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Aprobado el divorcio unilateral; plan contra violencia obstétrica y reforma a adopciones

Tres importantes proyectos de ley en materia de autonomía de la voluntad, salud reproductiva e interés superior de la persona menor de edad fueron aprobados en segundo debate este jueves en la Asamblea Legislativa.

Los tres tienen una cosa en común: un grupo de diputados conservadores votó en contra de ellos porque no se incluyeron sus observaciones en el texto.

El primero de los proyectos es el expediente 21.062, con el cual se pretende proteger a la mujer embarazada antes, durante y después del parto; una iniciativa de la diputada liberacionista Aida María Montiel Hector.

Como les comentamos en un reporte previo, diputados conservadores impulsaban en comisión que en este proyecto se incluyeran garantías para el "no nacido", lo cual fue rechazado por una mayoría por considerar que ya era demasiado el ver fantasmas sobre aborto donde no los había.

Sin embargo, los intentos se reanudaron en el Plenario y este jueves el bloque de fabricistas impulsó una moción artículo 148 bis, para que en lugar de aprobar el proyecto en segundo debate, el mismo se devolviera a antes del primer debate para así poder hacerle cambios.

Dicha moción recibió 30 votos a favor y 13 en contra, quedando rechazada pues se necesitaban 38 votos a favor para aprobarse. Ello desató el malestar del diputado Jonathan Prendas, quien dijo que diputados "provida" habían votado en contra de proteger al no nacido y que la intención de su bloque era nada más dejar un "proyecto perfecto".

Prendas, además, reveló que había alcanzado un acuerdo con el Partido Liberación Nacional para enmendar el proyecto, sin embargo, cuatro diputados de ese partido no se presentaron a la votación.

El señalamiento de un acuerdo -hasta ese momento oculto- no pasó desapercibido, al punto que Wálter Muñoz, jefe del Partido Integración Nacional pidió la palabra para afirmar que él había votado negativamente porque nunca se le dijo que había un acuerdo para corregir el proyecto, ni los términos de esa modificación.

Ante ello, Ivonne Acuña se levantó e intentó ganar tiempo para que ingresaran más diputados al Plenario para repetir la votación, explicando que la intención era incluir en el texto que, además del derecho de la mujer embarazada de recibir las atenciones y tratamientos médicos que necesite, también debería protegerse a la persona no nacida.

Así las cosas, se presentó una moción de revisión en la que el PLN, luego que se expusiera ese acuerdo, cambió su forma de votar, pasando a estar dividido pero mayoritariamente en contra. El PUSC también se volcó en contra de la moción y con 14 votos a favor y 28 en contra, la misma quedó definitivamente rechazada.

Esta decisión fue la mejor para el proyecto, ya que haber incorporado al "no nacido" en el texto de la ley habría vuelto inconexa la iniciativa, pues como su nombre bien lo dice, su fin es proteger a la mujer embaraza antes, durante y después del parto; sin que en algún momento se hubiese planteado proteger al feto.

Al momento de la votación en segundo debate, 41 diputados votaron a favor y 4 en contra: Nidia Céspedes, Jonathan Prendas, Ignacio Alpizar y Harllan Hoepelman. Inicialmente Marulin Azofeifa votó en contra, pero faltando un segundo para el cierre de la votación cambió su voto a favor.

Esta nueva ley dispondrá que la atención de las mujeres en estado de embarazo deba ser equitativa, preventiva, periódica y con enfoque de riesgo, sin someterlas a ninguna forma de violencia gineco-obstétrica, según las definiciones y modalidades que se establezcan mediante un reglamento. Además, se reconocen los siguientes derechos a las mujeres, antes, durante y después del parto:

1) Ser tratada de manera cordial y respetuosa por parte de los funcionarios del centro médico.
2) Recibir atención oportuna y personalizada.
3) Recibir información clara sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas posibles.
4) Parir de manera natural, siempre y cuando no exista riesgo para la madre o para el niño o niña por nacer.
5) Que se respete el proceso o ciclo natural del parto de bajo riesgo.
6) Mantener el apego posparto con el niño o niña, salvo determinación médica justificada.
7) Recibir información clara y concisa sobre su condición y los beneficios de la lactancia materna.
8) Estar acompañada durante el parto y post parto por una persona designada por ella.

