada al Ministerio Público. Como parte del procedimiento judicial, las cuentas de los funcionarios involucrados fueron bloqueadas.

Sin embargo, el 25 de septiembre, un perito de la Sección Especializada de Cibercrimen del OIJ detectó errores en la sincronización de archivos durante la descarga de una de las cuentas de correo. La revisión reveló que se habían eliminado al menos 300 correos electrónicos y cuatro elementos en OneDrive de uno de los imputados.

El análisis técnico mostró que una de las cuentas de correo fue reactivada sin autorización judicial mediante el uso de las credenciales de un alto funcionario de la CCSS, quien no estaba en funciones al encontrarse de vacaciones. Las evidencias apuntan a que el borrado de los archivos ocurrió desde una terminal en el hospital Max Peralta de Cartago.

El OIJ indicó que este incidente confirma la necesidad de los allanamientos autorizados por un juez en el marco del caso Barrenador, en el que se investigan presuntos actos de corrupción en la adjudicación de cooperativas para administrar Ebáis en 10 áreas de salud. Las autoridades judiciales señalaron que citar a los imputados para que se presentaran voluntariamente a declarar, habría permitido la eliminación de pruebas, como sucedió en este caso.

Este tipo de acciones criminales orquestadas refuerzan la tesis del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial de que los allanamientos en el caso Barrenador eran totalmente necesarios, mismos que fueron avalados por un juez de la República y que no es posible en estos casos de presunta corrupción citar a los imputados para que se presenten a declarar a un despacho judicial ya que esto alertaría a todas las personas involucradas y podrían eliminar prueba como ya sucedió lamentablemente en este caso".

El organismo indicó que intentarán recuperar los archivos eliminados, y en caso de no contar con la tecnología necesaria, se solicitará asistencia internacional para evitar la impunidad en estos hechos.