Congresistas de distintas fracciones legislativas han solicitado al presidente Carlos Alvarado Quesada, y desde distintos espacios, que firme el Decreto Legislativo 10.113, Ley del Cannabis para Uso Medicinal y Terapéutico y del Cáñamo para uso Alimentario e Industrial (expediente legislativo 21.388).
Dato D+: Tras la aprobación en segundo debate de un proyecto de ley, el expediente se convierte en un decreto legislativo hasta su firma por parte del Poder Ejecutivo. El número que se le asigna a cada decreto legislativo es el número de ley que lleva tras su publicación en La Gaceta.
Durante la sesión del Plenario Legislativo del día de hoy, la jefa de fracción del partido oficialista Laura Guido Pérez, solicitó al gobierno que no vetará la ley, señalando que:
Las personas que más necesitan de estos tratamientos son las que menos acceso tienen, debido a la forma en que está, en este momento, construido ese mercado, la gente se la juega yendo a mercados ilegales, o ahora bien, se ha podido acercar a alguno expendios legales a través de tiendas de productos extraídos de CBD, especialmente de cáñamo, pero los que están quedando por fuera de esta posibilidad es nuestro sector productivo, bien sabemos que estos productos están para arriba y para abajo en el país, pero no es nuestro sector productivo el que se está beneficiando de las oportunidades de producir, de investigar, de desarrollar”.
Así mismo la diputada de Liberación Nacional (PLN), Karine Niño Gutierrez, firmante del proyecto, aseguró en el Plenario que:
El presidente Carlos Alvarado está cometiendo un error muy grave en la forma de manejar esta iniciativa de ley. Este proyecto nace como una respuesta efectiva que brinda seguridad jurídica a un problema, como lo es el aprovechamiento legal y efectivo del uso del cannabis y el cáñamo”.
Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Inés Solís Quirós, recordó en sus redes sociales la importancia para el sector productivo que “está esperando esta ley para producir, generar empleo y para reactivar la economía”, mientras que la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, acusó la semana pasada al Gobierno de andar buscar excusas para vetar el proyecto.
Desde la semana anterior se han ido incrementando los temores de un eventual veto presidencial por parte de quienes propusieron el proyecto, pues desde Casa Presidencial aseguraron que tras su aprobación, el texto sería estudiado por los ministerios involucrados, de los cuales tanto desde el Ministerio de Seguridad como de Salud habían manifestado su oposición en el pasado.
A su vez, el día de hoy se anuncio una conferencia de prensa a las 2:30 de la tarde, donde se abordará este tema y estarán presentes la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte Romero; el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza; el ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas; el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera; y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Sergio Rodríguez Fernández.
Durante la semana anterior la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) también solicitaron al Poder Ejecutivo no bloquear el avance de esta nueva ley con un veto presidencial.
Iglesia Católica se manifiesta en contra del proyecto
En un comunicado de prensa emitido esta mañana, la Conferencia Episcopal de Costa Rica manifestó sus preocupaciones ante la aprobación del proyecto, argumentando que "no existen garantías" de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales y señalando que se podría promover un monocultivo de la planta, lo que tendría un impacto ambiental, una eventual complicación para las autoridades de detectar plantaciones ilegales, así como un eventual roce del proyecto con los tratados internacionales ratificados por el país.
Dato D+: Durante la consulta de constitucionalidad que se presentó al proyecto la Sala señaló que “el expediente legislativo 21.388 no contiene vicios sustanciales de procedimiento legislativo, ni de fondo por infracción a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas del 30 de mayo de 1961 (Ley 4544), del Protocolo de Modificación de la Convención Única sobre estupefacientes 1961 (Ley 5168), la Convención de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) (Ley 4990) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Ley 7198)”.
