Presidencia no sabe qué hará con cáñamo y cannabis medicinal: aducen "riesgos" pero aseguran que están "a favor"

El Poder Ejecutivo asegura que es "prematuro" hablar de veto pero no define qué va a hacer con el proyecto.

La Presidencia de la República anunció este lunes que no sabe qué hará con el proyecto de ley que habilita el uso terapéutico y medicinal del cannabis en el país: para Presidencia "es prematuro" hablar de veto pero aseguran que el "texto aprobado presenta problemas que van desde riesgos para la salud pública y la seguridad ciudadana, incompatibilidades con la normativa ya existente en la materia y roces con convenios internacionales asumidos por el país".

La ministra de la Presidencia Geannina Dinarte Romero así lo señaló en una conferencia de prensa convocada hoy, en al que no se detalló si se va a vetar o no, a pesar de que el plazo vence el próximo lunes 31 de enero:

Estamos a favor del proyecto. No obstante, es necesario solventar esos detalles que todavía están pendientes y que son importantes no solo en materia de salud pública sino también por su incidencia en la seguridad pública".

La jerarca señaló que el Ejecutivo está "trabajando" en un análisis de las implicaciones nacionales e internacionales del proyecto pero no contestó qué van a hacer con la iniciativa y de hecho, al ser consultada directamente sobre si se va a vetar o no, evadió contestar a la pregunta, sino que señaló que es "prematuro" hablar de ello.

Las razones que preocupan al Ejecutivo son variadas pero se centran básicamente en un punto: la legalización del autocultivo que habilita el proyecto.

Adelantada la conferencia, una Dinarte ya más exaltada señaló que el problema está en los artículos 25 y 26 de la ley que son los que autorizan a los pacientes que requieran consumir cannabis medicinal para tratar sus dolencias, a que "realicen el cultivo doméstico de una cantidad limitada de plantas de cannabis psicoactivo, para ser utilizadas, única y exclusivamente, en el tratamiento de la persona".

El cultivo doméstico también podrá ser realizado por una persona familiar mayor de edad encargada del cuido de la persona paciente, cuando ella se encuentre en estado terminal o tengan una discapacidad que les impida realizar dicha actividad por su cuenta", agrega el artículo.

Al respecto la ministra señaló que:

Yo quiero ser enfática en esto: los artículos que mencionaron los jerarcas, 25 y 26, no son artículos que expresen la motivación original del expediente y yo le pregunto aquí a la ciudadanía: ¿cuál es la motivación de este expediente? Este proyecto de ley lo que buscaba era permitir el uso industrial del cáñamo por sus efectos económicos y permitir posteriormente el cannabis medicinal pero nunca, a lo largo de la construcción del proyecto de ley se fue transparente con la ciudadanía al advertir que habían liberalizado el autoconsumo y el autocultivo. En esta discusión sobre este proyecto de ley ese tema no fue discutido y la preocupación que tenemos hoy es que estamos frente a un proyecto que liberalizó el cultivo y el consumo y no se toman las previsiones de fiscalización que corresponden, ni se toman las previsiones de que se den los debidos procesos o prácticas de manufactura que garanticen que el uso que se va a dar individual, de autoconsumo, no sea más bien perjudicial para las personas".

Además este proyecto, según Zapote, se hizo sin consultar a los ministerios, una posición que sostuvo también el jerarca de Salud, Daniel Salas Peraza, que señaló que a él no lo llamaron a pedirle su opinión sobre la iniciativa.

¿Cómo se construye un proyecto de ley de esta complejidad, sin el criterio de las instituciones especializadas o de los actores en el país sobre la materia? El nivel de implicaciones que se mantienen en el proyecto de ley no son menores y ahora lo que decimos es que tenemos que garantizar que las preocupaciones puedan ser atendidas, ya que en las fases previas procesales no se lograron resolver", agregó Dinarte.

¿A qué se opone el Ejecutivo?

Ahora bien ¿a qué se opone Presidencia sobre este proyecto? Las objeciones son múltiples: la primera es que señalan que el texto aprobado trata la planta como un medicamento, sin cumplir los parámetros científicos ni médicos mínimos para catalogarlo como tal. Por ello el jerarca Daniel Salas afirmó en la conferencia que:

El proyecto como está tiene un capítulo de autocultivo para autoconsumo y en este caso lo que faculta la ley es que el paciente pueda cultivar la matita en su casa pero el paciente no tiene la capacidad para extraer el cannabinol como tiene que ser. El paciente lo que va a tener es la mata sin un médico que le diga 'tómese la mata cada 8 horas'".

A su vez, el jerarca de Seguridad, Michael Soto Rojas, señaló que a como se plantea el proyecto, "le hace prácticamente imposible el control a las autoridades de salud y seguridad" del autocultivo "ya que cualquier persona podría encubrir el cultivo de marihuana como si fuera cáñamo".

