El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, se convirtió en el segundo ministro del Gobierno de Carlos Alvarado que expresa su oposición al proyecto de ley que se tramita en el Congreso y que pretende dar sustento legal al uso, producción, comercialización, industrialización e investigación científica del cannabis y el cáñamo, con fines medicinales, terapéuticos, alimenticios e industriales.
Aunque el presidente de la República, Carlos Alvarado, apostó por esta iniciativa en su último discurso ante el Congreso, Soto se sumó al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, en expresarle al Congreso que están en contra de la iniciativa que se estudia en la Comisión de Ambiente.
Según un criterio enviado por Soto al foro legislativo, del cual Delfino.cr tiene copia, el proyecto trasgrede seis normas jurídicas: la Constitución Política, la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la Ley General de Salud de 1973 y la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no autorizado, Actividades conexas, Legitimación de capitales y Financiamiento al terrorismo de 1998.
Soto defendió que Costa Rica decidió prohibir el cultivo de cannabis, "por ser la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar el tráfico ilícito de los estupefacientes" y que existe suficiente regulación en el marco jurídico costarricense que prohíbe dicho cultivo.
El proyecto no considera los instrumentos legales antes citados, esto sin mencionar la valoración de los potenciales riesgos que enfrentaría el país al permitir su cultivo
El ministro enlistó seis 'peligros':
- El pequeño segmento de mercado lícito que podría atender el cultivo de cannabis medicinal, en los términos de las convenciones antes citadas.
- La desviación hacia usos no médicos que puede ocurrir en programas de cannabis medicinal, que no están regulados de conformidad con los tratados
- La situación del país, con respecto al creciente tráfico ilícito de cannabis con alto contenido de THC, es decir, superiores a las especies nativas que no califican como drogas blandas y ponen en riesgo a la población
- Importantes retos en materia de seguridad, en cuanto a lucha de bandas por el control de rutas de tráfico y territorios de distribución
- Pago en especie por los servicios de almacenamiento y logística de bandas locales, que contribuyen al aumento en el consumo, por la mayor demanda de cannabis y menor percepción del riesgo por parte de la juventud; y
- Aumento de los homicidios por ajusticiamientos y luchas entre bandas, que pueden afectar a personas inocentes y que viven en zonas de riesgo
Soto agregó que, hasta ahora, la Comisión de Expertos en Farmacodependencia de la OMS recomendó a la Comisión de Estupefacientes de la ONU dejar fuera de la fiscalización internacional los preparados de Cannabidiol (CBD) que contengan Tetrahidrocannabinol (THC) igual o inferior al 0,2%, para aprovecharse a nivel terapéutico; pero que por tratarse de una recomendación aún no implementada, hacerlo vía ley estaría violando normativa internacional vigente.
Por todo lo anterior, Soto expresó su rechazo al proyecto de ley y agregó que legalizar el cannabis no solo representa un riesgo para la salud pública, sino que constituye una serie de riesgos asociados al tráfico ilícito de estupefacientes y restos en materia de seguridad.
Las diputadas Paola Vega Rodríguez del PAC y la independiente Zoila Volio Pacheco reaccionaron negativamente ante el criterio del Ministerio de Seguridad.
"Me parece desacertada la posición que está tomando el Poder Ejecutivo con respecto al tema del cannabis y el cáñamo, creo que les hace falta asesoría técnica para poder entender la dimensión y dinámica de este mercado que está generando importantes ingresos a nivel mundial, y mantenerse en una posición de tan vieja escuela a partir de prejuicios al tema lo único que va a hacer es cerrarnos oportunidades como país en ese sentido. Mientras el resto del mundo ya está hablando de marihuana recreativa y todos los usos de cannabis, aquí apenas tenemos la discusión de cáñamo industrial y cannabis medicinal, y aún así ponen resistencias", afirmó Vega.
