El Gobierno de la República destinó ₡3.200 millones con la intención de iniciar el proceso de indemnización y devolución de tierras a favor de las comunidades indígenas, como parte del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI).
Será la primera vez en la historia nacional que a través de ese instrumento se devuelven tierras a las comunidades indígenas. Dichos terrenos no se podrán vender o alquilar y pasarán a la administración de las Asociaciones de Desarrollo Integral de cada Territorio Indígena (ADI), mediante escritura pública.
Las primeras tres fincas que están en proceso avanzado de indemnización se encuentran dos en el Territorio Indígena Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas, y otra en el Territorio Indígena Guatuso, en el cantón del mismo nombre, provincia de Alajuela.
De esos fondos, ₡2.000 millones son aportados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y ₡1.200 millones están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En concordancia con el marco legal vigente, las autoridades realizaron un proceso administrativo y se hizo el avalúo respectivo. Para llegar a este punto, fue necesario cumplir con una serie de requisitos legales y técnicos, desarrollados por los profesionales a cargo del Inder, quienes realizaron el estudio de toda la documentación existente como decretos y registros de las propiedades.
Los expedientes de esos tres casos fueron remitidos por el Inder desde hace algunas semanas a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), según lo establece la ley No. 6172. Este es un paso previo donde se atienden consultas sobre los órganos administrativos generados por el Inder.
Plan falto de representatividad
El RTI busca articular esfuerzos para realizar los estudios técnicos y legales que conlleven a la recuperación de tierras en territorios indígenas para devolverlos a los pueblos indígenas, sus legítimos dueños. Pese a que su ejecución inició en 2016 y se planteaba a un paso de 5 o 6 años, luego de varios atrasos su finalización llegaría para 2026.
Debido a esa demora en la ejecución, recuperadores indígenas se organizaron para ir por fincas en manos de no indígenas. Al movimiento lo denominan recuperaciones de hecho y consiste en hacer una notificación escrita al dueño de que debe dejar la propiedad, para lo cual se le otorga un plazo previo y, de no ser acatada, ingresaran al terreno.
Cabe resaltar que para parte de las poblaciones indígenas este plan del Gobierno tiene vacíos. Según la "Agenda de Mujeres Indígenas en Defensa de los Territorios del Sur: China Kichá, Térraba, Salitre Y Cabagra", publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2021, entre los problemas se detalla que:
No se realizó un proceso participativo que involucra a personas indígenas que orientaran para construir un plan más culturalmente pertinente y no resuelve aspectos importantes de fondo sobre las recuperaciones de los territorios ni representa una herramienta ágil para el saneamiento territorial".
Dentro de las discrepancias con el RTI, también se detalla que las ADI a las que el Estado les devuelve los territorios, para algunos poblaciones indígenas como el Pueblo Bribri de Salitre, se les considera como una figura impuesta y parte del Estado.
Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, expresó que durante su visita a Costa Rica en diciembre de 2021 recibió información en la que se reiteraba las ADI carecen de representatividad sobre los 24 territorio indígenas.
Recibí reiteradas alegaciones de que las ADIs, al tratarse de instituciones estatales impuestas, no son idóneas para garantizar la representación de las comunidades de los pueblos indígenas, que se rigen por su sistema propio de gobierno, llevando a una debilitación de las estructuras tradicionales de representatividad, particularmente en el sur del país", señaló Calí Tzay.
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El Gobierno, que decretó en 2020 el RTI de interés público, indicó que los principales resultados que se han logrado a partir de la implementación de la herramienta desde su inicio a la fecha son:
- Documentos analizados: 4.983
- Mojones construidos, materializados y medidos: 208
- Censos efectivos realizados: 7.634
- Propiedades medidas: 1.593
- Expedientes conformados: 282