Soto incluso señaló que hay casos en los que la criminalidad obliga a las personas a cultivar cannabis, con la necesidad terapéutica como mampara, y que la no regulación de este tema genera preocupación en Zapote, en referencia también a las diferentes convenciones a las que se ha adherido el país respecto a la lucha contra el narcotráfico, tales como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas, ante las cuales "el proyecto va contra".

Finalmente, el Ejecutivo señaló que el límite del componente THC, componente psicoactivo principal en los productos de cáñamo, que permite el proyecto es de 1%, cuando "la concentración máxima recomendada por la OMS y países europeos es del 0,2%".

El director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Sergio Rodríguez Fernández, señaló que:

En cuanto al control establecido en dichos instrumentos destaca lo normado sobre el tetrahidrocannabinol (THC), así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, entre otros. Una vez corregidos los problemas señalados, el país se mantendría en cumplimiento de estas normas".

Los ministerios "lamentaron" que las observaciones que dieron al proyecto "no se vieran reflejadas en el texto final, a pesar de la anterioridad con que se compartieron, así como el hecho de que no fueran convocadas a audiencias para el análisis de un proyecto que requiere un alto análisis técnico y científico".

Este lamento, sin embargo, no fue bien recibido en la Asamblea Legislativa, donde diputados propulsores del proyecto como el liberacionista Roberto Thompson Chacón, señaló que:

¡Qué lamentable! 3 años después de un debate intenso, audiencias, acuerdos y consensos, mociones, discusión en primer debate, consulta ante la Sala (Constitucional) y votación en segundo debate ¡el Gobierno ausente, cuestiona el proyecto! ¡Una falta de respeto hacia el trabajo serio de esta Asamblea Legislativa!"

A su vez, la diputada exoficialista Paola Vega Rodriguez, señaló que más bien fueron las propias autoridades las que no manifestaron interés, hasta ahora:

¿Qué sigue ahora?

La Constitución Política en su artículo 125 establece que si el Poder Ejecutivo no aprobase un proyecto de ley votado por la Asamblea, este tiene la facultad de vetarlo y devolverlo a los diputados con las objeciones pertinentes; esta opción es válida para todo proyecto de ley, excepto el del Presupuesto Ordinario de la República.

Para proceder con el veto y según señala el artículo 126 de la Carta Magna, Zapote tiene como plazo los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado en Presidencia. El proyecto ya fue enviado a Presidencia el 17 de enero y por tanto, el plazo se vence el próximo viernes 28.

Si Zapote no veta, el proyecto todavía tiene que ser firmado por el Presidente antes de convertirse en ley y, si vetase, este debe regresar a la Asamblea Legislativa a que se le tramiten los cambios que no se han anunciado todavía por parte del Ejecutivo.

Los diputados salen a vacaciones este próximo jueves y durante una semana, para trabajar en campaña electoral, por lo que el futuro del proyecto es más que incierto.

Esta no es la primera vez que los vetos a leyes son un tema en Zapote: en octubre del 2020, el Ejecutivo vetó totalmente la ley que pretendía legalizar nuevamente la pesca de arrastre en el país; y el año pasado hizo lo propio con la iniciativa de rebaja del marchamo 2022.

En los dos casos anteriores, como ahora, Presidencia envió mensajes evasivos previo a su decisión de veto y, debido al contexto en el que se aprobaron estas iniciativas, a eso se sumó que el veto cayó justo antes de que las sesiones extraordinarias empezaran a correr en Cuesta de Moras, por lo que el Ejecutivo tomó el control de la agenda y los diputados no pudieron hacer nada para revivir los proyectos.

¿Qué dice la ley?

Con la iniciativa aprobada la semana pasada en segundo debate, se declaraba libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, por lo que estas actividades no iban a requerir de autorización previa especial o adicional.

Asimismo, se autorizaba el uso y aprovechamiento en el territorio nacional del cannabis con fines médicos y terapéuticos, única y exclusivamente para la realización de actividades como su producción, transporte y distribución; su venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social o a laboratorios encargados de industrialización terapéutica o para su exportación a terceros países donde se permita el comercio lícito de estos productos; su elaboración para medicamentos, cosméticos, aceites esenciales y otros productos de uso médico; y se habilitó a la CCSS para que otorgue contratos de compra de estos productos, dirigidos a organizaciones, asociaciones, cooperativas o cualquier otro ente que cumpla con lo establecido en la Ley de PYMEs.

Además, la iniciativa autorizó a la Caja, en conjunto con las universidades públicas y privadas, a realizar investigaciones y a producir en sus laboratorios medicamentos y productos de uso terapéutico y se autorizó que se incluyan medicamentos y productos de uso terapéutico con cannabinoides en las listas oficiales de medicamentos del seguro social.