El Plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, por unanimidad de 46 diputados presentes, un proyecto de ley para incorporar expresamente la violencia obstétrica a la legislación costarricense.
Sin embargo, el expediente deberá regresar a primer debate para corregir varias deficiencias de técnica legislativa advertidas durante su discusión, entre ellas una disposición que, según el diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña, podría provocar que determinadas conductas actualmente castigadas como delitos terminen recibiendo únicamente sanciones administrativas.
La iniciativa corresponde al expediente 24.261, que reforma la Ley 10.081, de derechos de las mujeres durante el embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido. El texto busca reconocer legalmente la violencia obstétrica como una forma de violencia de género y establecer que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, deben garantizar una atención respetuosa de los derechos de las mujeres.
Aunque las diputaciones coincidieron en la necesidad de aprobar la reforma, el debate cambió de rumbo cuando el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña, advirtió que el proyecto contenía errores jurídicos que podrían comprometer su aplicación. El legislador señaló problemas con la definición de las conductas sancionables, el régimen de responsabilidad, la terminología utilizada y las reglas de prescripción.
La principal preocupación de Villalobos se centró en el nuevo artículo 2 bis que el proyecto pretende incorporar a la Ley 10.081. La disposición define la violencia obstétrica como las conductas del personal de salud que, mediante un trato deshumanizado, una medicalización abusiva o el tratamiento de procesos fisiológicos como si fueran enfermedades, afectan negativamente a las mujeres durante el embarazo, parto, posparto o ante complicaciones por aborto.
El artículo enumera como ejemplos los tactos vaginales realizados por múltiples personas, las episiotomías rutinarias, el uso de fórceps sin justificación, la maniobra de Kristeller, el raspado uterino sin anestesia, las cesáreas sin indicación médica válida y la administración innecesaria de medicamentos. Sin embargo, el texto agrega la expresión "entre otras", con lo cual deja abierta la posibilidad de incluir conductas adicionales.
Villalobos cuestionó esa fórmula porque, a su criterio, una disposición destinada a establecer sanciones debe describir con suficiente precisión cuáles conductas están prohibidas. Según explicó, una enumeración abierta podría contravenir el principio de tipicidad, que exige que las infracciones y sus consecuencias estén claramente establecidas para evitar sanciones arbitrarias.
El segundo problema se encuentra en el último párrafo del artículo propuesto, que dispone que la violencia obstétrica será sancionada conforme al artículo 14 de la Ley 10.081. Ese artículo regula un régimen disciplinario e incluye amonestaciones y multas administrativas para los establecimientos privados, según la gravedad de las infracciones.
Villalobos advirtió que la remisión exclusiva a ese artículo podría generar conflictos cuando una conducta de violencia obstétrica también constituya un delito, como eventualmente podría ocurrir con determinadas agresiones físicas, coacciones o abusos sexuales. En su interpretación, la redacción podría favorecer que hechos sujetos a responsabilidad penal terminaran tratados únicamente como infracciones administrativas.
Aquí lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer, sin querer, es más bien despenalizar una serie de conductas que están penalizadas, por querer penalizar las que no estaban penalizadas".
El legislador también cuestionó el cambio de terminología introducido en el artículo primero de la ley. La reforma sustituye la referencia a los derechos de las "personas recién nacidas" por los del "neonato", pero mantiene las denominaciones anteriores en otros artículos que no serían modificados.
Villalobos consideró que esa falta de uniformidad podría generar dificultades de interpretación, aunque reconoció que ambas expresiones pueden entenderse referidas a los mismos sujetos de protección.
Otro reparo se relaciona con la reforma del artículo 17, que ampliaría de cuatro a ocho años el plazo para iniciar procedimientos destinados a perseguir infracciones.
Actualmente, el plazo comienza a contarse desde que ocurrió la falta o desde que la persona afectada tuvo conocimiento efectivo de ella, cuando hubiera permanecido oculta. La propuesta mantiene esa lógica, pero sustituye la expresión vigente "la acción para iniciar el procedimiento" por "el derecho para iniciar el procedimiento", por lo que Villalobos cuestionó el cambio por sus posibles efectos procesales.
El diputado consideró necesario revisar la articulación entre las competencias fiscalizadoras del Ministerio de Salud, el procedimiento aplicable a los prestadores privados y las garantías de las personas investigadas.
Finalmente, cuestionó una modificación al artículo 5 que obligaría a los establecimientos de salud a brindar información sobre derechos humanos durante la atención prenatal. A su juicio, esa inclusión no guarda una relación suficientemente precisa con la finalidad específica de informar a las mujeres sobre las condiciones, los riesgos y las posibles complicaciones de su embarazo.
