El proyecto fue enviado a Zapote el pasado 17 de enero, por lo que ya están corriendo los diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para firmarlo o vetarlo.


La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) solicitaron al Poder Ejecutivo no vetar la ley que legaliza el cannabis medicinal y el cáñamo industrial en el país.

Así lo indicaron en un comunicado de prensa enviado esta mañana, en el que el sector privado señaló que esta ley es un "mecanismo para contribuir con el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, la generación de más empleo y la reactivación económica del país".

Además, el sector empresarial aseguró que "este fue un compromiso del mandatario Alvarado, durante su discurso del pasado 2 de mayo, donde se comprometió a impulsar esta iniciativa de ley".

Según el presidente de Uccaep, José Álvaro Jenkins Rodríguez:

Instamos al Presidente a respetar la decisión del Congreso y ratificar la iniciativa. La ley es muy importante para la reactivación económica ya que declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, sin autorización previa especial o adicional de las autoridades. Sin duda se abre un abanico de posibilidades para poner a Costa Rica a la vanguardia de esta industria".

La Presidencia de la República anunció el jueves pasado que enviará a consulta a sus ministros la ya aprobada ley y que "no existe a este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema, ni en un sentido ni en otro" (es decir, sobre vetar o no).

Lo que sí es cierto es que la oposición entre los ministerios a este proyecto no es nueva: desde el 2020 entidades como Seguridad y Agricultura están posicionándose en contra de la iniciativa, al sostener que "podría" prestarse para un aumento en las actividades criminales en el país.

Para las cámaras, sin embargo, el veto significaría la pérdida de oportunidades económicas y de empleo, pues según Enrique Egloff Gerli, presidente de la CICR:

Esta Ley es una acción contundente para dinamizar la economía y generar empleo, especialmente fuera del GAM. Hay evidencia suficiente del potencial de mercado que tendrían los productos del cáñamo y su impacto positivo para el país, por lo que no vemos motivo alguno para que el Presidente Alvarado vete esta Ley".

La Constitución Política en su artículo 125 establece que si el Poder Ejecutivo no aprobase un proyecto de ley votado por la Asamblea, este tiene la facultad de vetarlo y devolverlo a los diputados con las objeciones pertinentes; esta opción es válida para todo proyecto de ley, excepto el del Presupuesto Ordinario de la República.

Para proceder con el veto y según señala el artículo 126 de la Carta Magna, Zapote tiene como plazo los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado en Presidencia y este fue enviado el 17 de enero pasado.