Así lo anunció Nogui Acosta a las jefaturas de fracción este jueves.
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles intentará zafarse del acuerdo firmado durante la administración Alvarado Quesada que destina 10% de los créditos de apoyo presupuestario a abonar a la histórica y gigantesca deuda que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y que tan solo en el último año aumentó en casi 21% hasta los 3.7 billones de colones.
Así lo anunció el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen durante la reunión de jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de este jueves, donde fue recibido para referirse al expediente legislativo 23.502, un préstamo de apoyo presupuestario entre Costa Rica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), uno por $250 millones de dólares y el otro por €100 millones de euros, respectivamente.
El Poder Ejecutivo había enviado ese préstamo al Congreso sin la partida del 10% dirigida a la Caja, lo que llevó a que durante su trámite en la Comisión de Asuntos Económicos se llegara a un acuerdo con el oficialismo para que el porcentaje dirigido a la Caja fuera del 30%. Sin embargo, posteriormente el gobierno incumplió su compromiso y presentó mociones para reducir el aporte al 10% o eliminarlo del todo, lo que ocasionó que a modo de represalia la oposición aprobara destinar el 40% del préstamo a favor de la Caja.
Durante su intervención este jueves Acosta intentó desligar al gobierno del cumplimiento de ese acuerdo señalando que el mismo se suscribió entre el Ejecutivo y la Caja en tiempos de pandemia, como modo de compensación a las inversiones económicas que la institución estaba haciendo con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, pero que ahora el actual gobierno no tenía por qué seguir atado a ese acuerdo.
"En medio de la pandemia, el gobierno anterior tomó la decisión de firmar un acuerdo con la Caja para darle recursos por lo que venía gastando para hacerle frente a la pandemia, y eso generó la firma de un acuerdo en donde el Ministerio de Hacienda transferiría el 10% de los créditos de apoyo presupuestario que se tramitaran en adelante y durante el 2020. Bueno, seguimos repitiendo una decisión que tomó un gobierno anterior de usar recursos, y yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos que tomar una decisión con respecto a si deberíamos estar haciendo esto y además de cuál es el costo para el gobierno de una decisión que no le competía".
Acosta amenazó meses atrás con renunciar al crédito en su totalidad si la oposición no eliminaba la transferencia a la Caja o reducía el porcentaje a 10%. Este jueves el ministro reiteró que el gobierno está dispuesto a avanzar con el crédito en el tanto se elimine la transferencia a la Caja, o esta se mantenga en 10%, alegando que "le cuesta 2400 millones de colones al gobierno esa decisión".
"La pregunta es si ustedes quieren mantener la posición que hoy está de darle el 40% o no ¿Cuál es el problema que tenemos? No solamente es inviable darle esos recursos a la Caja, sino que también significaría que estamos haciendo una reforma tácita del presupuesto de la República, porque estamos incorporando recursos que no estaban a la aprobación en noviembre del 2023", alegó el ministro.
Acosta sumó a ese detalle el que la Agencia Francesa de Desarrollo envió a inicios de este mes una nota advirtiendo que la fecha máxima de aprobación del crédito por parte del Congreso es el 16 de junio, pues caso contrario, no se podrá cumplir la fecha límite de desembolso y por lo tanto ellos retractarán el crédito a Costa Rica.
"Venimos aquí a apelar una decisión que tenemos que tomar como país de si queremos este crédito o no. Y ahí es donde yo vengo a decirles a ustedes, señores diputados, que devolverlo a comisión no es viable porque no vamos a poder darles más de un acuerdo que no le correspondía a este gobierno. Y número dos, que tenemos una fecha límite para tomar la decisión de si vamos adelante con los créditos o no".
Oscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción de Liberación Nacional afirmó que su bancada está dispuesta a que se modifique el porcentaje dirigido a la Caja y que no sea del 40% actualmente fijado en el proyecto, y reconoció que Acosta lleva razón en cuanto a los plazos cortos para tomar una decisión, sin embargo, advirtió que no están de acuerdo con reducir al 10% el porcentaje a favor de la Seguridad Social.
