Gobierno invitó a otros Poderes, al resto del sector público y al privado a valorar la adopción de esta modalidad de trabajo.

El Gobierno de la República extendió hasta el 28 de febrero de 2026 la aplicación excepcional del teletrabajo en el sector público, como una medida orientada a mitigar los efectos de la congestión y el embotellamiento vehicular derivados del desarrollo de proyectos viales en distintas regiones del país.

Así lo dispone la Directriz N.°054-MIDEPLAN-MTSS-MOPT, firmada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles; el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro Álvarez; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez; y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón Leiva, y publicada este 18 de diciembre en el Diario Oficial La Gaceta.

La directriz insta a las instituciones de la Administración Pública Central e invita a la Administración Pública Descentralizada a aplicar la modalidad de teletrabajo, en aquellos puestos que lo permitan, para las personas funcionarias que se desplazan desde zonas del Occidente y Oriente del país, particularmente en los siguientes cantones:

  • Provincia de Alajuela: Alajuela, Atenas, Grecia, Naranjo, Palmares, Poás, San Ramón, Sarchí y Zarcero, así como zonas aledañas.
  • Provincia de Heredia: Barva, Belén, Heredia, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Joaquín, San Pablo y San Rafael, además de zonas aledañas.
  • Provincia de Cartago: la totalidad de sus cantones y zonas aledañas.
  • Provincia de San José: cantón de Curridabat y zonas aledañas.

La medida busca garantizar la continuidad de los servicios públicos, mediante ajustes operativos que no afecten la atención a las personas usuarias. La directriz establece que la implementación del teletrabajo deberá realizarse bajo esquemas de seguimiento y control del trabajo, conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de la aplicación del teletrabajo como modalidad ordinaria.

Asimismo, se invita a otros Poderes del Estado, municipalidades, universidades estatales, empresas públicas, bancos estatales y al sector privado a valorar la adopción de esta modalidad de trabajo como una medida excepcional ante la afectación vial asociada a los proyectos en ejecución.