Ministro de Agricultura conversó con Delfino.cr sobre la situación de los plaguicidas en Costa Rica.
Costa Rica tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura, ronda en promedio los 34.45 kg de ingrediente activo por hectárea al año, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esto lo ubica por encima del promedio de países americanos miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Los plaguicidas que se utilizan en el país son, en su mayoría, de alta peligrosidad, tanto para la salud humana como para el ambiente. Por ejemplo, en Cipreses de Oreamuno, Cartago, la contaminación de dos acueducto rurales con el agroquímico Clorotalonil tiene a unas 10 mil personas recibiendo agua potable en cisterna desde octubre de 2022.
El informe del PNUD destacó que el alto uso de estos productos está relacionado con la falta de investigación y acompañamiento del Gobierno con los productores.
Como respuesta a este problema la administración Chaves Robles, a través de su Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) estima que para febrero de 2025 que entre el 50 y 60% de los agroquímicos que están hoy en el mercado, no van a seguir estando autorizados.
Apuntando a las administraciones pasadas como los principales responsables del rezago del país en el registro y manejo de plaguicidas, el ministro del MAG, Víctor Carvajal Porras, y el director del Servicio Fitosanitario del Estado, Nelson Morera Paniagua, conversaron con Delfino.cr sobre el tema.
El director del Servicio Fitosanitario del Estado, Nelson Morera (rojo), y el ministro del MAG, Victor Carvajal Porras (saco), conversaron con Delfino.cr por cerca de dos horas. Fotografía: Beatriz Sánchez Jarquín.
Decreto para homologar y actualizar ¿La solución?
A través del decreto ejecutivo N.° 43838, _RTCR 509:2022, firmado en diciembre de 2022 y que empezó a regir en febrero del presente año, el Gobierno busca reducir el tiempo que tarda la inscripción de nuevos componentes importados para los agroquímicos, abaratar el precio de las sustancias y buscar que tengan menor toxicidad y contaminación en el ambiente.
El país llevaba 21 años sin poder registrar nuevas moléculas más eficientes. Con ese mandato, Costa Rica aceptará registros de Ingrediente Activos Grado Técnico (IAGT) que hayan sido emitidos por otros países miembros de la OCDE.
Dato D+: El IAGT es el elemento fundamental que aporta los componentes químicos y el producto formulado es el agroquímico tal como se vende en el mercado y se utiliza en el campo.
Para el jerarca del MAG los estándares internacionales en el registro de moléculas para uso agrícola han subido mucho, por lo que poder seguir los caminos de la OCDE es acercarse a las naciones a las que Costa Rica se quiere parecer.
Yo creo que el supuesto aquí es que las nuevas moléculas, las nuevas tecnologías, hacen que los agroquímicos sean más eficientes, menos contaminantes y que generen un efecto mejor en la plantación y ayuden a la producción. Nos fuimos por la homologación de registros con OCDE y adherentes".
Carvajal Porras explicó que la homologación de los formulados, significa también que las empresas deban hacer público un componente que es como "una receta del producto" que tiene propiedad intelectual.
En esto el ministro señaló que hay más complicaciones debido a que están en manos de un tercero, por lo que no tienen control de la situación. Ejemplificó: "Si usted fuese el dueño de la empresa Coca Cola... ¿le daría la receta a un socio suyo en otro país para que presente esa receta y le den el registro?".
Entonces Bayer o Syngenta, tienen que traer esa información que presentaron por primera vez ante Estados Unidos o ante otro país OCDE, certificar todo lo que ellos presentaron allá y traérnoslo. Con la declaración jurada y todos los trámites que requieren es un legajo de expedientes muy grande y una carga documental importante, y entonces nosotros vemos eso lo analizamos y otorgamos el registro o no".
Es decir, una vez que Bayer o Syngenta registren ese IAGT, las empresas formuladoras de agroquímicos génericos podrán utilizar esa información.
Actualmente detalló que tienen dos productos formulados registrados. Hay otro que está en una fase de apelación porque la empresa matriz dijo que no quiere que su producto se utilice como un perfil de referencia.
