Exministra criticó la postura del Ejecutivo sobre el proyecto de cannabis y cáñamo, sobre el apoyo a la objeción de conciencia en la Ley de Empleo Público y sobre las guías para "prevenir" la violencia sexual contra turistas.
La candidata a diputada por el segundo lugar de San José y exministra de Justicia en la administración Alvarado Quesada, Marcia González Aguiluz, reclamó este martes la "tibieza" en el Poder Ejecutivo, frente al proyecto de ley que legaliza la industrialización del cáñamo en el país y el uso del cannabis medicinal en el país.
Así lo señaló la candidata en un comunicado enviado el día de hoy con su postura al respecto, donde no solo criticó la posición de Presidencia respecto a este tema, si no también respecto a otras iniciativas como la de la cláusula de objeción de conciencia que lleva el proyecto de Ley de Empleo Público y las guías para "prevenir" la violencia sexual contra turistas, que causaron polémica la semana pasada:
Lamentablemente, esta es una señal más de que el Ejecutivo ha sido dubitativo en temas progresistas. Nosotros no ganamos en el 2018 para ser tibios, ganamos para mejorarle la calidad de vida a las personas: eso implica tener una postura progresista y enérgica, también implica legalizar el consumo de marihuana en todos sus usos, el no decirle a las mujeres como se deben vestir o promover una ley con la cláusula de objeción de consciencia que hace peligrar derechos adquiridos. En la política la coherencia es fundamental y este no es el momento de ser tibios".
El día de ayer Presidencia anunció que no sabe qué hará con el proyecto de ley, pues señalaron que "es prematuro" hablar de veto al tiempo que aseguran que el "texto aprobado presenta problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa ya existente en la materia". Así lo indicó la ministra de la Presidencia Geannina Dinarte Romero en una conferencia de prensa en al que no se detalló si se va a vetar o no, a pesar de que el plazo vence esta semana.
Las razones que preocupan al Ejecutivo son variadas pero se centran básicamente en un punto: la legalización del autocultivo que habilita el proyecto y se centran en los artículos 25 y 26 de la ley, que son los que autorizan a los pacientes que requieran consumir cannabis medicinal para tratar sus dolencias, a que "realicen el cultivo doméstico de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo, para ser utilizadas, única y exclusivamente, en el tratamiento de la persona".
El cultivo doméstico también podrá ser realizado por una persona familiar mayor de edad encargada del cuido de la persona paciente, cuando ella se encuentre en estado terminal o tengan una discapacidad que les impida realizar dicha actividad por su cuenta", agrega el artículo.
Al respecto, Dinarte señaló ayer que:
Yo quiero ser enfática en esto: los artículos que mencionaron los jerarcas, 25 y 26, no son artículos que expresen la motivación original del expediente y yo le pregunto aquí a la ciudadanía: ¿cuál es la motivación de este expediente? Este proyecto de ley lo que buscaba era permitir el uso industrial del cáñamo por sus efectos económicos y permitir posteriormente el cannabis medicinal pero nunca, a lo largo de la construcción del proyecto de ley se fue transparente con la ciudadanía al advertir que habían liberalizado el autoconsumo y el autocultivo. En esta discusión sobre este proyecto de ley ese tema no fue discutido y la preocupación que tenemos hoy es que estamos frente a un proyecto que liberalizó el cultivo y el consumo y no se toman las previsiones de fiscalización que corresponden, ni se toman las previsiones de que se den los debidos procesos o prácticas de manufactura que garanticen que el uso que se va a dar individual, de autoconsumo, no sea más bien perjudicial para las personas".
Además, el Ministerio de Seguridad afirmó que se opone por miedo a que en plantaciones legales de cáñamo se utilicen para sembrar cannabis para venta ilícita y el Instituto Costarricense sobre Drogras (ICD) señaló que el proyecto habilita la producción de productos con una dosis de THC, componente psicoactivo principal en los productos de cáñamo, mayor a la aprobada por la Organización Mundial de la salud (OMS).
Sin embargo, González Aguiluz no es la única que se ha manifestado en contra de la posición de Presidencia: ya lo hizo hasta la misma fracción legislativa oficialista, el propio candidato presidencial del PAC y las fracciones del Frente Amplio y de Liberación Nacional en la Asamblea. Los únicos que parecen estar a favor de la postura de Zapote son los legisladores conservadores y la Iglesia Católica que ayer solicitó que se vete la ley.
La Constitución Política en su artículo 125 establece que si el Poder Ejecutivo no aprobase un proyecto de ley votado por la Asamblea, este tiene la facultad de vetarlo y devolverlo a los diputados con las objeciones pertinentes; esta opción es válida para todo proyecto de ley, excepto el del Presupuesto Ordinario de la República. Para proceder con el veto, Zapote tiene como plazo los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado en Presidencia. El proyecto ya fue enviado a Presidencia el 17 de enero y por tanto, el plazo se vence esta semana.
Si Zapote no veta, el proyecto todavía tiene que ser firmado por el Presidente antes de convertirse en ley y, si vetase, este debe regresar a la Asamblea Legislativa a que se le tramiten los cambios que no se han anunciado todavía por parte del Ejecutivo.
Los diputados salen a vacaciones este próximo jueves y durante una semana, para trabajar en campaña electoral, por lo que el futuro del proyecto es más que incierto.
Esta no es la primera vez que los vetos a leyes son un tema en Zapote: en octubre del 2020, el Ejecutivo vetó totalmente la ley que pretendía legalizar nuevamente la pesca de arrastre en el país; y el año pasado hizo lo propio con la iniciativa de rebaja del marchamo 2022. En los dos casos anteriores, como ahora, Presidencia envió mensajes evasivos previo a su decisión de veto y, debido al contexto en el que se aprobaron estas iniciativas, a eso se sumó que el veto cayó justo antes de que las sesiones extraordinarias empezaran a correr en Cuesta de Moras, por lo que el Ejecutivo tomó el control de la agenda y los diputados no pudieron hacer nada para revivir los proyectos.
