Casa Presidencial anunció que la destitución de Álvaro Ramos es por descongelar el aumento salarial del 2020,

Casa Presidencial anunció la noche de hoy la salida de Álvaro Ramos Chaves, como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que el presidente, Rodrigo Chaves Robles, tuviera una discusión con Ramos sobre el aumento salarial aprobado por la junta directiva de la institución.

Desde Casa Presidencial anunciaron que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, estará asumiendo la Presidencia Ejecutiva de la Caja, una vez sea nombrada por el Consejo de Gobierno.

A pesar del anuncio de Casa Presidencia, el presidente de la República no tiene la potestad de destituir al presidente ejecutivo de la Caja, ya que esto es competencia exclusiva del Consejo de Gobierno, según se señala en el inciso c, del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que tanto la destitución de Ramos como el nuevo nombramiento de Esquivel deberán ser acordados por ese órgano en su próxima sesión.

Desde Delfino.cr se consultó a Casa Presidencial si Ramos había presentado su renuncia al cargo para oficializar su salida antes de la próxima sesión del Consejo de Gobierno, pero no se ha recibido respuesta.

Adicionalmente, se anunció que Luis Paulino Mora Lizano, quien se desempeñaba como viceministro de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo, estará asumiendo esa cartera.

El aumento del 2020  descongelado por la CCSS

El pasado 8 de setiembre la Junta Directiva de la Caja, presidida por Ramos, anunció que aplicaría un ajuste salarial correspondiente al incremento por costo de vida para el 2020, ajuste que el Poder Ejecutivo había congelado en abril de ese año por motivo de la Emergencia Nacional por COVID-19.

Debido a que se trataba de un aumento congelado temporalmente,  la decisión de la Caja fue retroactiva y de aplicación a todas las personas funcionarias con salarios por debajo de los 4 millones.

El aumento se otorgó el primer semestre del 2020, cuando todavía el país no estaba en el escenario más restrictivo de la regla fiscal —donde la relación deuda-PIB supera el 60%— que prohíbe realizar ajustes salariales (a la base o a incentivos) por costo de vida. La suspensión de ese ajuste salarial, que se dio en abril del 2020, está impugnada en estratos judiciales, y eventualmente tendría que ser reconocido en todo el sector público, por lo que es una partida incluida en el presupuesto de todas las instituciones, mientras se resuelve el tema.