El proyecto busca modificar el Código de Trabajo para obligar a sindicatos, federaciones y confederaciones a someter cada cinco años a voto secreto de sus asambleas generales el régimen de reelección de sus juntas directivas —mediante cuatro opciones y un sistema obligatorio de dos rondas— y los límites de sus gastos de representación, además de exigir una primera revisión dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia; aunque la exposición presenta la medida como un fortalecimiento de la autonomía sindical, el articulado fija directamente por ley la periodicidad, las alternativas y el procedimiento mediante el cual las organizaciones deberán adoptar esas decisiones, y no identifica un expediente legislativo anterior como antecedente directo.