El ministro señaló que cuando en el 2009 se aprobó la la ley 8702 (Ley de trámite de las solicitudes de registro de agroquímicos), el 100% de los productos registrados y con permiso del SFE se vieron envueltos en un monopolio de información que se prolongaba por 10 años, ya que no se podía conocer cuál era su composición y por ende no se podían generar productos genéricos.
Por tanto, si una empresa registraba un IAGT por primera vez en el país, el Gobierno le otorgaba 10 años de protección de datos de pruebas. Esto quiere decir que no se pueden hacer genéricos y al no surgir genéricos los costos internamente son mayores.
El MAG ahora busca que si se registra en el país un producto, que tiene tiene siete años de haberse aprobado en el país de origen, entonces se le reconocerán tres años de protección de datos.
A su vez la cabeza de la cartera de Agricultura y Ganadería, indicó que en el decreto mencionado se obliga a hacer una actualización de todos los productos. Esto para que todos tengan los estudios de impacto ambiental, estudios toxicológicos y pruebas de eficacia.
El decreto ejecutivo N.° 43838, _RTCR 509:2022 fue firmado en diciembre de 2022 y empezó a regir en febrero del presente año. Imagen ilustrativa.
El jerarca criticó que con la ley aprobada en 2009 se permitió el registro de casi 1800 agroquímicos sin realizarles las pruebas señaladas de previo y con registro permanente.
Hacer esas pruebas de previo es un reto para el MAG debido a que en Costa Rica hay más de 3000 fitosanitarios registrados. Todos esos registros debe de actualizarlos para febrero de 2025.
Carvajal Porras considera que una serie de productos van a quedar fuera del mercado, no por un tema de contaminación sino por un tema comercial. A su criterio las empresas descontinuarán sus artículos viejos e introducirán nuevos para tener presencia en el mercado y tener la protección de datos nuevamente.
Dato D+: El decreto decreto ejecutivo N.° 43838, _RTCR 509:2022 no otorgará protección a una entidad química que se encuentre en un registro o autorización que se haya otorgado previamente en Costa Rica. Los registros de agroquímicos nuevos, que sean solicitadas en el país tendrán un periodo de protección de 10 años a partir del momento del registro en el país.
Según nuestras proyecciones, entre el 50 y 60% de los agroquímicos que están hoy en el mercado, no van a existir más".
A la consulta, de este medio de comunicación de si se trata de los plaguicidas más contaminantes, Carvajal Porras respondió que no hay certeza de esto.
Pueden ser los más tóxicos, pero también puede ser que por un tema comercial, a mí no me sirva autorizar para que otros tengan la información porque al final si yo traigo la información todos van a poder competir, entonces mi margen de ganancia va a ser muy bajo. Prefiero no traerlo y meterlo en una que tenga protección de datos de prueba para que no vaya a haber genéricos. También los meto a ellos (empresas) en en una cosa complicada".
La cabeza del SFE, Moreira Paniagua, no cree que los agroquímicos sean malos. Argumentó que su mal uso es lo que hace que puedan ser perjudiciales para la salud y para el ambiente. Para estos que pueden ser más nocivos, la carga química para su aplicación debe ser menor.
"Alérgico" a las prohibiciones
Pese a que el decreto oficializado en febrero pasado permite prohibir el uso de plaguicidas que ya estén prohibidos en al menos el 80% de los países que integran la OCDE, en la entrevista el ministro de Agricultura y Ganadería se calificó como "alérgico a las prohibiciones".
Puede ser que yo diga claro, yo quiero parecerme mucho a Europa y prohibir tal cual prohíbe Europa, pero Europa da subvenciones y subsidios muy fuertes a la agricultura que nosotros no damos. Si nosotros nos vamos a poner a competir tu a tu, no vamos a poder".
En marzo de este año las autoridades sanitarias de Alemania emitieron una alerta a los consumidores por la presencia del plaguicida Clorotalonil en melones costarricenses que llegaron a los Países Bajos el pasado 13 de febrero.
Los europeos calificaron el hecho de grave por considerar que el “Clorotalonil es cancerígeno” y fue encontrado en una proporción de 0,08 mg/kg – ppm, cuando su Límite Máximo de Residuos (LMR) es del mínimo detectable 0,01 mg/kg – ppm.
