El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo busca la aprobación legislativa este Acuerdo Regional, suscrito en nuestro país el 4 de marzo de 2018, el cual pretende ser un Convenio de Derechos Humanos que desarrolla contenidos ambientales, particularmente la denominada Declaración 10 de Río sobre las denominadas garantías procesales en temas ambientales, que son básicamente el acceso a la información, la participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Esta es una iniciativa regional que deriva de los procesos previos en el ámbito de las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (conocida como la anteriormente citada Declaración de Río) razón por la cual se ha designado a la CEPAL para que ejerza funciones de Secretaría Técnica, como Organismo regional de Naciones Unidas en esta área. El Acuerdo pretende comprometer a los Estados Parte en el plano internacional, a desarrollar en el propio plano nacional, acciones que garanticen la implementación efectiva de estos denominados derechos procesales ambientales.