Daniel Vargas acusó a opositores de impulsar ataques “políticos” contra el desarrollo en Guanacaste.

El diputado Daniel Vargas Quirós, subjefe de fracción del oficialismo, usó su curul en el plenario de la Asamblea Legislativa para defender esta tarde el proyecto Bahía Papagayo, alegando que existen ataques "malintencionados" y "de tinte político" contra el desarrollo, considerado por él como "uno de los principales motores turísticos de Guanacaste".

"Con estas acciones le hacen un gran daño a la imagen del país y a quienes ganan su sustento gracias al turismo (...) Más de 6.000 empleos podrían estar en riesgo si prosperan las acciones politiqueras de alguien que aspira a ser presidente y otro que aspira a ser nuevamente diputado", dijo en referencia —aunque sin mencionar expresamente— al diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes; y al candidato a diputado por Alajuela, Edgardo Araya Sibaja.

En su discurso de defensa del proyecto, Vargas señaló que la iniciativa nació en 1977 con la aprobación de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, bajo la denominación de Proyecto de Desarrollo Integral de la Bahía Culebra. Dos años después, fue declarado de utilidad pública y en 1982 se promulgó la Ley Reguladora del Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo Papagayo, que otorgó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) la administración directa de la zona y la potestad de conceder permisos exclusivamente para fines turísticos.

El legislador subrayó que se trata de un régimen jurídico "especial", confirmado por jurisprudencia de la Sala Constitucional y dictámenes de la Procuraduría, que establece condiciones particulares como la obligación de que los concesionarios solo puedan construir en un 30% de las áreas asignadas, manteniendo en reserva el 70% restante. Además, recordó que dentro del polígono se creó el Refugio de Vida Silvestre Iguanita, bajo administración del SINAC.

No solo se están haciendo bien las cosas en la gestión del ICT y en la relación 70-30 contemplada en la ley, sino que también este desarrollo trae oportunidades de empleo a los vecinos de la zona".

Vargas citó el respaldo de asociaciones locales como la Asociación de Desarrollo Integral de Playa Panamá y llamó a la ciudadanía a "no dejarse llevar por discursos incendiarios" que, en su criterio, buscan desestabilizar un proyecto "estratégico" para Guanacaste.

El discurso del oficialismo sale días después de una carta firmada por 72 organizaciones y más de 3300 personas que se oponen al proyecto Bahía Papagayo, liderado por la empresa Enjoy Hotels and Resorts S.A.

La misiva sostiene que el desarrollo, de 116 hectáreas y con una inversión prevista de 925 millones de dólares, amenaza bosques, acuíferos y ecosistemas frágiles en una zona históricamente golpeada por la sequía y la especulación inmobiliaria. El plan contempla la construcción de un hotel de 130 habitaciones, un condohotel de 105, ocho edificios de tiempo compartido (256 habitaciones), 100 lotes residenciales, un country club con piscinas, gimnasio, salones de eventos, canchas deportivas y áreas recreativas.

Los colectivos denunciaron que la viabilidad ambiental fue otorgada de forma cuestionable por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), sin un proceso riguroso de evaluación ni consulta pública adecuada.

Desde GuanaDefensoras advirtieron que "permitir la construcción masiva de megaproyectos en una zona con un ecosistema frágil es condenar a los locales y a las futuras generaciones a perder su derecho al agua y a la tierra propia".

El conflicto sobre este proyecto escaló después de que Enjoy Hotels presentara cuatro querellas por el delito de difamación contra los creadores de contenido Juan Bautista Alfaro (Juamba Caminando), Javier Adelfang (Javier el economista), Lily Cabezas Álvarez y Evangelina González, a quienes acusó de divulgar información falsa que dañó la reputación de la empresa.

La compañía, representada por el bufete BLP, además solicitó un embargo preventivo contra Adelfang y Bautista, lo que ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como un uso abusivo del sistema judicial.

Janekeith Durán, integrante del equipo jurídico de ACCEDER, advirtió días atrás que "embargar a personas defensoras por ejercer su libertad de expresión es desproporcionado y peligroso. La defensa del ambiente no es un crimen".

El abogado de Adelfang, Walter Brenes, aseguró a Delfino.cr previameente que la medida no es adecuada y que su cliente nunca afectó el buen nombre de la empresa:

Creo que la mejor manera hubiera sido tomar el teléfono, escribir un correo electrónico a nuestros clientes y decirles vean, queremos conversar con ustedes, nos parece que la información que ustedes manejan no es precisa, no es clara, no es congruente con lo que tenemos nosotros en archivos".

Paralelamente, la Fiscalía Ambiental de Santa Cruz abrió de oficio una causa penal contra Enjoy Hotels por presunto cambio ilegal de uso de suelo en terrenos vinculados al proyecto, e informó del secuestro de expedientes relacionados con la concesión.