Fiscalía realizó 28 allanamientos y detuvo a seis altos funcionarios y exfuncionarios de la CCSS.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) coordinó 28 allanamientos como parte de una investigación por los supuestos delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias, seguida contra la Junta Directiva (JD) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del período de febrero del 2023 a julio del 2024.
Los trabajos operativos se ejecutan con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los que se dio la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, quien se presentó a la Delegación del OIJ en Pérez Zeledón.
En un comunicado a la prensa el Ministerio Público detalló que hasta el momento se encuentran detenidos seis altos funcionarios y exfuncionarios de la Junta, de apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
La mañana de este lunes el OIJ también allanó la casa de habitación de la jerarca de la CCSS como parte de los trabajos, confirmaron varios medios de comunicación
Además, también se investiga a la directora de proyectos de la institución, un ex gerente médico y un ex vicepresidente ejecutivo.
De acuerdo con la FAPTA, se trata de un caso en el que la junta asumió el conocimiento de un concurso público para la administración de 138 EBAIS, detalló el Ministerio Público en un comunicado a la prensa.
Se presume que los imputados anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.
Lo anterior a pesar de que se determinó que las ofertas presentadas por las cinco entidades eran excesivas, significando un incremento anual de más de 12,400 millones de colones respecto al costo actual de la prestación del servicio en ejecución en las mismas áreas de salud en igualdad de condiciones técnicas.
Es decir, que serían más costosos de lo que invertiría la CCSS si tuviera que asumir el servicio, explicó la Fiscalía.
Las autoridades judiciales presumen que miembros de la Junta Directa de la CCSS sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.
También se indaga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años, sin embargo, este se otorgó por 10 años.
Las áreas de salud adjudicadas el pasado 6 de julio son Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.
En este momento, los equipos de fiscales y policías trabajan en el registro de los inmuebles allanados, para localizar prueba que puedan incorporar al expediente bajo investigación 24-000267-1218-PE.
Investigación nace de una auditoria de la CCSS
El Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, detalló que la investigación que realiza la Fapta nace a raíz de una denuncia que presentó la propia auditoría interna de la CCSS.
El Fiscal indicó que los trabajos que realizan revisten mucha importancia ya que se están disponiendo de muchos recursos públicos, más de 12.400 millones de colones al año, que van afectar el bolsillo de los costarricenses así como el sistema de salud en donde considera que va a haber un detrimento al pagar precios excesivos.
Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en en curso".
Díaz Lobo agregó que el trabajo de la Fiscalía tiene el respaldo de la auditoría de la caja, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones y sus informes al respecto.
Además, puntualizó que cada uno de los fiscales del Ministerio Público que llevan el caso lo analizaron con detalle "y consideramos que el mismo tiene el sustento probatorio necesario para poder continuar el trámite respectivo y la investigación de los delitos que se han endilgado".
