El proyecto busca ampliar y dar respaldo legal expreso al modelo ya utilizado por Senasa para que personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, ejecuten bajo su rectoría, supervisión y auditoría servicios y actividades oficiales de naturaleza técnica sin recibir la titularidad de la competencia pública, y establece además que esos terceros cobren directamente a los usuarios, negocien con ellos el precio y las condiciones de pago y conserven los ingresos obtenidos, mientras Senasa mantiene el principio de servicio al costo únicamente para los servicios que presta directamente; la reforma no enumera de manera cerrada cuáles actividades podrán oficializarse ni incorpora expresamente el régimen de revocación que la propia exposición identifica como parte de los estándares de la OMSA.