Si Hacienda no le gira los recursos a la CCSS, no podrá usar el 60% restante del préstamo.
La mayoría opositora de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa aprobó cobrarle al oficialismo el haber incumplido un acuerdo previo respecto al porcentaje de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa de Desarrollo que sería destinado a abonar a la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El foro legislativo conoció este martes por la tarde el expediente 23.502 que contiene dos préstamos por un total de $400 millones dados por el BID y la AFD como "premio" a Costa Rica por los resultados del Plan Nacional de Descarbonización durante la anterior administración, y en medio del trámite de mociones de fondo aprobaron una enmienda impulsada por Liberación Nacional y el Frente Amplio con el fin de aumentar el porcentaje del crédito destinado a abonar a la deuda del Estado con la Seguridad Social.
Monserrat Ruiz Guevara, diputada del PLN y quien firmó la moción junto a Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio, recordó que el porcentaje que se había acordado con el oficialismo era que un 30% del préstamo iría para la deuda de la CCSS, sin embargo, semanas atrás la representación del Ejecutivo en dicha comisión presentó mociones para reducir el porcentaje a 10% y otra para eliminarlo del todo.
El Ministerio de Hacienda alegó que para que el crédito fuera "viable" el porcentaje debía reducirse, sin embargo, cuando la Comisión le requirió que presentara las razones técnicas formales para reducir el monto, el silencio fue la respuesta recibida. Ruiz dijo:
Presento esta moción para lograr un porcentaje que mejore las condiciones de pago a la Caja ya que la respuesta del ministro fue que, prácticamente, que el préstamo se daba en condiciones en las que él quisiera.
Las legisladoras representantes de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Nueva República aprobaron la enmienda, la cual no solo pasa el porcentaje destinado al abono de la deuda con la Caja de un 30% a un 40% del crédito, sino que además, le impone una condición a Nogui Acosta: primero deberá entregarle a la Seguridad Social el porcentaje ahora fijado, pues caso contrario no podrá usar el 60% que le dejó la comisión al Ejecutivo.
Ruiz Guevara agregó:
Si no se le paga a la Caja ese 40%, no se le desembolsa el otro 60%. Esa es una posición que habíamos hablado en otras circunstancias con otros porcentajes, pero dado que no hubo ni siquiera interés en presentar las proyecciones e indicadores, por eso veo con mucha más razón hoy condicionar estos porcentajes y darle más a la Caja.
Por su parte la jefa del FA, Sofía Guillén Pérez reiteró que el acuerdo inicial era destinar el 70% del crédito al pago de deuda interna y externa y el 30% restante a la Caja, pero el Ejecutivo a través de sus representantes en el Congreso lo incumplió bajo motivos que nunca logró justificar.
Le pedimos que nos enviara un criterio formal y no la envió porque no existe. Hacienda simplemente no le quiere girar recursos a la Caja. Nogui no tiene problema en pagarle a los prestamistas internos y externos, pero pagarle a la Caja: jamás. Y eso es lo que termina de enojarnos como comisión porque demuestra no solo un desdén del ministro de Hacienda con la obligación constitucional de que el Estado financie a la Caja como tiene que ser, y su obligación legal como patrono de pagar las cuotas, sino que además evidencia un desdén por una institución que ha sido medular en el desarrollo social de Costa Rica y hoy está en claro ataque del Gobierno. (...) Se acabaron las ambigüedades y se acabó esperar su buena voluntad. Nos hartamos de esperar su buena voluntad, ahora ya no es optativo.
Guillén resaltó como aspecto positivo el ultimátum condicionante que tiene la moción aprobada, que obligará a Hacienda a girar los recursos a la Caja bajo pena de no poder usar el resto del préstamo, al tiempo que llamó a otras comisiones que analizan créditos a emular ese tipo de acciones ante la desobediencia de Hacienda de girar los recursos.
"Se acabó. No es si quiere girarlo o no. Si quiere usar el otro 60%, tiene que girarle la plata a la Caja. Usted decida qué es lo más responsable, a estas alturas ya es demasiada la burla", espetó Guillén.
El diputado del Partido Liberal Progresista, Gilberto Campos Cruz se opuso a la enmienda citando que si persistía la incapacidad política de consensuar la deuda entre Hacienda y la CCSS, los recursos se quedarían sin utilizar hasta que terminara el gobierno, pagando tasas de interés.
La diputada Kattia Rivera Soto del PLN afirmó que los argumentos de Campos eran realistas pues la actitud del gobierno era no pagarle a la Caja, pero que el condicionante que se estaba imponiendo era el mecanismo que tenía la Asamblea Legislativa a la mano para aportar al pago de la deuda.
Por su parte la diputada Vanessa de Paul Castro dijo que para el PUSC el tema de la Caja era importante y que se debían generar acciones para garantizar la sostenibilidad de un sistema que beneficia a muchas personas y que está dirigido a quienes no tienen acceso a servicios de salud privados.
Cuando no se responde a la deuda con la Caja se le fallan a las personas, se le falla al sistema que permite que las personas tengan un poquito de justicia social. La Caja es una de esas transformaciones que se dieron en el pasado que hicieron que resguardemos nuestra democracia sólida.
Castro afirmó que la moción aprobada se quedaba corta pues ella destinaría el 100% al pago de la deuda con la Caja, pero que era una señal más de la Asamblea Legislativa de que se necesitaba atender el tema, y que mocionaría con ese fin cuando el proyecto llegue al Plenario.
Olga Morera Arrieta, diputada de Nueva República dijo que apoyaría la moción porque cuando un ser humano es afectado en la salud y acude al sistema, necesita una atención de calidad.
La salud de la gente no es negociable y para Nueva República la gente es primero.
El oficialista Waldo Agüero Sanabria se sumó al liberal Gilberto Campos en votar en contra la moción, aunque no hizo uso de la palabra para defender la posición del Ejecutivo.