Pese a sus críticas, Villalobos anunció que votaría a favor del proyecto por considerar necesario avanzar en el reconocimiento de la violencia obstétrica. También manifestó su disposición a participar en la elaboración de las correcciones requeridas.
Diputaciones acuerdan corregir el texto
Las observaciones del oficialista encontraron respaldo entre otras diputaciones. La legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), Janice Sandí Morales, quien es médica de profesión, coincidió en que el proyecto presenta problemas tanto jurídicos como de terminología médica.
Sandí sostuvo que la regulación debe abarcar integralmente los servicios públicos y privados y que también debe contemplar las condiciones materiales en que se atienden los partos, entre ellas la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de especialistas, la suficiencia de personal y las jornadas laborales de quienes brindan atención obstétrica.
La diputada planteó expresamente la necesidad de retrotraer el expediente para corregir sus deficiencias, antes de avanzar hacia su aprobación definitiva. También cuestionó que no se hubiera incorporado con suficiente amplitud el criterio técnico de especialistas y dependencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por su parte, la oficialista Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, expresidenta ejecutiva de la CCSS, reconoció la existencia de la violencia obstétrica y la necesidad de mejorar los mecanismos para documentar las denuncias. Señaló que las cifras registradas por la Defensoría de los Habitantes probablemente no reflejan la magnitud real del problema y destacó algunas medidas adoptadas en los establecimientos de salud para humanizar la atención de los partos.
Esquivel también se mostró anuente a colaborar con Villalobos en la revisión de los aspectos técnicos cuestionados, con el propósito de fortalecer las garantías para las mujeres sin generar problemas de aplicación.
Ante las observaciones planteadas, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta Flórez-Estrada, solicitó un receso de diez minutos para conversar con las demás bancadas sobre el procedimiento que debía seguirse. El legislador señaló que existía disposición entre las fracciones para corregir aspectos puntuales del articulado.
Tras las conversaciones, las diputaciones acordaron avanzar con la aprobación en primer debate y promover posteriormente la retrotracción del expediente para introducir las modificaciones necesarias.
La decisión permitió que el proyecto recibiera 46 votos a favor y ninguno en contra, pero dejó pendiente la corrección del texto antes de que pueda convertirse en ley.
La retrotracción está regulada en el artículo 148 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Este mecanismo permite devolver a primer debate un proyecto que ya superó esa etapa cuando se considere necesario modificar su contenido de fondo. Para aplicarlo, el Plenario debe aprobar una moción de orden con el respaldo de al menos 38 diputados.
Una vez aprobada la retrotracción, el expediente volvería al capítulo de primeros debates y las diputaciones podrían presentar nuevas mociones para modificar su articulado. Después de conocerlas, el Plenario tendría que votar nuevamente el proyecto en primer debate, antes de continuar hacia su aprobación definitiva.
¿Qué pretende cambiar la reforma?
La Ley 10.081, vigente desde 2022, ya reconoce diversos derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, incluidos el acceso a información comprensible, el consentimiento informado, el acompañamiento durante el parto, el respeto a su privacidad y la posibilidad de denunciar incumplimientos de sus disposiciones. También establece obligaciones para los centros de salud públicos y privados.
El proyecto busca complementar esa normativa mediante cuatro modificaciones: incorporar expresamente la erradicación de la violencia obstétrica entre los objetivos de la ley; añadir una definición legal de esa forma de violencia; ampliar las obligaciones de información y supervisión durante la atención prenatal; y duplicar el plazo para perseguir infracciones.
Durante el debate, la diputada del Frente Amplio Joselyn Sáenz Núñez defendió el reconocimiento legal de la violencia obstétrica como un primer paso para atender situaciones que, según señaló, muchas mujeres han sufrido sin obtener una respuesta institucional adecuada.
Sáenz advirtió, sin embargo, que el proyecto todavía deja pendientes otras medidas, entre ellas la capacitación obligatoria y evaluable del personal de salud, mecanismos específicos y confidenciales de denuncia, plazos para investigar los hechos y la creación de un registro nacional de violencia obstétrica. También pidió fortalecer las redes de apoyo durante el posparto y las políticas de licencias de maternidad y paternidad.
La oficialista Kattia Mora Montoya defendió igualmente la aprobación de la iniciativa y destacó la importancia de garantizar una atención médica digna, sin humillaciones ni intervenciones injustificadas, así como de proteger la salud de las mujeres y de los recién nacidos.
