La Presidencia de la República anunció este jueves que enviará a consulta a sus ministros el proyecto de ley que habilita el uso terapéutico y medicinal del cannabis en el país, antes de decidir si veta o no la iniciativa que recibió segundo debate en la Asamblea esta mañana.

Así lo indicó el ministro de Comunicación, Agustín Castro Solano, en un comunicado enviado por Presidencia a la prensa y en el que el jerarca señaló que:

Una vez que el proyecto 21.388 esté en manos del Poder Ejecutivo, se desarrollará el proceso natural y formal que siguen todas las iniciativas de ley que son aprobadas por la Asamblea Legislativa. Ese proceso contempla que una vez que los decretos de ley son remitidos por el Congreso, se trasladan a conocimiento de los ministerios que sean competentes según la materia tratada ya que son quienes para esos efectos, por disposiciones constitucionales, integran el Poder Ejecutivo junto al Presidente de la República. A dichos ministerios se les fija un plazo prudencial, y dentro del límite constitucional, para hacer el análisis del contenido del proyecto y plantear sus recomendaciones al Presidente, quien las evalúa y toma la decisión final respecto a la firma. Este es el proceso que seguirá en el momento en que arribe el expediente 21.388, y la evaluación respectiva se hará ponderando debidamente todos los elementos de juicio disponibles, como se hace en todos los casos. Por tanto, no existe a este momento ninguna decisión definitiva respecto a este tema, ni en un sentido ni en otro".

El tema entre los ministerios y este proyecto no es nuevo: desde el 2020 entidades como Seguridad y Agricultura están posicionándose en contra de la iniciativa, al sostener que "podría" prestarse para un aumento en las actividades criminales en el país.

Además, el pasado lunes 10 de enero, el propio presidente Carlos Alvarado Quesada aseguró que "analizará" si veta esta ley y que la decisión se tomará finalmente con el Ministerio de Salud:

El Gobierno está a la espera de que se dé un segundo debate. A partir de ello, con las autoridades de Salud, vamos a revisar el texto final antes de emitir una decisión. Eso es lo que nos corresponderá hacer".

Esta no es la primera vez que los vetos a leyes son un tema en Zapote: en octubre del 2020, el Ejecutivo vetó totalmente la ley que pretendía legalizar nuevamente la pesca de arrastre en el país; y el año pasado hizo lo propio con la iniciativa de rebaja del marchamo 2022.

En los dos casos anteriores, como ahora, Presidencia envió mensajes evasivos previo a su decisión de veto y, debido al contexto en el que se aprobaron estas iniciativas, a eso se sumó que el veto cayó justo antes de que las sesiones extraordinarias empezaran a correr en Cuesta de Moras, por lo que el Ejecutivo tomó el control de la agenda y los diputados no pudieron hacer nada para revivir los proyectos.

Por ello, y con este historial detrás, la oposición dedicó un largo periodo en el Plenario este jueves, para solicitar a Presidencia que se abstenga de vetar el proyecto.

La Constitución Política costarricense en su artículo 125, establece que si el Poder Ejecutivo no aprobase un proyecto de ley votado por la Asamblea, este tiene la facultad de vetarlo y devolverlo a los diputados con las objeciones pertinentes; esta opción es válida para todo proyecto de ley, excepto el del Presupuesto Ordinario de la República. Para proceder con el veto y según señala el artículo 126 de la Carta Magna, Zapote tiene como plazo  los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se haya recibido el proyecto de ley aprobado (el proyecto aún no ha llegado a Presidencia).

¿Qué se aprobó hoy?

Con la iniciativa aprobada esta mañana en segundo debate se declara libre el cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo o cannabis no psicoactivo y sus productos o subproductos, para fines alimentarios e industriales, por lo que estas actividades no requerirán de autorización previa especial o adicional.

Asimismo, se autoriza el uso y aprovechamiento en el territorio nacional del cannabis con fines médicos y terapéuticos, única y exclusivamente para la realización de actividades como su producción, transporte y distribución; su venta como materia prima a la Caja Costarricense de Seguro Social o a laboratorios encargados de industrialización terapéutica o para su exportación a terceros países donde se permita el comercio lícito de estos productos; su elaboración para medicamentos, cosméticos, aceites esenciales y otros productos de uso médico; y se habilitó a la CCSS para que otorgue contratos de compra de estos productos, dirigidos a organizaciones, asociaciones, cooperativas o cualquier otro ente que cumpla con lo establecido en la Ley de PYMEs.

Además, la iniciativa autoriza a la Caja, en conjunto con las universidades públicas y privadas, a realizar investigaciones y a producir en sus laboratorios medicamentos y productos de uso terapéutico y se autoriza que se incluyan medicamentos y productos de uso terapéutico con cannabinoides en las listas oficiales de medicamentos del seguro social.