Hay que dejar prejuicios, tomar posiciones informadas y técnicas y ver los números económicos de las posibilidades que tiene el cultivo y producción de esta industria. Como presidenta de la Comisión de Ambiente voy a avanzar con el proyecto, esperamos dictaminarlo este miércoles y pediremos al Ejecutivo que lo convoque [a sesiones extraordinarias] pues es vital tanto para la reactivación económica, como para el alivio de muchas enfermedades y padecimientos.
Por su parte, la diputada Volio afirmó que tras leer la posición del Ministerio de Seguridad llegó a dos conclusiones: una, que en la parte del cáñamo el Ministerio tiene anuencia en el tanto y cuanto las plantas que se cultiven tengan un bajo contenido de THC (0.2%), que es la sustancia psicoactiva, mientras el Congreso barajaba un 0.3%, por lo que ve oportunidades de encontrar variedades que tengan ese bajo contenido de THC.
Sin embargo, en cuanto al cannabis medicinal y su uso medicinal, Volio criticó la rotunda oposición del Ministerio aunque afirmó que la respetaba.
En un país como Colombia, que ha sido desangrado en los 70s con toda la guerra contra las drogas, el Senador Juan Manuel Galán, hijo del caudillo Luis Carlos Galán que mató Pablo Escobar impulsó la ley de cannabis medicinal y se ha visto que más bien ha producido ingresos, inversión y generación de empleo en el tanto y cuanto se mantuvieran regulaciones estrictas para que fuera únicamente el extracto de la planta la materia prima de los medicamentos. En ningún momento en mi proyecto hemos hablado de la liberalización del fumado, es simplemente usarlo como materia prima como muchas otras plantas.
Volio concluyó que una parte de las observaciones del Ministerio podrían superarlas en comisión, pero que en la otra lamentó que no se tomara como referencia países como Colombia que ahora exporta a Estados Unidos esos extractos para uso medicinal.
Aislados, pero ya no
Nueve diputados estaban este lunes aislados por ser contacto de casos confirmados o sospechosos de COVID-19.
En el despacho de la diputada Ana Karine Niño del Partido Liberación Nacional (PLN) se identificó un caso positivo, por lo que la legisladora y su equipo fueron enviados a aislamiento.
Tras rastrear los contactos, el Departamento de Servicios de Salud de la Asamblea constató que Niño había acudido a una reunión a la casa del Embajador de Corea del Sur en Costa Rica, junto con los diputados Roberto Thompson, Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado, María José Corrales, Daniel Ulate y Wagner Jiménez, por lo que les ordenaron mantenerse aislados a la espera del resultado de la prueba de la diputada.
La diputada independiente Ivonne Acuña también fue enviada a aislamiento, pues había participado de una reunión con niño; mientras que la diputada María Vita Monge del PUSC fue enviada a aislamiento con su despacho la semana pasada, luego que un asesor diera positivo.
En horas de la noche, Niño anunció que su prueba dio negativa, por lo que los diputados aislados por ser contactos suyos podrían reintegrarse a trabajar este martes.
También se disipó la nebulosa sobre el presidente Carlos Alvarado Quesada, quien había ido a supervisar los estragos causados por el huracán Eta en la Zona Sur, junto al diputado Wagner Jiménez. Previamente, Presidencia indicó que Alvarado no ameritaba aislamiento o prueba, pues él era contacto cercano de un caso cercano, y los lineamientos de salud actuales no lo requerían.
Ahora, con la prueba de Niño negativa, los otros diputados tampoco tendrán que someterse al test, y tampoco el Mandatario.
Este lunes la sesión del Plenario se interrumpió varias veces por ruptura del quorum, debido a la ausencia de los diputados aislados y otros que del todo no se apersonaron.
Previamente han sido enviados a aislamiento los diputados Pablo Heriberto Abarca, Erwen Masís, María José Corrales, Carolina Hidalgo y Laura Guido. Hasta la fecha, solo el diputado independiente Harllan Hoepelman ha dado positivo en la prueba de COVID-19.









