Gobierno traslado información contra cinco directivos y expresidente de la Caja, Álvaro Ramos Chaves, ante el Ministerio Público

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel Rodríguez, anunciaron el día de hoy la decisión del Consejo de Gobierno de suspender a cinco directivos de la Junta Directiva de la Caja por aparentes irregularidades en la toma de decisiones en contra de la sostenibilidad de las finanzas de la Caja, así como potenciales conflictos de intereses e incumplimiento de requisitos al momento de realizar un nombramiento. La suspensión de los cinco directivos es con pago de dietas mientras se completa el procedimiento disciplinario en su contra.

Al respecto, el presidente Chaves señaló:

El Consejo de Gobierno, en vista de irregularidades claras, conflictos de intereses, y el potencial de delito penal, ha decidido suspender de sus cargos a cinco miembros de la Junta Directiva de la CCSS, abrirles órganos directores, es decir, órganos que juzgan los hechos que doña Marta va a reportar, para la sanción administrativa correspondiente, la cual se determinará, pero lo estamos suspendiendo de manera inmediata de funciones como miembros de la Junta Directiva de la CCSS”.

Según indico Chaves se acordó enviar el caso al Ministerio Público para que inicie una investigación en la vía penal por los eventuales hechos delictivos en los que pudieron incurrir los citados funcionarios. En esta denuncia se incluye al expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos Chaves.

Las denuncias

Según anunció la presidenta de la Caja, la suspensión de los directivos responde a tres irregularidades encontradas. En primera instancia Esquivel acusó a los directivos de incumplimiento de deberes “por haber omitido la valoración actuarial y criterios técnicos que debieron tomarse en cuenta, y la política salarial que se venía siguiendo en la institución”.

Al respecto, Esquivel señaló:

El criterio actuarial en materia de seguros es la norma técnica que rige en toma de decisiones, cuando se toma el acuerdo de ajuste salarial se toma el acuerdo de revisar el portafolio de inversiones, es decir, la CCSS va a tener que tomar decisiones para frenar inversiones si no queremos entrar en números rojos a corto plazo”.

La otra denuncia corresponde a el conflicto de intereses por parte de cinco directivos, al haber acordado descongelar el aumento salarial del 2020 teniendo familiares directos que trabajan en la Caja y se vieron beneficiados por ese aumentó. Esquivel aseguró que eso representa un conflicto de intereses y que lo correcto era que que esos directivos se abstuvieran de participar de esa votación, cosa que no sucedió.

Según informó La Nación en un reportaje del periodista Diego Bosque publicado el pasado 26 de octubre los directivos con familiares que trabajan en la Caja que participaron de la decisión de descongelar el aumento salarial del 2020 son:

  • José Luis Loría Chaves, representante de las cooperativas, con cinco parientes, incluyendo su hija y cuatro sobrinos.
  • Martha Rodríguez González, representante de los sindicatos, con cuatro parientes, incluyendo su hijo, dos hermanas y un hermano.
  • Jorge Arturo Hernández Castañeda, representante de los patronos, con dos parientes, ambos sobrinos.
  • Carlos Salazar Vargas, representante del Poder Ejecutivo, con una hermana.

Adicionalmente, a tres directivos se les señala de conflictos de intereses por haber participado decisiones en contra del salario mínimo inembargable, siendo miembros de organizaciones financieras que se beneficiaban de esas decisiones, por lo que Esquivel aseguró que “se evidencian conflictos de intereses de tres miembros de la Junta Directiva según lo que hemos podido investigar”. La presidenta de la Caja no detalló quienes eran los tres directivos involucrados en ese caso.

Por último, Esquivel señaló haber encontrado, también, irregularidades en el nombramiento de Gilberth Alfaro Morales como gerente administrativo, siendo que Alfaro es abogado de profesión. Al respecto Esquivel señaló:

Se hizo un nombramiento de un director jurídico como gerente administrativo, aún y a pesar de que en documentos de la misma institución se señalaba que el director jurídico no cumplía requisitos para que le cargo de gerente administrativo. Está contenido en un informe de auditoría de la institución, donde se determina que la misma JD para el puesto había señalado que quien ocupara el cargo debía además de los requisitos profesionales que no eran de abogado, debidamente incorporado al Colegio de Ciencias Económicas. Allí [en el Colegio] también se conoce una denuncia por este mismo tema, y a la Junta Directiva tendrá que anular ese acuerdo”.