Costa Rica, otrora la "Suiza de Centroamérica", se encuentra hoy ante una encrucijada que amenaza con desmantelar los cimientos mismos de su paz social. La reciente directriz (de momento verbal) del Ministerio Público, encabezada por el fiscal general Carlo Díaz, de priorizar la persecución del crimen organizado en detrimento de los mal llamados "delitos menores" o de bagatela, no es una mera estrategia de gestión administrativa. Es, en términos crudos, una reescritura unilateral del contrato social. Debo advertir que esta decisión, aunque nacida de una asfixia presupuestaria real y comprensible (que incluso ha llevado a sacrificar las vacaciones y sustituciones del personal del Ministerio Público), conlleva riesgos legales y sociológicos que podrían resultar más costosos que la criminalidad que se pretende combatir. ¿Estamos ante una estrategia de supervivencia institucional o ante la claudicación del Estado de Derecho frente al ciudadano de a pie?

La trampa de la "insignificancia" legal

Desde la óptica jurídica, la maniobra del Fiscal General se ampara en el artículo 22 del Código Procesal Penal, que regula los "criterios de oportunidad". La ley permite, efectivamente, prescindir de la persecución penal cuando se trate de un hecho "insignificante" o de "mínima culpabilidad". Sin embargo, la aplicación masiva y sistemática de este artículo para limpiar escritorios fiscales distorsiona su espíritu.

El criterio de oportunidad fue diseñado como una válvula de escape para casos excepcionales, no como una política pública de despenalización de facto. Al decidir institucionalmente que el hurto de un celular, el robo de una herramienta de trabajo o una agresión "leve" no merecen la atención del Estado, la Fiscalía camina sobre el filo de la navaja de la inconstitucionalidad.

La Sala Constitucional ha sido contundente en reiterados votos: el Estado no puede negarse a recibir una denuncia. Si bien la jurisprudencia admite que no toda denuncia debe terminar en juicio, exige una respuesta motivada. Un archivo masivo de expedientes, sustentado únicamente en la falta de recursos y no en el análisis del caso concreto, roza peligrosamente la denegación de justicia (Art. 41 de la Constitución).

El abismo criminológico: ventanas rotas y justicia salvaje

Si el análisis legal es preocupante, el diagnóstico criminológico es alarmante. La decisión de ignorar el delito menor ignora una de las lecciones más básicas de la criminología moderna: la teoría de las ventanas rotas.

El crimen no opera en compartimentos estancos. El delincuente que hoy roba un retrovisor y percibe impunidad, mañana escalará al robo con violencia. Al retirar la presencia del Estado de la conflictividad cotidiana, se envía un mensaje devastador: "en las calles, todo vale mientras no seas un capo del narcotráfico". Salvo que se trate de asuntos en flagrancia, pues en ese caso desaparecería la necesidad de esa jurisdicción, es decir, si una persona roba un atún en un gran supermercado y huye sin ser detenido, posiblemente ese hecho no sea investigado, sin embargo, si es detenido en flagrancia, será sometido en dicha jurisdicción, lo que convierte al sistema en “perverso”, pues esa selección está condicionada a sostener el “sistema”, es decir justificar su existencia a través de los “casos”.

Más grave aún es la ruptura del hilo de inteligencia criminal. En la criminología moderna, sabemos que el "delito menor" es a menudo la punta del iceberg de estructuras mayores. El vehículo robado (delito patrimonial) es el insumo para el sicariato (crimen organizado); la pequeña venta de droga es el flujo de caja de la organización transnacional. Al renunciar a investigar lo pequeño, el Ministerio Público se ciega a sí mismo, perdiendo la capacidad de conectar los puntos que llevan a los grandes jerarcas que dice perseguir.

La privatización de la justicia

Quizás el aspecto más corrosivo de esta política es la desigualdad que instaura. El Código Procesal Penal permite la "conversión de la acción pública en privada en algunos casos y el ejercicio de la acción penal a través del patrocinio letrado"; es decir, si la Fiscalía no acusa, la víctima puede hacerlo, contratando un abogado querellante.

Esto crea, en la práctica, dos sistemas de justicia: uno para quienes pueden pagar un abogado privado que defienda su patrimonio, y otro —el del abandono— para la clase trabajadora y las poblaciones vulnerables, quienes sufren desproporcionadamente los delitos callejeros. Cuando el Estado le dice al ciudadano "defiéndase usted solo", la respuesta histórica no es la resignación, sino el vigilantismo.

La percepción de impunidad es el combustible de los linchamientos y la justicia por mano propia. En un país ya saturado de violencia, con tasas de homicidios históricas, invitar a la ciudadanía a gestionar su propia seguridad ante la ausencia fiscal es jugar con fuego.

Conclusión: eficiencia o disparo al pie

No se puede negar la realidad: el Ministerio Público está desbordado y el crimen organizado exige recursos extraordinarios, como los que brinda la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO). Pero desvestir un santo para vestir a otro no es una solución sostenible.

La respuesta no puede ser el abandono de la víctima del delito común.

Si la estrategia del Fiscal General se consolida sin contrapesos, Costa Rica podría ganar algunas batallas contra los grandes carteles, pero habrá perdido la guerra más importante: la confianza de sus ciudadanos en que la ley existe para protegerlos a todos, no solo para perseguir a unos pocos. La priorización no puede ser sinónimo de impunidad selectiva; si lo es, el Estado habrá firmado su propia irrelevancia.

Urge la instauración en Costa Rica, de un Instituto de Política Criminal (Consejo), que como en otros países, pueda dar lectura y pauta, y que el Fiscal General a través de la construcción de una verdadera Política de Persecución Penal, pueda implementarla, no obstante, debe haber una correcta gestión del personal, del presupuesto y si este no existe hacer lo posible por visibilizar a los responsables de la crisis presupuestaria y de ejecución que sufre el Ministerio Público.

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