El Plenario señaló el lunes 16 de noviembre para continuar la tramitación del expediente en segundo debate, aunque sería en esa fecha en la que se apruebe una eventual moción para retrotraer el expediente a primer debate, lo que abriría una ventana de oportunidad para presentar nuevas mociones de fondo.
Si el proyecto es modificado, deberá discutirse y votarse nuevamente en dos debates antes de poder ser promulgado como ley de la república.
Breves
— Con 44 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 24.082 "Reforma de los artículos 155 y 155 bis de la Ley 9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, del 4 de octubre de 2012, y adición de un inciso o) al artículo 9 de la Ley 7088, Reajuste tributario y resolución 18A Consejo Arancelario y Aduanero CA, del 30 de noviembre de 1987".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente el expediente 25.618 "Ley para sancionar e inhabilitar las pistas de aterrizaje clandestinas y no autorizadas y permitir el comiso de bienes vinculados a actividades ilícitas".
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.
Cambios en la agenda de sesiones extraordinarias
El Poder Ejecutivo amplió la convocatoria a sesiones extraordinarias, incluyendo estos expedientes:
Expediente 22.593 "Creación del Distrito 9° del cantón de Naranjo, Candelaria".
Expediente 23.989 "Reforma de los artículos 13, 18 y 45 de la Ley N° 8395, Ley de regulación de los servicios de seguridad privados, de 1 de diciembre de 2003, y sus reformas".
Expediente 24.225 "Ley para cambiar el uso y afectar un inmueble propiedad de la Municipalidad de Alajuela a parque público municipal General Tomás Guardia Gutiérrez".
Expediente 24.325 "Modificación al artículo 35 de la Ley N° 7575, Ley Forestal y sus reformas, que autoriza la intervención del Benemérito Cuerpo de Bomberos en áreas silvestres protegidas".
Expediente 24.393 "Ley para la promoción y el cumplimiento de los estándares de calidad en los laboratorios".
Expediente 24.580 "Reforma al artículo 46 de la Ley N° 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica del 3 de noviembre de 1995, para eliminar el uso de billetes y monedas en el servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús de ruta regular, mixtas y servicios de tren".
Expediente 24.626 "Ley general para la sostenibilidad del sector de pesca artesanal en pequeña escala".
Expediente 24.633 "Ley para el funcionamiento y ejecución del Fondo para el Desarrollo de Limón (FODELI)".
Expediente 24.698 "Adición de un transitorio XII a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), del 30 de abril del 2020".
Expediente 24.843 "Reforma al artículo 323 del Código Penal para agravar el delito de falso testimonio en materia de narcotráfico y crimen organizado".
Expediente 24.888 "Ley de autorización al Instituto Costarricense de Turismo para donar un terreno de su propiedad a la Municipalidad de Esparza".
Expediente 25.023 "Ley para combatir el incumplimiento de medidas de protección a favor de las mujeres".
Expediente 25.146 "Ley de fortalecimiento de la salud mental de la mujer gestante".
Expediente 25.287 "Ley para el reconocimiento y financiamiento de servicios ecosistémicos agropecuarios y forestales".
Expediente 25.304 "Ley para proteger la vida de la persona recién nacida".
Expediente 25.402 "Ley para atraer talento especializado de carácter internacional".
Expediente 25.418 "Reforma a los artículos 121 inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política".
Expediente 25.470 "Ley general contra la obesidad".
Expediente 25.475 "Autorización al Ministerio de Educación Pública (MEP) para segregar, mutar finalidad y donar un terreno de su propiedad a la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) para que se construya la Clínica de Zarcero y se brinden servicios de salud".
Expediente 25.548 "Reforma al artículo 1 de la Ley N.º 9577, Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, de 27 de junio de 2018, y sus reformas".
Expediente 25.575 "Ley contra las puertas giratorias y los conflictos de interés en procesos asociados a especialidades médicas".
Expediente 25.597 "Ley de creación y celebración del Día Nacional de la Familia".
Expediente 25.600 "Ley para el fortalecimiento y modernización de las competencias de la Junta de Protección Social y regulación de los juegos de azar en el marco de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado".
Expediente 25.601 "Autorización al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica a donar un terreno de su propiedad al Instituto Nacional de Seguros y mutación del uso del inmueble".
Expediente 25.629 "Adición de un artículo 12 bis a la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, para fortalecer el enfoque preventivo, la coordinación interinstitucional y la protección integral en las etapas iniciales del desarrollo humano".
