La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) se ha manifestado públicamente en contra del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe).

¿La razón? La UCCAEP considera que el país debe concentrarse en los proyectos que permitan una verdadera reactivación económica, real y factible y dejar de lado iniciativas como el Acuerdo de Escazú que a su criterio no se alinean con esa visión. Según la organización empresarial, dicho acuerdo atenta contra la seguridad jurídica de las empresas y la reactivación económica.

La Unión de Cámaras, dice estar a favor de la  conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, pero "para armonizar ese desarrollo se necesitan consensos y escucha activa al sector productivo".

Para el presidente de UCCAEP, José Álvaro Jenkins, antes de firmar el Acuerdo, el Gobierno tuvo que haber consultado a distintos sectores y el proyecto de ley tuvo que haber sido puesto en consulta por la Asamblea Legislativa al sector productivo.

Hoy cuando lo que necesitamos son medidas de reactivación económica, se busca impulsar esta iniciativa que no contiene un solo punto que permita dinamizar la producción”.

En un comunicado de prensa, UCCAEP expone sus preocupaciones referentes al Acuerdo, donde destacan:

  1. Costa Rica está abrumada de trámites y trabas que dificultan el emprendimiento y la iniciativa; el acuerdo habilita un nivel de apertura a sanciones al empresario, que atenta y limita la iniciativa e inversión empresarial en vez de promoverla.
  2. Si alguien es acusado de una falta ambiental debe probar que no está haciendo el daño. De esta manera, el acusador afirma una situación y la empresa tiene que demostrar que no está incurriendo en la falta o el daño ambiental, desestimando la presunción de inocencia garantizada por nuestra Constitución Política.
  3. Se compromete al Estado a darle al acusador medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño, deteniendo la producción de una empresa o proyecto en construcción y afectando la inversión.

Llegó la ratificación y Costa Rica....

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, fue firmado por 24 países el 4 de marzo del 2018 en la ciudad de Escazú. Es el primer gran tratado medioambiental de la región. 

Su entrada en vigor se dará mañana 22 de abril luego de que 12 países de América Latina y el Caribe ratificaran el pacto. Costa Rica no fue solo el país sede de la firma del acuerdo sino que junto a Chile, dirigió las negociaciones. La vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, firmó el acuerdo ante la ONU el 27 de setiembre del 2018. No obstante, la ratificación no se ha dado. 

De hecho, en el acto inaugural, celebrado en el Día de la Tierra, estará a cargo de la vicepresidenta Campbell Barr junto a la Secretaria General de la CEPAL, Alicia Barcena. Los países que ya ratificaron son: Antigua y Babruda Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

El acuerdo busca el reconocimiento y respeto del derecho a vivir en un ambiente sano y garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información, así como participación real y significativa en decisiones en materia ambiental en América Latina y el Caribe .

Asimismo, envuelve los derechos humanos, porque busca asegurar “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión".