El proyecto busca crear para los sectores público y privado un régimen general que diferencie la violencia laboral —que puede configurarse con un solo hecho— del acoso laboral reiterado, extienda la protección a trabajadores, pasantes, voluntarios, postulantes y otras personas vinculadas con el mundo del trabajo, obligue a empleadores e instituciones a prevenir riesgos psicosociales y tramitar denuncias, establezca medidas cautelares, fueros y sanciones hasta el despido o la inhabilitación y permita acudir directamente a la vía judicial.