El proyecto busca eliminar para todas las personas comprendidas en el artículo 683 del Código de Trabajo (jerarcas de los supremos poderes, de la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Procuraduría General de la República, a las presidencias ejecutivas, gerencias e integrantes de juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas) la excepción que actualmente permite a los cargos no electos recibir cesantía con recursos públicos cuando se jubilan, pensionan o fallecen en el cargo con derecho jubilatorio, además prohibe nuevos aportes patronales públicos a fondos solidaristas de cesantía para todos los cargos comprendidos en el artículo 683 del Código de Trabajo. La medida rige hacia el futuro y conserva derechos y aportes ya adquiridos.