El proyecto busca agravar tres conductas ya sancionadas cuando ocurran durante una manifestación o reunión pública y la persona se cubra deliberadamente el rostro para ocultar su identidad: convierte el daño a bienes en daño agravado con pena de seis meses a cuatro años y aumenta en una tercera parte las sanciones por obstrucción de la vía pública y por escribir, dibujar o colocar papeles o carteles en bienes sin autorización; no prohíbe por sí solo utilizar capuchas, máscaras o pañuelos, no crea un delito autónomo por ocultar la identidad y no agrava cualquier ilícito cometido durante una protesta. La iniciativa retoma las propuestas de los expedientes 21.779 y 24.695.