El proyecto busca crear un marco general de prevención, atención y coordinación institucional frente a distintas formas de violencia digital contra personas menores de edad, aumentar generalmente en un año los mínimos y máximos de varias penas por grooming, corrupción y pornografía infantil, crear el delito de sextorsión contra menores con penas de cuatro a ocho años —o de seis a diez en supuestos agravados— y aumentar la pena por suplantar digitalmente la identidad de una persona menor de edad; aunque define también doxxing, deepfakes, difusión digital de violencia e incitación a conductas peligrosas, no crea delitos autónomos para esas conductas ni obligaciones específicas para las plataformas digitales, y tampoco establece una agravante general para todos los delitos cometidos contra menores.