El segundo proyecto relevante es el expediente 20.406, presentado por la exdiputada del Frente Amplio y actual presidenta de Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Patricia Mora, con el cual se incorpora a la legislación costarricense la posibilidad de divorciarse cuando el carácter de los cónyuges sea incompatible para poder hacer vida en común.

Esta nueva causal de divorcio podrá solicitarse de manera unilateral, a partir del sexto mes de matrimonio, aunque la propuesta inicial era que no tuviera un plazo (como ocurre en los divorcios por mutuo consentimiento).

33 diputados votaron a favor y 13 en contra, estos últimos correspondientes a Restauración Nacional y sus tránsfugas, quienes la semana pasada lograron temporalmente que el proyecto dijera que esta modalidad de divorcio podría pedirse hasta después de un año de matrimonio, decisión que después fue revertida por una mayoría.

Finalmente, se le dio segundo debate al expediente 21.037 impulsado por el diputado Enrique Sánchez del PAC, con el cual se reforma el Código de Familia para establecer que en los procesos de adopción, el interés superior de la persona menor de edad será la máxima a tomar en cuenta, inclusive, preguntándole su deseo de ser adoptado.

De igual forma, previamente los diputados conservadores impulsaron que en este proyecto no se dijera "personas adoptantes", sino "hombre y mujer", propuesta que tampoco prosperó y aunque no insistieron en Plenario, votaron en contra de la iniciativa 11 en total, mientras que 34 lo hicieron a favor.

Breves

— Se aprobó con 45 votos a favor y ninguno en contra el expediente 21.518 que corrige el plazo de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra personas mayores de edad sin capacidad volitiva o cognoscitiva.

Esto pues cuando se aprobó la Ley de Derecho al Tiempo en 2019 para permitir que los menores abusados pudieran denunciar a más tardar cuando cumplieran 43 años de edad, la redacción final no fue la mejor. Así, con esta reforma se establece que el plazo de prescripción de 25 años correrá a partir de la consumación del hecho punible, del último acto de ejecución de la tentativa o del cese del delito continuado según corresponda; y no a partir de que la víctima alcance la mayoría de edad, ya que estos delitos pueden cometerse contra personas de cualquier edad, incluso mayores a 43 años.

— 44 diputados aprobaron en segundo debate una reforma a la Ley para la Gestión Integral de Residuos tramitada en el expediente 20.875, con la cual se mejoran las herramientas que tendrán las municipalidades para hacer cumplir esa legislación, incluyendo la obligación del Ejecutivo de devolverle a los gobiernos locales el dinero que se recolecte por las multas que se apliquen por esta ley; y autorizándolos a clausurar locales que incumplan con la normativa.

— 46 diputados dieron segundo debate al expediente 21.773 que reforma la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para hacer una corrección material, dado que sufrió una afectación debido a la entrada en vigencia de dos leyes del "paquete OCDE" en el orden incorrecto, por lo que se hizo necesario presentar un nuevo proyecto para enmendar esa circunstancia.

— 44 legisladores dieron primer debate al expediente 20.570 que autoriza al Estado a emplear materiales reutilizables en las mezclas de asfalto para carreteras. De este modo, se podrá usar llantas, bolsas y potellas plásticas entre otros como parte de dicha mezcla, para reducir la cantidad de matrial que hay que extraer de ríos y canteras, al tiempo que se disminuye la contaminación que acarrea la creación de material asfáltico. Será el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme UCR) el que definirá los materiales que podrán emplearse.

— Finalmente, pero no menos importante, se aprobó en primer debate el expediente 21.245 que ratifica el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Un punto positivo a destacar es que el texto no contiene la cláusula interpretativa que se había pretendido incorporar, en la que se decía que dicho acuerdo no daba ningún tipo de trato especial para los defensores del medio ambiente.

El acuerdo ahora debe pasar por revisión de la Sala Constitucional, pero su texto establece que se garantizará el derecho al acceso de la información y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales y acceso efectivo a la justicia ambiental al, por ejemplo, ofrecer mecanismos de participación para las comunidades en procesos de toma de decisiones ambientales.

Este acuerdo ha sido firmado por 22 países pero para entrar en rigor se necesita que 11 lo hayan ratificado. Hasta hoy solo cinco lo han hecho.