Acuerdo de Escazú se adoptó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica.
Con el antecedente de que el pasado 1 de febrero la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivó el expediente que buscaba la ratificación del Acuerdo de Escazú, el tratado regional conmemoró su aniversario número cinco.
El tratado regional se adoptó el 4 marzo de 2018, en Escazú, en el marco de la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (Cepal), por 33 delegaciones de América Latina y del Caribe. Se trata del primer y único instrumento en materia ambiental para América Latina.
El documento busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones de materia ambiental en América Latina y el Caribe.
También envuelve los derechos humanos porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".
El fracasado rumbo en Costa Rica
Luego de que las diputaciones decidieron enterrar el proyecto, medios de comunicación internacionales hicieron eco de la noticia. Se preguntaron ¿cómo Costa Rica, promotor del Acuerdo ambiental, lo dejó morir? y ¿cómo el país pasó del liderazgo al olvido con este tema?
Con una serie de argumentos sobre la interferencia del Acuerdo de Escazú con el "desarrollo económico" y con calificativos de "tema de moda", los congresistas de los periodos 2018-2022 y 2022-2026 le quitaron el apoyo, en buena parte motivados por la oposición al tratado desde el sector privado.
Sumado a esto, pese a que públicamente lo apoyaba, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada solo convocó el tratado entre abril y julio del 2021. A pesar de que el Ejecutivo se comprometió a sacar adelante su ratificación entregó el poder sin cumplir con lo dicho.
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Entrada la Administración Chaves Robles, el mandatario dejó clara su negativa a apoyar Escazú. Cuando le consultaron sobre el tema, llamó a la calma del sector privado indicando que el Acuerdo "no está en la agenda del gobierno".
Su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, también sostuvo que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Adicionalmente, indicó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país.
La posición en contra de la mayoría de la Asamblea Legislativa y el discurso del gobierno, provocó que el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, indicara que no entendía cómo Costa Rica, al ser un país líder en temas de medio ambiente y derechos humanos, no lograba ratificar el Acuerdo de Escazú. Calificó la situación de "fracaso atípico".
Asimismo, motivó a las personas costarricenses que defienden el derecho a un medio ambiente sano, a que sigan adelante a pesar de tener un gobierno "retrógrado".
En medio de una crisis medioambiental mundial, es triste ver cómo Costa Rica se aleja de su anterior posición de líder ecológico".
En ese entonces, Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, también criticó la decisión costarricense destacando que:
Ningún producto de exportación argentino, mexicano, chileno, boliviano, panameño, ecuatoriano, uruguayo ... o de alguno de los otros países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú ha perdido competitividad en los mercados mundiales".
El experto agregó a este medio que, al darle la espalda al Acuerdo de Escazú, Costa Rica "pareciera querer darle también la espalda a la democracia ambiental que se pretende consolidar en el hemisferio".
En lo personal creo que ya son muchas las señales como para que Costa Rica reconsidere la lectura errónea hecha por sus decisores políticos, a partir de supuestos "argumentos" circulados por algunas cámaras empresariales".
En el futuro, de querer llevar la ratificación otra vez a la Asamblea, deberá ser el Poder Ejecutivo quien presente otro proyecto para que inicie el trámite legislativo. Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.
Belice nuevo miembro
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo traducir en términos legales el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 sobre participación pública informada en materia ambiental. Su entrada en vigor se dio el 22 de abril del 2021 tras la suma de 11 Estados que aprobaron su ratificación.
En la celebración de su quinto aniversario Belice se convirtió en el Estado Parte número 14, al depositar formalmente su instrumento de ratificación en Naciones Unidas. A la fecha, el tratado registra 24 firmas.
El primer Estado en ratificar el Acuerdo de Escazú fue Guyana (abril del 2019), seguido por Bolivia, Santa Lucía, San Vicente y la Granadinas, y Uruguay. Mientras que Colombia se encuentra a la espera de convertirse en el país número 15 luego de que su Poder Legislativo lo aprobó y ahora espera la resolución de una consulta a la Corte de Constitucionalidad.