Para ambos jerarcas esto no habría generado ningún problema si los melones estuvieran en el país o en Estados Unidos (EE.UU.). Ese país norteamericano y Europa son los dos grandes mercados agrícolas de exportación. En el caso de Estados Unidos es más flexible pues acepta hasta 5mg/kg.
Dato D+: Según la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), durante el 2021 Costa Rica exportó $3.041 millones en productos agrícolas, entre los que destacaron piña (38%), banano (28.5%), café oro (10.2%), otros frutos sin cocer congelados (5%), yuca (4.5%), plantas ornamentales (3.5%), flores y capullos (2.9%), chayote (1.1%), semillas de plantas herbáceas (0.9%) y las demás hortalizas frescas o refrigeradas (0.8%).
Morera Paniagua comentó que hay muchos en el sector ambientalista que ven la prohibición con base en lo que está prohibido en Europa. Pero que antes de esta patrón deberían hacer un análisis de riesgo (ambiental, toxicológico, económico, social y agronómico) y una vez hecho tomar la decisión.
Victor Carvajal Porras asumió el MAG el pasado 9 de setiembre de 2022. En esta entrevista mencionó que encontró un ministerio "sumamente contaminado", rezagado y al que calificó como un "desastre" tema del registro agroquímico. Fotografía: Beatriz Sánchez Jarquin.
Recordó que no se trata de prohibir a la ligera porque las condiciones agroambientales de Europa no se pueden comparar con un país tropical como Costa Rica. "Nosotros no podemos prohibir por prohibir, tiene que haber un análisis amplio". El ministro agregó que eso podría significar una cantidad de despidos en el sector agropecuario muy fuerte.
Carvajal Porras reflexionó "¿por qué yo soy tan alérgico a las prohibiciones? Prohibir te cercena completamente la posibilidad de utilizar un producto en caso de emergencia, por dar un caso". Puso el ejemplo de una plaga de hormiga loca que enfrentan al menos 12 cantones del país. Se trata de una hormiga pequeña, rojiza, nativa del Amazonia de Brasil, capaz de afectar cultivos por la simbiosis con otros organismos plaga, así como atacar animales domésticos y silvestres.
Uno de los agroquímicos que se utiliza para controlar esta plaga es el Fipronil. Es un plaguicida ya conocido que está asociado a la muerte de abejas en el país. Compartió que con un "taquito" de Fipronil en un hormiguero se controla la plaga y no se matan abejas.
A mí me dicen ¿por qué no lo prohibimos? Estamos haciendo todos los estudios para eso, pero el Fipronil es un insecticida muy efectivo. Pero que es tan efectivo que, por ejemplo, si usted lo aplica cuando un fruto está floreando, pues mata las abejas que están polinizándolo".
El pasado mes de mayo la Cámara Nacional de Apicultura volvió a exigir al Gobierno de la República la prohibición inmediata del uso agropecuario del Fipronil. La cámara ya había enviado la solicitud desde el 7 de abril de 2021, ante los entonces encargados de Salud, Agricultura y Ambiente, de la administración Alvarado Quesada. Luego de más de dos años, sin embargo, siguen sin una respuesta positiva.
Esa petición se une a criterio de distintas instituciones que han recomendado sacar del mercado el plaguicida. La Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) recomendó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la cancelación del producto. Mientras que la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA). y el Centro de Investigación de Apícolas Tropicales (Cinat-UNA), habían urgido a la decisión.
El ministro Carvajal Porras aseguró que el sector apícola les ha dado a conocer la baja drástica de abejas, por lo que tanto él como el presidente Rodrigo Chaves Robles, se comprometieron a una solución para este año. Justificó que buscarán el equilibrio. Es decir, que cuide a las abejas, pero también pueda utilizarse el producto en algunas épocas del año, por ejemplo.
El otro fitosanitario que ha estado bajo la lupa ha sido el Clorotalonil. Además de la polémica por los melones en Alemania, recientemente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (conocida como la Sala IV) condenó al Estado por la mencionada situación de la contaminación del plaguicida en dos nacientes de agua en Cartago.