"Aquí la única opción es o oírse por un extremo, o irse por el otro extremo que es 90-10, sin embargo yo creo que hay luz en buscar un punto de entendimiento, que es votando una moción y luego retrotraerlo y... pero previo a eso, llegar a un acuerdo, un punto de entendimiento, que no sea ni 60-40 ni 90-10. Si logramos ese punto de entendimiento: votamos, lo retrotraemos con el acuerdo de que vamos sobre ese punto de entendimiento", dijo Izquierdo.
José Pablo Sibaja, jefe de fracción de Nueva República dijo que su bancada "ve con buenos ojos" reducir el aporte al 10%, pero que estaban dispuestos a sentarse en la mesa de negociación cuanto antes para poder discutir el tema.
Sin embargo, el ministro Acosta volvió a intervenir para indicar que el gobierno no podía negociar porque se estaban apegando a un acuerdo que no fue firmado por la actual administración, y de seguido, envió un aviso claro de que el gobierno no enviará más créditos de apoyo presupuestario con la transferencia del 10% a favor de la Caja.
"Nosotros no podemos negociar. Estamos apegándonos a un acuerdo que se firmó no por este gobierno. Nosotros no vamos a mandar ningún crédito de apoyo presupuestario hacia futuro que tenga ese convenio por dos razones: la primera es porque hoy le pasamos 700 mil millones de colones a la Caja todos los años".
Acosta afirmó que en junio el país tendrá aprobados otros 500 millones de dólares en apoyo presupuestario, lo que implicaría 50 millones de dólares más a la Caja, lo que hará que siga creciendo "el fondo" para pagar la deuda del Estado. Asimismo, con otro crédito de $410 millones que tienen vislumbrado próximamente, tendrían que redirigir $41 millones a favor de la Seguridad Social.
"Este año estaríamos aprobando 91 millones de dólares, eso es lo que estaría incrementándose. Ampliar esto tiene dos consecuencias. ¿Vamos a seguir en esa dirección? O sea, ¿le vamos a decir a la Asamblea Legislativa que la aprobación del presupuesto que se hace después del análisis de los diputados se puede modificar a través de modificar créditos de apoyo presupuestario? Porque estamos creando una nueva partida y le estamos dando contenido más allá de lo que está, y estamos quitándole financiamiento a algunas partidas que ya están dentro del presupuesto de la república. Ese es el problema que tenemos con esta forma en la cual estamos decidiendo modificar los presupuestos", agregó el jerarca.
La diputada María Marta Carballo, jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana le dijo a Acosta que si bien su partido desea que se avance con el crédito y que reconoce que el acuerdo Estado-CCSS no se firmó durante la actual administración, le recordó que sí hay un "interés generalizado por parte de la Asamblea Legislativa" en darle continuidad a los pagos a favor de la Caja.
"La deuda con la Caja es grande y por más que haya una propuesta para ir avanzando, siempre se queda corta en la magnitud de la deuda que hay".
Al consultar Carballo sobre las "líneas rojas" del gobierno en la negociación, Acosta insistió que lo más que están dispuestos a ceder es el 10%.
Finalmente el diputado Antonio Ortega del Frente Amplio recriminó la poca claridad en las posiciones del Ejecutivo pues Acosta había llegado a expresarse en contra de que el crédito fuera devuelto a la Comisión de Asuntos Económicos, mientras que sus voceros legislativos más bien estaban impulsando ese mecanismo.
"Referente al porcentaje y a la negociación, está bien que se deba negociar o se deba cuestionar, pero hay un espíritu de una comisión y de diputadas y diputados que ponen un porcentaje con respecto al tema que se debe pagar a la Caja. Como dice la diputada Carballo, el Estado le debe muchísimo a la Caja y por lo menos de parte de mi fracción no vemos 'grave' que se le pague más a la Caja, tomando en cuenta que no es que se está tirando a un canasto, se está invirtiendo en Seguridad Social y sabemos lo que eso implica para la paz social y para la soberanía y para la salud y para la estabilidad social de los costarricenses", dijo Ortega.
Arias finalizó la participación del ministro en la reunión indicándole que ese no era el espacio para entrar en los pormenores y negociaciones, sino que era nada más para escuchar la posición del Ejecutivo y la advertencia respecto al plazo para tener aprobado el crédito.