Acuerdo de Escazú recibió 11 votos a favor y 41 en contra.
Este 1 de febrero la Asamblea Legislativa rechazó otorgarle un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21.245 que buscaba la ratificación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica.
El proyecto necesitaba un total de 29 votos positivos para seguir vigente en el congreso, sin embargo recibió 11 votos a favor y 41 en contra.
El camino del Acuerdo de Escazú
El tratado regional fue impulsado por los gobiernos de Costa Rica y Chile y fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad costarricense de Escazú. Se trata del primer gran tratado medioambiental de la región y hasta la fecha 14 países lo han ratificado.
Posteriormente, 1 de febrero de 2019 la administración Alvarado Quesada presentó a la Asamblea Legislativa el expediente que buscaba ratificar el Acuerdo.
En febrero de 2020 el plenario legislativo aprobó el primer debate para ratificar el Acuerdo de Escazú. Sin embargo, debido a un vicio en el procedimiento, la Sala Constitucional obligó a repetir la votación. Esta nunca se volvió a dar porque la iniciativa no volvió a contar con el ambiente idóneo.
Pese a apoyarlo, entre diciembre del 2020 y enero del 2022, el gobierno Alvarado Quesada tuvo el control de la agenda legislativa durante 11 meses, pero solo convocó el proyecto entre abril y julio del 2021. Nunca llegó a votarse nuevamente ya que, tras la oposición del sector privado, el proyecto perdió el apoyo de las fracciones.
Cuando se intentó poner en agenda nuevamente, se encontró con oposiciones que aseguraban que el Acuerdo de Escazú interfería con el "desarrollo económico" y que era un "tema de moda".
Ahora, previo al archivo de la iniciativa, el Partido Unidad Social Cristiana también argumentó su voto en contra al decir que el Acuerdo de Escazú no incentiva el desarrollo económico. Mientras que, el diputado de Nueva República, David Segura, llevó la discusión a otro plano y aseguró que el Acuerdo de Escazú busca "darle poder a los comunistas, hasta que puedan expropiar a empresas, al estilo de Hugo Chávez".
El Partido Liberal Progresista emitió un comunicado a la prensa donde detallaron que votarían por archivar el proyecto "impulsado por el PAC y el FA". Para esa bancada, aprobar el tratado regional podría provocar una carga inimaginable al Estado
Cuando una decisión del Estado costarricense no sea satisfactoria para cualquier persona, grupo u organización que se autodefina como “defensor de los derechos humanos en asuntos ambientales”, la controversia podría elevarse a un litigio internacional, sometiendo al país a un costoso proceso en un tribunal de justicia internacional".
En el plenario únicamente el Frente Amplio alertó con anterioridad sobre dejar morir el expediente. El jefe de fracción de la agrupación, Jonathan Acuña, dijo que es contradictorio ser un país apreciado por tener un legislación sobre materia ambiental reconocida en el mundo, pero al mismo tiempo desechar el acuerdo regional que protege los derechos de las personas para tener un ambiente sano.
Al respecto, el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David Boyd, mencionó que no entiende cómo Costa Rica, al ser un país líder en temas de medio ambiente y derechos humanos, no ha logrado ratificar el Acuerdo de Escazú y lo calificó de "fracaso atípico".
Mientras tanto, desde el inicio de su gobierno, el presidente Rodrigo Chaves Robles dejó claro su negativa al proyecto. Inclusive cuando se le consultó al respecto dijo que "el sector privado puede estar tranquilo de el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno".
Su ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, ha sostenido que el acuerdo es innecesario y añadió que solo se le da relevancia por llevar el nombre de una ciudad costarricense. Mencionó que llegaría a crear legislación innecesaria y que representaría un obstáculo más en la permisología ambiental del país.
En el futuro, de querer llevar la ratificación del Acuerdo otra vez a discusión, debe ser el Poder Ejecutivo quien deberá presentar otro proyecto para que inicie el trámite legislativo. Esto debido a que, al tratarse de un convenio internacional, la Constitución Política de Costa Rica, en su el artículo 140 inciso 10, indica que solo puede ser presentado por la Presidencia de la República junto con el ministerio del ramo.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe .
También envuelve los derechos humanos porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".
A nivel internacional los medios hicieron eco de la contradictoria decisión de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, la Agencia EFE mencionó que el presidente, Rodrigo Chaves, figuró como uno de los principales opositores. Mientras que la Agence France-Presse aludió a las palabras del relator de la ONU, David Boyd, y a las horas críticas que vivió el Acuerdo.
La paradoja es que este país centroamericano fue, junto con Chile, el promotor de este convenio latinoamericano y además posee fama mundial de defender el medioambiente y los derechos humanos", recordaron.
Apenas este 31 de enero se informó que Costa Rica registró su segundo peor puntaje histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) al caer nueve lugares en el ranking (de la 39 a la 48). En la presentación del documento en Costa Rica, el director ejecutivo de Costa Rica Íntegra (órgano nacional de Transparencia Internacional), Guillermo Zeledón Flores, señaló que el desplome en la calificación se debe a las malas calificaciones otorgadas por organismos internacionales en temas de política, ambiente y estabilidad económica.
Por ejemplo, indicaron que el World Economic Forum y Global Insight Country Risks Ratings constituyen dos de las fuentes que peor evaluaron el desempeño de del país, el primero en materia de competitividad económica, y el segundo destacando los pocos avances en materia de derechos y defensa ambiental.
Cabe destacar en esta materia que a pesar de haber sido uno de sus impulsores, Costa Rica todavía no ratifica en la Asamblea Legislativa el Acuerdo de Escazú. Ambas calificaciones influyeron notablemente en el descenso ponderado del Índice para el año 2022", puntualizó CRI en un comunicado a la prensa.
Días atrás, Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, comentó a Delfino.CR que:
Ningún producto de exportación argentino, mexicano, chileno, boliviano, panameño, ecuatoriano, uruguayo ... o de alguno de los otros países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú ha perdido competitividad en los mercados mundiales".
Y aludió a la posición en contra de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), quienes afirmaron que el Acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.
Tampoco se ha observado que la inversión extranjera haya salido huyendo de estos 14 países luego de aprobarse el Acuerdo de Escazú o que las supuestas "trabas" a su desarrollo se han hecho ver. Y muchos menos que la presunción de inocencia en materia penal se haya visto amenazada. Entonces ¿de qué será de lo que nos está hablando UCCAEP y las demás cámaras empresariales sobre tantas cosas negativas que va a ocurrirle a la economía costarricense pero que... nunca se ha observado en ninguno de los países que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú?"
