En el papel, el plan de recuperación de territorios indígenas (Plan RTI) se anunció en 2016 y se presupuestó para finalizar a inicios de 2023. En marzo de 2020 el gobierno declaró el plan de interés público y en setiembre de ese año informaron que sufriría un retraso para tenerlo listo en 2026. Sin embargo, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Luis Diego Aguilar Monge, señaló que en tres años no habrá terminado.
Los predios medidos son 1638 de no indígenas, de esos se han conformado expedientes de 310 y hemos realizado 4 avalúos. Esos datos en algún momento deben ser consonantes, todos en el mismo número. No tengo claro en cuantos años más a estar, si se que en tres años no va a estar".
¿Pero a qué se debe este atraso en las gestiones? Aguilar Monge, del Inder, institución encargada de llevar a buen puerto el Plan RTI, indicó en el conversatorio "Plan de recuperación de territorios indígenas: ¿avances?, cuestionamientos y desafíos, 2016-2026" que es primordial entender que hay poseedores no indígenas de buena y mala fe, en los territorios que se deben recuperar.
Dato D+: La ley indígena No.6172 dice que es poseedor de buena fe aquella persona que adquirió ese derecho de posesión antes de que entrara en vigencia la ley indígena en 1977. Es poseedor de mala fe aquella persona que esté ocupando algún terreno en los territorios indígenas posterior a la entrada en vigencia de la ley. Si una persona demuestra que es poseedor de buena fe, tiene derecho a ser indemnizado por el Estado. Los poseedores de mala fe no tiene derecho a indemnización alguna y tienen que ser expulsado.
Explica que normalmente con los de buena fe no hay problema porque a ellos se les indemniza, las familias reciben recursos y pueden establecerse en otro sitio con mayor seguridad jurídica. Los que sí generan mayor dificultad son los de mala fe, pues los casos pueden llegar a judicializarse. De estos al momento han identificado cinco.
Esos casos se llevaran el tema que tenga que llevarse... Los casos de buena fe quedarán unos cuatro o 5 años para que puedan ser indemnizados".
Es decir, Aguilar Monge visualiza que en cinco años los de buena fe, pueden estar listos siempre y cuando haya presupuesto. Sin embargo, para los de mala fe comenta que se debe esperar cerca de nueve años si se llegan a elevar los casos a los juzgados.
Variable política
El Plan RTI fue presentado en el gobierno Solís Rivera. Para el jerarca del Inder en los seis años de aplicación, se ha hecho más que en 40 años aproximados que tiene la ley indígena. Advierte que los avances estarán sujetos a los recursos que destinen los siguientes dos gobiernos al menos.
Puntualizó que desde Inder y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recientemente realizaron un primer aporte de ₡3.200millones, el cual alcanza para iniciar con la devolución de tierras, pero no todas.
Eventualmente los próximos gobiernos deberán buscar recursos para poder seguirle dándole contenido presupuestario a la partida para eventualmente continuar indemnizando de manera efectiva cuando la plata actual se acabe".
En principio, en el plan de gobierno del presidente electo, Rodrigo Chaves Robles, no existe ninguna referencia al plan RTI.
