Expertos profundizaron en contribuciones de la Ley para el Acceso, Uso y Control de la Tierra por Parte de las Mujeres.

Este jueves 3 de julio, durante el conversatorio Mujeres transformando el territorio rural: tierra, bosques y derechos, autoridades legislativas, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Foro Nacional de Mujeres Rurales reflexionaron sobre las contribuciones que la Ley para el Acceso, Uso y Control de la Tierra por Parte de las Mujeres ofrece para romper brechas de género y celebraron las oportunidades que se abren con ella para las mujeres rurales del país.

Los cambios que introduce la ley

Esta ley tiene como fin impulsar, de forma efectiva, el acceso de las mujeres a la tierra, a través de una serie de acciones que permitan minimizar las principales barreras para el acceso. Para logarlo, le otorga al Estado costarricense el deber de impulsar el derecho de las mujeres rurales a la propiedad, el uso y el control de la tierra.

De esta manera, establece que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) priorizará la dotación y la regularización de tierras para mujeres, así como la asistencia técnica, el acceso al crédito y otras acciones, para fomentar que al menos el 50% de sus personas beneficiarias sean mujeres.

La ley asigna el 50% del Fondo de Tierras (FONTIERRAS) a mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas. FONTIERRAS es una entidad del Inder que se enfoca en facilitar el acceso a la tierra y promover el desarrollo rural sostenible. Su objetivo principal es la regulación, adquisición, titulación, dotación y control de tierras, especialmente para núcleos de población que carecen de ellas, a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos.

Adicionalmente, instituciones como el Inder, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) deben dar asistencia técnica productiva y generar capacidades para asegurar la inserción de las mujeres en los mercados laborales y productivos, incluyendo generación de ideas y acceso a recursos financieros para el acceso a la tierra.

Otra de las novedades es que se establece como objetivo del desarrollo rural impulsar el acceso y control de la tierra a mujeres rurales para la igualdad, bienestar rural, democracia y conservación y protección de los bosques. Asimismo, se prioriza la dotación de tierras a cooperativas y asociaciones de mujeres y establece que en temas de sucesión no debe darse ningún tipo de discriminación.

La ley incluye una fuente de financiamiento que es el 8% del timbre agrario, que se destinará específicamente a la dotación y regularización de la tierra para mujeres y demás acciones encaminadas a lograr reducir la brecha de género en materia de acceso, uso y control de la tierra.

Finalmente, se exige que las instituciones como el Inder y el MAG recopilen datos desagregados por género, por ejemplo, en el Plan Nacional de Estadística Agropecuaria con el fin de conocer el avance en temas de igualdad y acceso a la tierra.

La diputada liberacionista, Alejandra Larios Trejos, comentó:

Estoy segura que las diferentes acciones que promueve la ley, como, por ejemplo, que el 8% del timbre agrario se destine para los programas exclusivos para mujeres, que se capaciten a las mujeres en el uso y control de la tierra, que el 50% de las tierras que dé el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) debe ser para mujeres, serán acciones fundamentales para que estas mujeres rurales puedan empoderarse, puedan hacer uso, control de la tierra y de esa manera salgan adelante no solo ellas, sino también las familias y todas las personas que dependen de ellas”.

Mientras que la independiente, Kattia Cambronero Aguiluz, dijo:

El proyecto busca dotar de recursos a los procesos de formalización de tierras en manos de mujeres. Hago un llamado vehemente al Poder Ejecutivo, al presidente de la República para que firme esta ley para comenzar de inmediato a trabajar el reglamento respectivo. Sin duda, es urgente su aprobación para generar un impacto positivo en nuestros territorios rurales”.

Un paso vital ante un desafío global

Según el Censo Nacional Agropecuario de Costa Rica (CENAGRO, 2014), el país cuenta con 15,6% de mujeres productoras. No obstante, del total de títulos de propiedad con fines agropecuarios, únicamente el 8,1% está a nombre de mujeres.

En cuanto a la extensión de las fincas agropecuarias, un 25% de las mujeres productoras tiene fincas de menos una hectárea de extensión, mientras que tan solo un 5% tiene cinco hectáreas o más. Las fincas lideradas por mujeres productoras representan un 4,4% de la extensión total de hectáreas de las fincas registradas en el país a nombre de personas físicas.

La precariedad en la tenencia de la tierra por parte de las mujeres de Costa Rica se asemeja a la de la región, pues datos de la agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), señalan que, en promedio, solo el 20 % de las tierras agrícolas de la región están en manos de mujeres, aunque ellas representan el 43 % de la mano de obra agrícola.

El problema de fondo con estas cifras es que las mujeres rurales realizan labores productivas en los lugares que habitan y aunque eso se transforme en un medio de subsistencia familiar o en ingresos adicionales para la familia, ese trabajo muchas veces se considera trabajo doméstico, se considera trabajo gratuito y por lo tanto no recibe un pago. Al no recibir las mujeres un pago por sus actividades productivas, tampoco pueden adquirir las tierras ni desarrollar actividades productivas propias.

Sandra Sosa Cárcamo, representante residente de PNUD Costa Rica, comentó que a pocas semanas de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ese evento toma vital relevancia para reconocer, revalorizar, redistribuir y remunerar los cuidados que realizan las mujeres rurales entorno al cuidado de las personas, el cuidado comunitario y el cuidado ambiental, en condiciones más justas y equitativas de ahora en adelante.

Es necesario avanzar en la implementación de acciones integrales y transformadoras que generen cambios concretos localmente, que aseguren aumentar la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres rurales”.