La Fiscalía Anticorrupción rechazó la versión de la cooperativa y señaló que ve con preocupación que se esté revelando información que tiene carácter de confidencialidad.

Coopesalud R.L. reavivó este martes la controversia en torno al Caso Barrenador, al afirmar que la investigación que derivó en los allanamientos de septiembre del 2024 se basa en información contable manipulada dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Durante una conferencia de prensa, el abogado Sergio Castillo —defensor de la cooperativa— aseguró que un informe forense privado, elaborado por un exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirma la existencia de un “borrador original” del estudio de razonabilidad de precios que evidenciaría ahorros para la Caja y no sobreprecios, como sostuvo la Fiscalía.

Castillo afirmó que ese documento fue localizado entre los archivos digitales decomisados por el OIJ durante los allanamientos del 23 de septiembre de 2024 y que sus metadatos revelan su origen en el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS. Según la defensa, el documento habría sido modificado para eliminar los rubros que reflejaban ahorros y sustituirlos por ceros, creando así la apariencia de un sobreprecio en las ofertas de las cooperativas.

“Mientras el fiscal general decía en enero que ese documento era falso, la prueba ya estaba decomisada”, señaló Castillo, quien calificó de “falsa e irresponsable” la información divulgada por la Fiscalía a inicios de 2025. La cooperativa también sostiene que en el expediente judicial consta el borrador original del informe, lo que a su juicio demuestra que la prueba fue manipulada dentro de la Caja.

La versión de la Fiscalía

En respuesta, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) negó categóricamente que la investigación se base en manipulación de datos contables y rechazó que exista algún informe pericial del OIJ que respalde esa tesis.

El Ministerio Público indicó en un comunicado de prensa:

La información presentada por Coopesalud refiere a un borrador, y, según la Ley de Contratación Pública, toda la documentación que se incorpore al Sicop [Sistema Integrado de Compras Públicas] debe componerse de informes finales. Un borrador que omita variables exigidas no cumple con la ley”.

La FAPTA agregó que el estudio del Área de Contabilidad de Costos de la CCSS no ha sido desacreditado por ningún informe oficial y que ha sido validado por las instancias competentes de la Contraloría General de la República. También subrayó que el caso continúa en investigación, con prueba sólida que respalda la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

Finalmente, la Fiscalía rechazó las acusaciones de filtración de información y expresó su “preocupación” por la divulgación de detalles confidenciales del expediente por parte de una de las cooperativas investigadas.

Contexto del caso

El Caso Barrenador se remonta a septiembre de 2024, cuando el OIJ y la FAPTA ejecutaron 28 allanamientos y detuvieron a ocho personas, entre ellas la entonces presidenta de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez. La investigación gira en torno a un supuesto sobreprecio de 12.400 millones de colones anuales en la adjudicación de 138 Ebáis a cuatro cooperativas y una asociación médica: Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.

El proceso judicial busca determinar si integrantes de la Junta Directiva de la CCSS influyeron indebidamente en la decisión de adjudicar los contratos, pese a informes técnicos que advertían sobre precios excesivos. Las cooperativas, por su parte, sostienen desde entonces que los análisis contables de la Caja omitieron variables clave y que, de haberse considerado correctamente, habrían reflejado ahorros y no sobrecostos.