El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, vetó totalmente el decreto legislativo que pretendía legalizar nuevamente la pesca de arrastre en el país.
El veto al expediente 21.478, Ley para el desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en Costa Rica, se concretó la tarde de este viernes, según confirmó Casa Presidencial el día de hoy.
"En ejercicio de mis potestades constitucionales, y por mi deber de promover el bien común y asegurar el equilibrio entre la actividad productiva y la sostenibilidad, y además, en cumplimiento de mi palabra, hoy he vetado totalmente el decreto legislativo número 9909, por razones de conveniencia y oportunidad", declaró Alvarado.
Este proyecto fue aprobado en segundo debate el pasado 22 de octubre y buscaba otorgarle el plazo de un año a Incopesca para que cuente con los estudios científicos y técnicos necesarios que permitan concluir que la pesca de arrastre es sostenible ambientalmente y por ende, extender las licencias según los lineamientos que la institución defina reglamentariamente.
El proyecto fue aprobado con 28 legisladores a favor y 18 en contra. De este grupo opositor surgió precisamente una carta a Presidencia solicitando vetar el proyecto de ley. La carta, enviada desde el despacho de Ana Karine Niño Gutierrez (PLN) fue firmada por ella y por los liberacionistas Luis Antonio Aiza Campos, Daniel Ulate Valenciano, Roberto Thompson Chacón y Silvia Hernández Sánchez, junto a Paola Vega Rodríguez (PAC), José María Villalta Flórez-Estrada (FA) y Mileidy Alvarado Arias (PRN).
A estas solicitudes se sumaron, además, la de organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que también el fin de semana pasado hizo «un llamado especial para colocar la naturaleza en el centro de la recuperación post-pandemia»; y la Universidad Nacional cuya Escuela de Biología, mediante una petición formal a Presidencia, solicitó el mismo rechazo por parte de Zapote.
Por su parte, y a corte del 23 de octubre anterior, 117 organizaciones del país habían solicitado al presidente que aplicase el veto a esta ley, entre los cuales se encontraban a su vez, 32 gobiernos locales.
Además, la activistas Ana María y Melissa pasaron desde el 23 de octubre en huelga de hambre frente a Casa Presidencial, pidiendo a su vez el correspondiente rechazo a la ley.
La Constitución Política costarricense en su artículo 125, establece que si el Poder Ejecutivo no aprobase un proyecto de ley votado por la Asamblea, este tiene la facultad de vetarlo y devolverlo a los diputados con las objeciones pertinentes; esta opción es válida para todo proyecto de ley, excepto el del Presupuesto Ordinario de la República. Para proceder con el veto y según señala el artículo 126 de la Carta Magna, Zapote tiene como plazo los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado (el proyecto llegó a Presidencia el pasado martes 27 de octubre).
Sin embargo y a pesar de que el plazo constitucional aún no ha vencido, este viernes el mandatario decidió escuchar a las organizaciones solicitantes y vetar el proyecto, por lo que ahora este deberá regresar a la Asamblea Legislativa, a ver si por la vía del resello logra convertirse en ley de la República.
No hay votos para resello
Para que el resello se dé, 38 legisladores deberán aprobar “pasarle por encima” a este veto presidencial. Cuando una ley es resellada se convierte en ley con las firmas del directorio legislativo y no requiere las firmas del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, el proyecto no tendría los votos suficientes para resellar el veto presidencial, ya que a los 18 diputados que votaron en contra en segundo debate se les sumaría por lo menos la oficialista Nielsen Pérez Pérez, y Silvia Hernández Sánchez, esta última quien firmó la carta enviada la semana anterior, pidiendo el veto presidencial.
Adicionalmente, la diputada María José Corrales Chacón —quien no pudo estar en la votación por encontrarse en aislamiento debido a un contacto con una persona con COVID-19— también se ha manifestado en contra del proyecto. Tras conocer del veto, la diputada independiente Ivonne Acuña Cabrera (quien tampoco estuvo en la votación) anunció su eventual voto en contra, en caso de que el resello sea planteado ante el Plenario; lo mismo hizo el diputado Rodolfo Peña Flores del PUSC.
Así las cosas, aun si todos los demás diputados que se ausentaron apoyaran resellar, solo se alcanzarían 34 votos y no los 38 que se requieren para evadir el veto presidencial.
