Gobierno espera reubicar propietarios de mala fe para "evitar el conflicto social".
El gobierno de Rodrigo Chaves Robles anunció el pasado 17 de febrero que cuentan con mil hectáreas para reubicar a los propietarios de mala fe que habitan los territorios indígenas y que, según la Ley Indígena, deben ser desalojados sin ser indemnizados.
La ley indígena establece que es poseedor de buena fe aquella persona que adquirió ese derecho de posesión antes de que entrara en vigencia la mencionada ley en 1977. Es poseedor de mala fe aquella persona que esté ocupando algún terreno en los territorios indígenas posterior a la entrada en vigencia de la ley. Si una persona demuestra que es poseedor de buena fe, tiene derecho a ser indemnizado por el Estado.
Con la justificación de "no crear conflicto social" el viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla Pérez, anunció que, pese a que la ley ordena la expulsión de los ocupantes de mala fe, "no los van a tirar a la calle".
Hay niños hay personas con discapacidad, ancianos. No podemos caer un conflicto social, entonces a partir de marzo en en varias fincas que ya están censadas, vamos a hacer un estudio socioeconómico de las personas. Se cuentan con más de mil hectáreas para eventualmente reubicar a estas personas".
Adelantó que los estudios se llevarán a cabo por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Agregó que ya tienen identificadas las fincas donde se reubicarían a las personas e incluso tienen dinero si hay que comprar alguna.
En octubre de 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, ratificó que el Estado costarricense no debe indemnizar a quienes adquirieron terrenos indígenas después de de la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.
Los magistrados declararon sin lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra de la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en relación con el artículo 3 de la legislación el cual indica que:
"Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso".
Lento antecedente
Las administraciones Solís Rivera y Alvarado Quesada, impulsaron el plan de recuperación de territorios indígenas (Plan RTI), que tenía el mismo fin: devolver los territorios indígenas a las personas indígenas, indemnizar a los poseedores de buena fe y expulsar a los ocupantes posteriores a 1977.
Sin embargo, en principio lo habían planificado para concluirlo en el 2023, luego solicitaron una prórroga para finalizar en 2026. En 2022 el entonces presidente del Inder, Luis Diego Aguilar Monge, dijo que no tenían claridad de cuánto terminaría la devolución de tierras realmente.
Argumentó que los problemas normalmente llegaban por poseedores de mala fe quienes judicializan los casos. Dijo que los de buena fe se solucionan en no más de cinco años, pero los de mala fe se calculan cerca de nueve años si se elevan los casos a los juzgados. También añadió que a futuro el avance de las recuperaciones dependerá de los recursos y el interés de los gobiernos.
¿Los primeros en girar fondos?
El presidente Chaves Robles anunció un presupuesto Estatal para atender las indemnizaciones de los 24 territorios indígenas por un monto de 656.400 millones de colones que se encuentran asignados a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) para su ejecución.
Además, oficializaron la constitución del Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas, mediante un convenio que se firmó entre el Inder; CONAI; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
Ese acuerdo establece una transferencia de 2 mil millones de colones que serán trasladados al Fondo Nacional de Indemnizaciones para la Recuperación de Territorios Indígenas. De esta forma, se trasladarán 500 millones de colones por año a partir del 2024.
El mandatario dijo que era la primera vez en la historia, desde que existe la ley indígena, que se giran fondos para atender el problema. No obstante, durante la administración anterior, se destinaron 3.200 millones de colones con la intención de iniciar el proceso de indemnización y devolución de tierras a favor de los pueblos indígenas, como parte del Plan RTI.
Dicha herramienta, que buscaba articular esfuerzos para realizar los estudios técnicos y legales que conllevaran a la recuperación de tierras, había sido declarada de interés público en 2020 y en dos años tuvo como resultados:
- Documentos analizados: 4.983
- Mojones construidos, materializados y medidos: 208
- Censos efectivos realizados: 7.634
- Propiedades medidas: 1.593
- Expedientes conformados: 282
Pese a la consulta de este medio de comunicación a Casa Presidencial sobre la continuidad o no del Plan RTI en la administración Chaves Robles, no se obtuvo respuesta.
Advertencias contra los recuperadores
Luego de que en la conferencia de prensa posterior al consejo de gobierno del 15 de febrero el presidente calificara de "grupo minoritario" a los recuperadores de territorios indígenas además de que eran incitados por extranjeros, Chaves Robles ahora dijo que eran violentos y advirtió que el Ministerio Público no iba a permitir más esas formas.
Ante la consulta de los problemas prioritarios por atender en la zona sur, el jerarca señaló:
El problema de los territorios indígenas y de la violencia que algunos grupos influenciados por personas que no creen en el régimen de derecho o que no lo apoyen están siendo empujados y alcahueteado, es un problema serio".
La semana anterior la Coordinadora de Lucha Sur Sur, Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) y el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) repudiaron las palabras y calificaron los el discurso como neocolonial, discriminatorio y racista.
Recordaron que los procesos de recuperación de tierra son acciones amparadas al bloque de constitucionalidad ante la inacción del Estado. "Los pueblos originarios decidieron ejercer sus derechos y no son tomas forzosas", comentó Gustavo Oreamuno de la Coordinadora a este medio de comunicación.
Las conocidas recuperaciones de Hecho y a Derecho se comenzaron a dar en 2011, luego de que los pueblos indígenas exigieran acciones concretas del Estado costarricense por devolver las tierras. Tras no tener respuesta por décadas y ser reprimidos por exigirlo, los pueblos originarios en diferentes partes del país decidieron empezar procesos de recuperación.
El Frenapi en su Asamblea Anual, llevada a cabo el pasado 17 de febrero, confirmó que seguirán adelante con las recuperaciones e hicieron un llamado a los 24 territorios indígenas a luchar por los derechos de tierra y autonomía.
Lea: Pueblos indígenas reclaman "discurso neocolonial, discriminatorio y racista" de presidente Chaves