Expediente 25.632 "Ley para prohibir el ejercicio de la abogacía y el notariado a las magistraturas suplentes en asuntos que deban ser conocidos por la Sala de la Corte Suprema de Justicia en la cual se encuentren nombradas".
Expediente 25.635 "Reforma del artículo 1 y adición de un transitorio a la Ley N° 10812, del 13 de noviembre de 2025, Ley para fortalecer las asociaciones y organizaciones de bienestar animal".
Expediente 25.643 "Ley para el traslado de los programas de pensiones no contributivas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social".
Expediente 25.644 "Ley para reglamentar transparencia y anti-cabildéo en nombramientos públicos de la Asamblea Legislativa".
Expediente 25.679 "Reforma al artículo 231 y 239 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 8 y sus reformas".
Expediente 25.685 "Adición de un segundo párrafo al artículo 76 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para el reconocimiento constitucional de la Lengua Costarricense de Señas (LESCO)".
Expediente 25.688 "Ley Taser para las fuerzas policiales".
Expediente 25.689 "Ley para que nadie se beneficie de su propia fuga: reforma del artículo 34 del Código Procesal Penal y del artículo 86 del Código Penal".
Expediente 25.694 "Reforma al artículo 158 y a los numerales 4) y 5) del artículo 159 de la Constitución Política, para fortalecer la eficiencia, excelencia y la independencia en el ejercicio de las magistraturas del Poder Judicial".
Expediente 25.695 "Reforma al artículo 19 a la Ley 218 Ley de Asociaciones y sus reformas del 08 de agosto de 1939".
Expediente 25.705 "Ley que regula el uso del SINIRUBE en el sistema financiero nacional para la vivienda".
Expediente 25.708 "Ley de prevención y atención temprana de situaciones de riesgo en personas menores de edad".
Expediente 25.709 "Ley para fortalecer la inversión municipal en personas adultas mayores".
Expediente 25.710 "Ley para fortalecer la tenencia responsable y prevención del abandono animal".
Expediente 25.711 "Acceso comunal a recursos para la protección de la niñez".
Expediente 25.715 "Reforma del inciso 2) del artículo 13 para garantizar el derecho a la nacionalidad a todos los hijos de costarricenses por nacimiento, y derogatoria del inciso 4 del artículo 14".
Expediente 25.716 "Ley para ampliar la protección del patrimonio familiar a los hijos e hijas de cualquiera de los cónyuges o convivientes. Reforma de los artículos 43 y 47 de la Ley N.º 5476, Código de Familia, de 21 de diciembre de 1973".
Expediente 25.717 "Adición de un artículo 33 ter de la Ley N.º 7575, Ley Forestal y sus reformas. Ley para la protección de la vida, infraestructura pública y los ecosistemas asociados a los cuerpos de agua".
Expediente 25.720 "Adición de un párrafo al artículo 136 de la Ley 8765, Código Electoral, del 19 de agosto de 2009, para prohibir la propaganda y el proselitismo político-partidario en centros educativos".
Expediente 25.747 "Reforma para la promoción de la libre competencia en los servicios profesionales y modernización del régimen de colegiatura".
Expediente 25.753 "Reforma al artículo 29 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Ley 8589 del 25 de abril de 2007".
Expediente 25.765 "Ley especial de aguas termales y termalismo".
Expediente 25.769 "Reforma del artículo 59 y adición de un transitorio XII de la Ley N.º 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), del 24 de mayo de 2016".
Expediente 25.778 "Ley para garantizar la emisión íntegra y motivada de las sentencias de la jurisdicción constitucional".
Expediente 25.785 "Reforma del inciso c) del artículo 2 de la Ley General sobre el VIH SIDA, N° 9797 de 2 de diciembre de 2019 y sus reformas".
Expediente 25.786 "Ley para el reconocimiento, protección y promoción de las semillas criollas".
Expediente 25.788 "Ley para garantizar la denuncia inmediata frente al maltrato o abuso para proteger la niñez".
Expediente 25.789 "Ley para la prevención y atención de las riñas entre personas menores de edad".
Expediente 25.794 "Reforma del inciso k) del artículo 5, los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30 y 33 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ley N.º 1788, de 24 de agosto de 1954; y del artículo 4 y 6 de la Ley N.º 4646, Ley que modifica la integración de las juntas directivas de instituciones autónomas, de 20 de octubre de 1970, y sus reformas".
Expediente 25.798 "Reforma y adición a los artículos 345, 346, 358 y adición de un artículo 345 bis al Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943 y sus reformas, para fortalecer la democracia sindical".
