El proyecto busca mantener la potestad municipal para regular y cobrar el estacionamiento en vía pública, pero obliga a que toda creación o ampliación de zonas, tarifas y horarios responda a estudios técnicos, criterios de razonabilidad y proporcionalidad y a la consideración del impacto comercial, además cambia la tarifa para permitir cobros de entre 50% y 75% del valor de estacionamientos privados; el articulado no establece un horario máximo ni crea obligaciones de seguridad patrimonial para las municipalidades.