Ese fallo se sustentó en un informe emitido por Acueductos y Alcantarillados, y los ministerios de Salud y Ambiente, en el que recomendaron la prohibición del producto. Asimismo, el Tribunal ordenó que en el plazo de seis meses se adopte lo dispuesto en ese documento técnico, para garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas.
Al respecto, el líder del MAG compartió que no fueron parte del proceso de consulta y que le pareció curioso que la Sala no se acercara al SFE para profundizar. Afirmó que entiende que en esta zona de Cartago hay problema y esperan tener soluciones para final de año.
Queremos hacer algunos estudios para dimensionar un poco la posible afectación. Yo sí creo que en la zona donde ya se materializó riesgo hay que tomar acciones drásticas".
Continuó:
Con la ministra de Salud y el ministro de Ambiente tenemos de tomar acciones series con tema del Clorotalonil. Cualquier decisión que nosotros tomemos lo primero que nos piden es cuál es el estudio técnico…cuando usted requiere de una base técnica para tomar una decisión, no es algo que yo puedo hacer de la noche a la mañana sino que requiere un trabajo técnico para luego definir".
En junio la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero Aguiluz, presentó una iniciativa de ley que busca, entre otras cosas, la prohibición y regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente, entre los que se encuentran en Fipronil y el Clorotalonil.
Desde el MAG opinan que esto le quitaría la rectoría al Servicio Fitosanitario y que una prohibición vía ley los ataría de manos para plagas futuras.
Problemática de salud pública
Según datos presentados durante el 2022 por el PNUD, entre 2010 y 2020 en Costa Rica se reportaron 58 muertes por intoxicación por plaguicidas.
La investigación también evidencia la alta inversión (₡5000 millones) que debe hacer el país al año en los sistemas de salud para abastecer de tratamientos e incapacidades relacionadas a las intoxicaciones agudas provocadas por los plaguicidas.
A esto se le suma que los grupos que presentan mayor riesgo de exposición son quienes trabajan precisamente en agricultura, personas que residen cerca de plantaciones, mujeres embarazadas y niños y niñas. Según los análisis la población, especialmente la rural y los trabajadores del agro, está expuesta a una cantidad que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador agrícola por año.
Para Kifah Sasa, el oficial a cargo del PNUD, los costos están subestimados ante la escasez de datos a nivel nacional, que además eximen en la ecuación los terribles daños psicológicos, sociales y ambientales que ocasionan estas sustancias.
En el documento del PNUD recomendaron una evaluación integral de la situación y tomar decisiones para reducir la carga química tóxica a la que están expuestos los ciudadanos y el ambiente. También, urgieron a retirar del mercado los plaguicidas de mayor peligrosidad y hacer un uso más racional de los plaguicidas disponibles.
La investigación del periodista Álvaro Murillo denominada “El agua también es sagrada”, evidencia mediante una extensa cantidad de datos y declaraciones, la falta de estudios en el país sobre el impacto real en la salud de las comunidades contaminadas.
Nadie sabe cuántas personas en Costa Rica han estado expuestas a estos contaminantes ni por cuánto tiempo. Las autoridades costarricenses nunca han analizado sistemáticamente el agua potable para detectar la presencia de uno de los pesticidas más utilizados en el país. Ni siquiera tienen la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil, las sustancias que se crean cuando el agroquímico comienza a descomponerse en el medio ambiente, lo que también puede suponer riesgos para la salud”.
Solo durante este 2023 ante el Minae se han presentado 46 denuncias por contaminación de nacientes a lo largo del país y 10 denuncias por contaminación del agua con agroquímicos.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), las decisiones que los gobiernos tomen respecto a políticas orientadas a la prevención, deben arrancar por establecer estudios que sustenten el impacto del uso de agroquímicos en la salud y el ambiente, un tema que en Costa Rica aún se encuentra en discusión por parte de las instituciones responsables.
A pesar de que el ministro reconoce que este es un tema que se debe trabajar en conjunto con otras carteras, muchas comunidades siguen a la espera de respuestas y soluciones concretas para enfrentar la contaminación por el mal manejo de agroquímicos en sus comunidades.