Expediente 25.799 "Reforma al artículo 15 de la Ley N.º 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005".
Expediente 25.802 "Reforma de los incisos h), y t) del artículo 13 y del artículo 49 de la Ley 7794, Código Municipal, del 30 de abril de 1998".
Expediente 25.808 "Desafectación de uso público y autorización a la Municipalidad de Liberia a donar un inmueble de su propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social para la construcción de la sede del Área de Salud de Liberia".
Expediente 25.809 "Ley para garantizar el acceso al agua potable y la segregación para vivienda familiar en los predios dotados por el Instituto de Desarrollo Rural. Reforma del inciso b) del artículo 55 y del artículo 66, y adición de los artículos 66 bis y 66 ter a la Ley N.º 9036".
Expediente 25.817 "Reforma de la Ley N.º 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del 15 de noviembre de 1999".
Expediente 25.821 "Reforma a la Ley de instalación de estacionómetros, Ley N.º 3580, para garantizar horarios razonables y protección del comercio local".
Expediente 25.822 "Ley marco para el establecimiento de programas extraordinarios de regularización tributaria municipal".
Expediente 25.835 "Ley para el fortalecimiento de los servicios veterinarios oficiales de Costa Rica".
Expediente 25.841 "Reforma del artículo 214 bis de la Ley 4573, Código Penal, de 04 de mayo de 1970".
Expediente 25.842 "Ley para prohibir, prevenir, identificar y sancionar la violencia y el acoso laboral en el sector público y privado".
Expediente 25.843 "Ley de creación del Sistema Nacional de Empleo".
Expediente 25.906 "Reforma de los artículos 10, 11, 33, 59 inciso c), 61, 64 y 66 de la Ley N.º 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR), de 24 de mayo de 2016, y sus reformas".
Expediente 25.844 "Ley de reforma de la Ley de Tránsito para prevenir y sancionar conductas específicas de intimidación vial".
Expediente 25.851 "Derogatoria de la Ley de creación del Distrito Cívico del Bicentenario de la República de Costa Rica".
Expediente 25.860 "Ley de reforma al Código Penal para agravar las sanciones por el ocultamiento intencional de la identidad en manifestaciones públicas".
Expediente 25.861 "Ley para establecer plazos para la rendición de dictámenes de las comisiones municipales: reforma de los artículos 34 y 44, y adición de un artículo 49 bis al Código Municipal, Ley N.º 7794 del 30 de abril de 1998".
Expediente 25.863 "Reforma del Código de Trabajo y de la Ley de Asociaciones Solidaristas para prohibir el auxilio de cesantía a altos jerarcas y prevención de conflictos de interés en la administración de fondos públicos".
Expediente 25.864 "Ley de vivienda digna para las familias de la Ciudadela IMAS en Varablanca, Heredia".
Expediente 25.865 "Interpretación auténtica del artículo 19 de la Ley N.º 7044, Ley de creación de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), de 29 de setiembre de 1986, reformado por la Ley N.º 8120, de 3 de agosto de 2001".
Expediente 25.866 "Interpretación auténtica del transitorio III de la Ley N.º 4558 de urbanización turística de la zona marítimo terrestre".
Expediente 25.876 "Ley para la protección integral de la niñez y la adolescencia frente a las nuevas formas de violencia digital y para el agravamiento de las penas por delitos cometidos en su perjuicio".
Expediente 25.896 "Reforma al artículo 2 de la Ley N.º 7559, de 9 de noviembre de 1995, denominada 'Servicio social obligatorio para profesionales en ciencias de la salud'".
Por otro lado, se retiraron de la agenda de sesiones extraordinarias estos proyectos:
Expediente 25.493 "Reforma del artículo 13.7 de la Ley N° 9957, Ley Concursal de Costa Rica, de 14 de abril de 2021".
Expediente 25.542 "Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y el Estado de Israel suscrito en Jerusalén, Israel, el día ocho del mes de diciembre del año dos mil veinticinco".
Expediente 25.755 "Reforma de los artículos 4, 16, 18, 29, 30, 33 y 35 de la Ley N° 10495, Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público, y reforma de leyes conexas, para fortalecer la transparencia y la gestión eficiente de la liquidez pública".
Expediente 23.898 "Ley para la reivindicación de los derechos de los pobladores y desafectación de la zona de alta intervención de la zona protectora Tivives".
Expediente 24.945 "Aprobación del contrato de financiamiento N° 9745-CR 'Préstamo de política de desarrollo para la gestión del riesgo social en Costa Rica con una opción de desembolso diferido' suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y la República de Costa Rica".