Morera Paniagua es empleado del Servicio Fitosanitario del Estado desde 1998 y desde 2021 asumió como director. Es consiente de que deben mejorar en el tema del manejo de agroquímicos en el país. Fotografía: Beatriz Sánchez Jarquin.
Flojo acompañamiento del MAG con los agricultores
Según el estudio del PNUD, una de las causas que puede incidir en el alto uso de plaguicidas en la agricultura del país es la dependencia de agricultores de la asistencia técnica que brindan las empresas comercializadoras de los mismos plaguicidas.
Adicionalmente se resaltó que este el empleo desmedido de plaguicidas está relacionado con el debilitamiento de los servicios de extensión agrícola y de investigaciones en el MAG, a partir de la mitad de los años noventas.
Carvajal Porras comentó que entró a un ministerio "sumamente contaminado", rezagado y al que calificó como un desastre en el tema del registro agroquímico. "Teníamos productos vencidos de hacía 4 o 5 años atrás que estaban todavía dándole certificación de que estaban al día porque no habían podido resolver trámites".
Morera Paniagua es empleado del Servicio Fitosanitario del Estado desde 1998 y desde 2021 asumió como director. Ante los señalamientos del ministro le consultamos: ¿Qué considera que ha hecho falta en estos años?.
Contestó que "como en cualquier cosa de la vida, siempre hay espacios de mejora. Obviamente este tema de los agroquímicos se las trae y obviamente y en buena hora todos estos movimientos ambientalistas nos hacen generar conciencia".
Resaltó que imparten charlas de Buenas Prácticas Agrícolas en las que se habla del manejo de sustancias, de la seguridad de la persona y aspectos relacionados. También dijo que toman muestran de la carga química de productos que llegan a centros estudiantiles y hospitales.
Tanto el ministro como el director del fitosanitario reforzaron la tesis de que no es el plaguicida lo que causa daño, sino el mal uso del mismo. Pero son incapaces de controlar la labor de todos los productores.
El alcance en extensión es de menos de 200 agentes encargados de las capacitaciones para cerca de 238.000 productores aproximadamente. Es decir,en promedio cada agente debe atender a 1415 productores.
Carvajal Porras achacó:
La administración anterior (de Carlos Alvarado Quesada), que te decía que era súper ambiental, le quitó 100 plazas al MAG".
Para el ingeniero agrónomo Oscar Mario Solano Chévez, perteneciente a la dirección de extensión agropecuaria en la comunidad de Guatuso en la zona norte, es difícil que los extensionistas puedan cumplir con todas las tareas asignadas ya que existe un gran faltante de personal especializado en las diferentes áreas agrícolas y ganaderas.
El número de funcionarios que hay tiende a ser muy bajo para todas las necesidades de solicitudes de asistencia técnica que nos llegan. Entonces, normalmente las agencias lo que hacen es trabajar con ciertos productores, no podemos trabajar con todos porque no damos a basto”.
Para resolver este problema pretenden realizar reacomodos a lo interno del MAG y aspiran escalar a 300 extensionistas.
Otro asterisco que existe es que los cursos de BPA que imparten no son de acatamiento obligatorio. Por tanto, las autoridades no pueden imponer sanciones por usar mal producto o utilizar uno prohibido. El jerarca añadió que en la corriente legislativa está el proyecto de ley expediente 20084, presentado en el periodo 2014-2018, y que busca mejorar el margen de maniobra del SFE para casos de sanciones.
Asimismo, a través de un nuevo reglamento del Consejo Nacional de Producción (CNP) y del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que empieza a regir en 2024, el curso de BPA será un requisito indispensable para cualquier productor que quiera venderles.
Los jerarcas destacaron que confían en que más agricultores puedan acceder a drones para realizar fumigaciones, de manera que agricultores y el ambiente tengan menor exposición. No obstante, el curso de manejo es complejo y el precio de esta herramienta es un reto pues registrar uno para cada persona vale más de ₡3 millones.
Este trabajo fue elaborado en conjunto de la periodista Beatriz Sánchez Jarquin.
